Cientos de defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo detenidos, acusados y procesados por ejercer pacíficamente sus derechos humanos y participar en manifestaciones pidiendo reformas. Las autoridades siguen aplicando severas condiciones para la libertad bajo fianza que restringen excesivamente el derecho de quienes protestan a la libertad de reunión pacífica. La creciente tendencia de la policía a utilizar una fuerza excesiva e indiscriminada durante las protestas despierta graves temores por la seguridad de los manifestantes.
