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Violencia contra la mujer

Un folletto de la organización no gubernamental ANNA
Un folletto de la organización no gubernamental ANNA, dedicada a la eliminación de la violencia doméstica en Rusia.
© Centro ANNA

En febrero del 2002 el centro Syostri («Hermanas»), un centro moscovita de ayuda a la mujer en casos de crisis, recibió una llamada desesperada de los vecinos de una mujer. Los vecinos habían llamado a la policía para tratar de parar una pelea entre la mujer y su violento esposo, pero la policía se había negado al parecer a acudir. El centro Syostri se puso en contacto con la policía, que siguió negándose a intervenir diciendo que era un asunto de familia y que nadie estaba infringiendo ninguna ley.

Los hombres que golpean o violan a sus esposas o cometen otros actos de violencia doméstica rara vez corren peligro de ser procesados en la Federación Rusa. Una de las razones para ello es que la ley no reconoce la violencia doméstica como un delito específico, y ni siquiera permite que sus funcionarios den a estos hombres una advertencia mediante una pena administrativa o una multa.

La inacción del Estado a la hora de tomar medidas para proteger a las mujeres contra el abuso sexual y la violencia doméstica y procesar a los perpetradores es una cuestión particularmente grave en vista de la creciente violencia doméstica que se ha observado en Rusia en los últimos años.

Las propiass autoridades rusas reconocen cuán extendida está la violencia doméstica en el país: a principios del año 2002 calculaban que unas 14.000 mujeres morían cada año a manos de sus esposos u otros familiares. Sin embargo apenas han hecho nada para resolver esta situación. Ya son casi 50 las versiones de una propuesta de ley nacional para abordar la cuestión de la violencia doméstica que no han conseguido progresar en el parlamento.

Exigir cuentas a las autoridades por los abusos que cometen los agentes no estatales es de vital importancia en la lucha para proteger y defender los derechos humanos de las mujeres, los niños, las minorías raciales y otros grupos discriminados, como los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Cada día, la discriminación se revela en la violencia, ya sea sexual o de otro tipo en el hogar, o en las instituciones del Estado, en la trata de mujeres y niños, o en los ataques racistas. La discriminación institucionalizada en los organismos que participan en la administración de la justicia conduce a veces a que las víctimas no reciban protección y apoyo de las autoridades ni, menos aún, justicia.

Las mujeres sufren también violencia a manos de agentes del Estado. Se reciben con regularidad informes de tortura y malos tratos infligidos a mujeres en las comisarías de policía y las prisiones rusas, y en el conflicto armado de Chechenia las mujeres continúan sufriendo gran variedad de abusos. En la abrumadora mayoría de los casos, los autores no reciben castigo alguno.

En abril y mayo del 2002, un grupo de parlamentarios presentó una propuesta de enmienda del Código Penal ruso para tipificar como delito la homosexualidad masculina y el lesbianismo. A mediados de año no se había llevado a cabo la votación en el parlamento. Institucionalizar la discriminación puede ser como una incitación oficial a cometer violencia contra gays y lesbianas en la comunidad en general, ya sea bajo custodia, en la calle o en el hogar.

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