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Las fuerzas de seguridad tailandesas torturan sistemáticamente en operaciones de contrainsurgencia en el sur del país

 Soldados tailandeses patrullan en camioneta en la provincia meridional de Yala.

Soldados tailandeses patrullan en camioneta en la provincia meridional de Yala.

© AP GraphicsBank


13 janvier 2009

Según revela un nuevo informe de Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad tailandesas en las provincias del sur del país participan sistemáticamente en actos de tortura y otros malos tratos.  

En el informe, publicado hoy bajo el título Thailand: Torture in the southern counter-insurgency, se afirma que hay personas que han sufrido palizas brutales, quemaduras con velas, enterramientos en tierra hasta el cuello, descargas eléctricas y exposición a condiciones de calor o frío intenso. Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos cuatro personas muertas como consecuencia de la tortura.

Las fuerzas de seguridad han cometido estos abusos durante la campaña de contrainsurgencia que están llevando a cabo en las provincias de Narathiwat, Pattani, Songkhla y Yala, sacudidas por la violencia.

“Los grupos insurgentes del sur de Tailandia han cometido actos brutales, pero nada justifica el uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad. La tortura es absolutamente ilegal y, como demuestra la situación en el sur de Tailandia, provoca el rechazo de la población local”, ha manifestado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.  

La incidencia de la tortura en Tailandia ha disminuido levemente desde que, en marzo de 2008, un detenido murió bajo custodia probablemente como consecuencia de la tortura y su caso tuvo gran resonancia. Pero la tortura y otros malos tratos, así como la ausencia de rendición de cuentas por parte de los torturadores, siguen siendo tan frecuentes y generalizados que no es posible restarles importancia como si fueran obra de unos pocos subordinados indisciplinados en casos aislados.

Amnistía Internacional se puso en contacto con el nuevo gobierno del primer ministro  Abhisit Vejjajiva para que se actúe de inmediato contra la tortura y se rindan cuentas ante las víctimas. Hace poco, el primer ministro prometió que se impartiría justicia para poner remedio a la insurgencia que se viene gestando desde hace tiempo en las provincias meridionales del país.

La violencia en el sur de Tailandia es un reflejo de la privación del derecho a la representación que sufre desde hace mucho tiempo la población de la zona, mayoritariamente de etnia y lengua malayas y de religión musulmana.

Desde que se fijó la frontera meridional de Tailandia con Malaisia a principios de la década de 1900, la rebelión y la insurgencia han ganado terreno en la región que es, relativamente, una de las más pobres y menos desarrolladas de Tailandia. Desde hace tiempo, la población de esta zona no ve con buenos ojos los intentos de asimilación a la mayoría budista, llevados a cabo por el gobierno central tailandés. La pujanza de ideologías religiosas extremistas en la región también ha fomentado la aparición de los grupos insurgentes que hoy operan en la zona.

Tras varios años de inactividad, la violencia se recrudeció cuando, el 4 de enero de 2004, un grupo de insurgentes musulmanes asaltó un depósito del ejército en la provincia de Narathiwat, robó cientos de armas y mató a cuatro soldados. La violencia actual ha causado 3.500 muertes hasta la fecha.

En marzo de 2008, las estadísticas oficiales revelaron que el 66 por ciento de las víctimas de homicidio en el sur del país desde 2004 eran civiles. Algo más de la mitad eran musulmanes.

El informe de Amnistía Internacional se centra en incidentes ocurridos entre marzo de 2007 y mayo de 2008. La organización recogió testimonios sobre el trato recibido bajo custodia por al menos 34 personas y entrevistó directamente a 13 sobrevivientes de tortura, al igual que a familiares y testigos de la tortura y los malos tratos infligidos a otras personas.

Las personas que habían sobrevivido a torturas contaron a Amnistía Internacional que las técnicas más comunes que habían padecido eran las palizas, las patadas o pisotones y la semiasfixia con bolsas de plástico en la cabeza.

Las fuerzas de seguridad tailandesas han recurrido sistemáticamente a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes en sus intentos de:

  • obtener información;
  • conseguir confesiones que compensaran un defectuoso sistema de obtención de información y pruebas; e
  • intimidar a las personas detenidas y a sus comunidades para que no proclamen o para que retiren su apoyo al movimiento insurgente.

Amnistía Internacional recibió numerosos informes de tortura y malos tratos en el campo militar de Ingkharayuthboriharn, en la provincia de Pattani, lo que indica que las autoridades tailandesas deben prestar especial atención para erradicar las prácticas abusivas desde la misma base.

La organización recibió también información verosímil sobre centros de detención no oficiales en los que a menudo los detenidos no tenían acceso al mundo exterior, por lo que estaban especialmente expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.

Autoridades de seguridad tailandesas reconocen oficialmente que existen dos centros de detención para sospechosos de insurgencia, pero la información recibida indica que se están utilizando al menos otros 21 centros de detención no oficiales.

Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades tailandesas que cierren de inmediato todos los centros de detención no oficiales. Además, les ha pedido que modifiquen el decreto de emergencia de 2005, emitido en la etapa del primer ministro Thaksin Shinawatra, que establece gran parte del marco legal para las operaciones de contrainsurgencia.

Estas enmiendas permitirían a las personas detenidas el acceso a familiares, representación letrada y asistencia médica, y retirar la inmunidad a los funcionarios que violan los derechos humanos en el desempeño de sus funciones oficiales.