Un total de 13 activistas de derechos humanos y del derecho a la salud, incluidas dos personas sudafricanas y una ugandesa, han quedado en libertad después de que el tribunal determinara que no había suficientes pruebas contra ellos. Las 13 detenciones se practicaron durante una reunión consultiva para debatir la decisión del gobierno tanzano de limitar la provisión de determinados servicios de salud que prestaba anteriormente.
