El Congreso mexicano podría aprobar en las próximas semanas una reforma constitucional que obligaría a los jueces a ordenar la prisión preventiva en casos relativos a una amplia serie de delitos. Esta reforma, en contra de lo establecido por el derecho internacional, no dispone que los jueces puedan renunciar a imponer la privación de libertad o evaluar cualquier prueba antes de determinar si dicha medida es adecuada.
