El 7 de junio, Julio César Rosero, abogado que representa a la familia de una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, recibió un mensaje de correo electrónico en el que le decían que él y otros serían asesinados si se condenaba por el homicidio a unos miembros de las fuerzas armadas.
