Frente a la Disolución de la Asamblea Nacional el día 17 de mayo por parte del presidente de la República de Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo 741, (un acto conocido comúnmente como “Muerte Cruzada”), Amnistía Internacional recuerda que, en un contexto inédito para el país, que podría implicar movilizaciones sociales, las autoridades deben, más que nunca, cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
