Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde
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Communiqués de presse

13 janvier 2009

Tailandia: Hay que acabar con la tortura sistemática de las operaciones de contrainsurgencia en el sur del país

Las fuerzas de seguridad tailandesas, inmersas en una campaña de contrainsurgencia en las provincias del sur del país sacudidas por la violencia, participan sistemáticamente en actos de tortura y otros malos tratos, según revela Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy, 13 de enero de 2009. La organización pide al Real Gobierno Tailandés que adopte de inmediato medidas enérgicas en relación con tales prácticas y garantice que las fuerzas de seguridad rinden cuentas de los actos de tortura en los que hayan participado.

El informe, titulado Thailand: Torture in the southern counter-insurgency, documenta los casos de personas que han sufrido palizas brutales, quemaduras con velas, enterramientos en tierra hasta el cuello, descargas eléctricas y exposición a condiciones de calor o frío intenso. Personas que habían sobrevivido a torturas contaron a Amnistía Internacional que las técnicas más comunes que habían padecido eran las palizas, las patadas o pisotones y la semiasfixia con bolsas de plástico en la cabeza. Amnistía Internacional estableció que al menos cuatro personas habían muerto como consecuencia de las torturas sufridas.

“Los grupos insurgentes del sur de Tailandia han cometido actos brutales, pero nada justifica el uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad. La tortura es absolutamente ilegal y, como demuestra la situación en el sur de Tailandia,  provoca el rechazo de la población local”, ha manifestado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. 

El trabajo de investigación de Amnistía Internacional en las provincias meridionales de Narathiwat, Pattani, Songkhla y Yala determinó que las fuerzas de seguridad tailandesas han recurrido sistemáticamente a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes en sus intentos de obtener información, de conseguir confesiones que compensaran un defectuoso sistema de obtención de información y pruebas, y de intimidar a las personas detenidas y a sus comunidades para que no proclamasen o retirasen su apoyo al movimiento insurgente.

La incidencia de la tortura en Tailandia ha disminuido levemente desde que, en marzo de 2008, un detenido murió bajo custodia probablemente a causa de tortura y su caso tuvo gran resonancia. Pero la tortura y otros malos tratos, así como la ausencia de rendición de cuentas por parte de los torturadores, siguen siendo tan frecuentes y generalizados –tanto geográficamente como entre las distintas fuerzas de seguridad– que no es posible restarles importancia como si fueran obra de unos pocos subordinados indisciplinados en casos aislados.

“Muchas de las personas que nos contaron su terrible experiencia, y que siguen traumatizadas por ella, lo hicieron para impedir que les suceda lo mismo a otros –ha afirmado Donna Guest–. El gobierno debe poner fin a la tortura y llevar a los torturadores ante la justicia.”

La investigación plasmada en el informe se centra en casos documentados entre marzo de 2007 y mayo de 2008. Amnistía Internacional recibió numerosos informes de tortura y malos tratos en el campo militar de Ingkharayuthboriharn, en la provincia de Pattani, lo que indicaba que las autoridades tailandesas debían prestar especial atención a erradicar las prácticas abusivas desde la misma base. La organización recibió también información verosímil sobre centros de detención no oficiales en los que a menudo los detenidos no tenían acceso al mundo exterior, por lo que estaban especialmente expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.

Amnistía Internacional solicita a las autoridades tailandesas que cierren de inmediato todos los centros de detención no oficiales. Además, les pide que modifiquen el decreto de emergencia de 2005, que establece gran parte del marco legal para las operaciones de contrainsurgencia, para que las personas detenidas puedan tener acceso a familiares, representación letrada y asistencia médica, y para levantar la inmunidad de los funcionarios que han violado derechos humanos en el desempeño de sus funciones oficiales.

Información complementaria

La violencia en el sur de Tailandia es un reflejo de la privación del derecho a la representación que sufre desde hace mucho tiempo la población de la zona, que es mayoritariamente de etnia y lengua malayas y de religión musulmana.

El 4 de enero de 2004, insurgentes musulmanes asaltaron un depósito del ejército en la provincia de Narathiwat, robaron cientos de armas y mataron a cuatro soldados, hecho que marcó la reanudación de la violencia después de varios años de inactividad. Cuando se adentra en su sexto año, esta nueva etapa de violencia y contrainsurgencia se ha caracterizado por abusos contra los derechos humanos cometidos por ambas partes de manera generalizada y creciente. La violencia actual ha causado 3.500 muertes hasta la fecha, y cada año aumenta el número total, al menos desde 2007. En marzo de 2008, estadísticas oficiales revelaron que el 66 por ciento de las víctimas de homicidio en el sur del país desde 2004 eran civiles. Algo más de la mitad eran musulmanes.

Desde 2005, los grupos insurgentes de la zona han cometido graves abusos contra los derechos humanos, como bombardeos de zonas civiles, decapitaciones y tiroteos desde vehículos en marcha contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad tanto budistas como musulmanes, incluidos funcionarios locales de quienes se sospechaba que colaboraban con el gobierno. Los insurgentes han dirigido sus ataques contra docentes y escuelas estatales, y han intentado asustar a la población budista para que abandone la zona.

En noviembre de 2007, el Real Gobierno Tailandés ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Según una interpretación autorizada de la Convención, “la tortura puede revestir un carácter sistemático sin que eso se deba a la intención directa de un gobierno. Puede ser consecuencia de factores que al Gobierno le puede resultar difícil controlar y su existencia puede indicar un desfase entre la política concreta del Gobierno central y su aplicación por la administración local. Una legislación insuficiente que en la práctica permite la posibilidad de recurrir a la tortura también puede contribuir al carácter sistemático de esta práctica”.

Tailandia no ha promulgado legislación que penalice expresamente la tortura o que aplique las disposiciones de la Convención que aún no abarca la legislación tailandesa existente. De hecho, el decreto de emergencia de 2005 vigente en las provincias del sur proporciona impunidad a los funcionarios que vulneran la legislación “si han actuado de buena fe”. Esta disposición favorece en la práctica que la tortura no se detecte ni se castigue.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, se ha practicado tortura en los siguientes lugares: en la provincia de Narathiwat: campo de Pi-Leng, campo 39 de la Fuerza Especial de Operaciones de Wat Suan Tham (hasta mediados de 2008), base militar de Chulaporn, campo militar de Ba Ngo Aor, comisaría de distrito de Rueso; en la provincia de Pattani: campo militar del Batallón 24 de Wat Changhai, campo militar de Plakalu Song, campo militar de Banglan, Centro de Coordinación de la Policía, campo militar de Wat Lak Muang, comisaría de policía de Nong Chik; en la provincia de Yala: Academia de Policía de la Región Novena, Chor Kor/Fuerza Especial de Operaciones 11, campo de fuerzas paramilitares de Banglang, campo 39 de la Fuerza Especial de Operaciones (desde mediados de 2008), Regimiento 41 de las fuerzas paramilitares; en la provincia de Songkhla: campo de Rattanapon, Unidad 43 de las Fuerzas Especiales; en la provincia de Chumporn: campo militar de Ket-udomsak; en la provincia de Ranong: campo militar de Rattana-Rangsang; y en la provincia de Surattani: campo militar de Wipawadee-Rangsit.  

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