El 17 de diciembre de 2021, las autoridades peruanas informaron a Amnistía Internacional de que se había concedido la Calidad Migratoria Humanitaria a 4.244 niños, niñas y adolescentes, con lo que se ponía fin a una práctica arbitraria condenada meses antes por varias organizaciones, que consistía en negarles esta calidad migratoria, y por tanto el acceso a derechos fundamentales como la educación y la salud.
