11 février 2009
20 después, sigue sin investigarse la muerte de Patrick Finucane

Patrick Finucane, destacado abogado criminalista y defensor de los derechos humanos fue abatido a disparos delante de su esposa y sus tres hijos en su domicilio, en Belfast, Irlanda del Norte, el 12 de febrero de 1989. Patrick Finucane, abogado asesinado en Belfast en 1989

Veinte años después, el gobierno británico sigue sin cumplir sus promesas de abrir una investigación verdaderamente independiente y pública sobre todas las circunstancias que rodean la muerte de Patrick Finucane, lo que incluye investigar las pruebas fehacientes de que agentes estatales británicos actuaron con connivencia en el homicidio.

El bufete de Patrick Finucane era uno de los despachos criminalistas más importantes de Irlanda del Norte en la década de 1980, que defendía a las personas detenidas o acusadas en aplicación de la legislación de excepción. Jugó un papel decisivo en la argumentación en contra de prácticas que violaban las normas internacionales de derechos humanos.

Tras su muerte, comenzaron a surgir pruebas de peso y convincentes de que ésta se había producido en el contexto de una connivencia generalizada entre el Estado y ciertos grupos armados. Desde entonces han aparecido más pruebas que apuntan claramente a que ciertos organismos estatales podrían haber desempeñado un papel en el intento de encubrir la connivencia del Estado en el asesinato.

Desde que Patrick Finucane fue asesinado, su familia viene haciendo campaña para que se abra una investigación pública realmente independiente sobre las circunstancias de su muerte.

En julio de 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las actuaciones seguidas tras la muerte de Patrick Finucane no ofrecieron una investigación inmediata y efectiva sobre las acusaciones de connivencia de personal de seguridad y que, en este caso, se había producido una violación del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida.

Kenneth Barrett, ex paramilitar unionista, fue declarado culpable en 2003 del asesinato de Patrick Finucane. Dado que se declaró culpable de 12 delitos, incluido el del asesinato de Patrick Finucane, en el juicio no se reveló ninguna información significativa sobre la connivencia del Estado en el asesinato ni sobre el presunto encubrimiento oficial posterior.

También en 2003, Sir John Stevens, alto cargo policial del Reino Unido que realizó tres investigaciones sobre acusaciones de connivencia de las fuerzas de seguridad con paramilitares unionistas en Irlanda del Norte, confirmó que sus investigaciones habían revelado pruebas de “connivencia, del no mantenimiento deliberado de registros, de la ausencia de rendición de cuentas, de la ocultación de información y de pruebas y del extremo de agentes implicados en el asesinato.”

Sin embargo, las conclusiones completas de las investigaciones realizadas por John Stevens se han mantenido en secreto, no sólo para el público sino también para la familia Finucane y sus abogados.

En septiembre de 2004, el entonces secretario de Estado para Irlanda del Norte, el parlamentario Paul Murphy, anunció que “debían adoptarse medidas para permitir la apertura de una investigación sobre la muerte de Patrick Finucane”.

El gobierno del Reino Unido sigue insistiendo en que sólo se puede abrir una investigación sobre este caso en aplicación de una ley –la Ley de Comisiones de Investigación de 2005 – que agota de hecho las oportunidades de que se realice una investigación realmente independiente y efectiva. En julio de 2008, el Comité de Derechos Humanos, órgano experto de la ONU, expresó su preocupación por esta ley, porque permite al ministro del gobierno que abre una investigación el control de aspectos importantes de dicha investigación. El ministro que abra una investigación en aplicación de la Ley de 2005 podría, por ejemplo, ordenar que se excluya al público de parte de las vistas, así como que no se revelen ciertas partes del informe final que se haga público.

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