Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

21 novembre 2008

La Constitución de Bolivia: conflicto civil y avances sociales

La Constitución de Bolivia: conflicto civil y avances sociales

El pueblo boliviano votará una nueva Constitución el 25 de enero de 2009. De aprobarse, la nueva Constitución supondrá para el país la mejora más significativa en los derechos económicos, sociales y culturales que se ha vivido en decenas de años.

Durante los últimos años, Bolivia ha vivido continuos levantamientos de los sectores pobres y excluidos del país, especialmente en 2000, con la oposición a la privatización del agua, y en 2003, con las protestas contra la exportación del gas producido por Bolivia. Los bloqueos de carreteras y las movilizaciones masivas, que a menudo se volvieron violentas al enfrentarse las fuerzas armadas bolivianas con los manifestantes, provocaron cambios en la clase dirigente del país y en los planes del gobierno.

Posteriormente, en 2005, Evo Morales fue elegido presidente. La población indígena de Bolivia no adquirió el derecho a voto hasta 1952 y la elección de Morales –de origen aymara– cambió el equilibrio de poder en el país.

Evo Morales fue elegido presidente en calidad de dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), que había participado en las recientes protestas. También era el primer indígena que se convertía en jefe del Estado de Bolivia desde la llegada de los españoles, hace más de cuatro siglos, a pesar de que la población indígena es mayoritaria en el país.

La elección de Morales avivó las esperanzas y aspiraciones de muchas de las mismas personas pobres y excluidas que habían bloqueado las carreteras en torno a La Paz durante años.

El proyecto de Constitución incluye el derecho al agua, a la seguridad alimentaria, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios básicos, a un salario justo, a la huelga y a formar un sindicato. Es innovadora en diversas áreas clave, especialmente porque supone el reconocimiento de la población indígena de Bolivia, la naturaleza “plurinacional” del Estado y la afirmación de los derechos colectivos, otorga un mayor peso al papel del Estado en las políticas económicas y da prioridad al interés colectivo frente a los intereses privados.

Si se aprueba, la Constitución propuesta prohibiría la privatización del agua o su inclusión en acuerdos comerciales. También prohibiría el control privado y con fines lucrativos de los servicios básicos, las empresas energéticas y la seguridad social.

En septiembre de este año estalló el conflicto en las calles como respuesta a los planes del gobierno. Las reacciones de los grupos de oposición demostraron lo arraigados que están en racismo y la discriminación en la sociedad boliviana. La elección de Morales y su gobierno supone el empoderamiento de los sectores de la sociedad boliviana tradicionalmente marginados, lo que ha desencadenado una hostil oposición por parte de la élite empresarial y de poderosas familias latifundistas, que temen perder los privilegios ostentados durante tanto tiempo.

En septiembre, civiles vinculados a algunas autoridades regionales opuestas al presidente Morales bloquearon carreteras y tomaron por la fuerza aeropuertos y delegaciones locales de oficinas estatales. También atacaron medios de comunicación y oficinas de diversas ONG que trabajan con comunidades indígenas y campesinas.

El 9 de septiembre de 2008, en la ciudad oriental de Santa cruz, estudiantes universitarios y miembros de la opositora Unión Juvenil Cruceñista tomaron y saquearon delegaciones locales de oficinas gubernamentales, como la delegación del Instituto de Reforma Agraria, y dos medios de comunicación. A lo largo de tres días también fueron atacadas tres ONG que promueven los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Se irrumpió en sus oficinas, se destruyó material y mobiliario y se quemó documentación.

Una de las ONG, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), trabaja para garantizar los derechos a la tierra de indígenas y campesinos.

Leonardo Tamburini, director del CEJIS, manifestó con respecto al ataque: “Llegaron en tres vehículos 4x4, aproximadamente unas 50 personas, jóvenes, vándalos, en estado de ebriedad algunos. Arremetieron con uno de los vehículos contra el portón, que lo derribó. Entraron, saquearon toda la documentación que había en la institución, la incenciaron. Rompieron todos los vidrios de prácticamente todas las oficinas, rompieron escritorios, rompieron vitrinas. Sacaron muchos libros; un tercio más o menos de nuestra biblioteca de varios miles de volúmenes. Los pusieron en la calle, los prendieron fuego. Varias de las piras de documentación que retrataban la historia de CEJIS, la historia del acompañamiento de los procesos de titulación de tierras, del acompañamiento a la Asamblea Constituyente, bueno y de la historia anterior, de los los 30 años del CEJIS, fue sustraída y quemada”.

Estos ataques son los más recientes en la escalada de violencia que se ha vivido en Bolivia en los últimos años. El 11 de septiembre, al menos 18 personas –en su mayoría indígenas y campesinos, además de tres estudiantes– fueron víctimas de homicidio cuando un grupo sufrió una emboscada en el departamento septentrional de Pando. Según testigos presenciales, los atacantes llegaron en vehículos oficiales pertenecientes a autoridades de la oposición.

La Oficina del Defensor del Pueblo, que llevó a cabo una investigación inicial sobre los hechos, afirmó que las muertes eran consecuencia de una masacre planificada.

El gobierno boliviano ha hecho reiterados llamamientos al diálogo. Sin embargo, ha tenido que producirse la reciente escalada de violencia y la indignación suscitada dentro y fuera de Bolivia (como en la UE y en la recién creada Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR) para que las negociaciones formales entre la oposición partidaria de las autonomías y el gobierno hayan derivado en un acuerdo sobre el texto de la Constitución.

Entre las principales cuestiones a debatir se incluían los ingresos procedentes de los impuestos sobre el gas y el petróleo, la autonomía de los departamentos, la propiedad de las tierras y la designación de representantes en el Congreso Nacional. Tras un mes de diálogo, el Congreso llegó a una decisión final el 21 de octubre; se decidió que la nueva Constitución propuesta se votaría en un referéndum que se celebrará el 25 de enero de 2009.


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