Las reformas, aprobabas por el Senado y los diputados en abril de este año, significan un paso trascendental en asegurar la protección constitucional de los derechos humanos; ellas significan que todas las personas en México tienen derecho a recurrir a los derechos reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos y las autoridades, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial, están obligadas a cumplirlos.
