Ruanda - Informe 2008 Amnistia Internacional

La situation des droits humains : República de Ruanda

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado : Paul Kagame
Jefe del gobierno : Bernard Makuza
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 9,4 millones
Esperanza de vida : 45,2 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 204/178 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 64,9 por ciento

Ruanda abolió la pena de muerte en 2007. Seguía restringiéndose la libertad de expresión, asociación y circulación. Los servicios de seguridad participaron en violaciones de derechos humanos, entre ellas uso excesivo de la fuerza y tortura. Seguían sin cumplirse las normas de justicia procesal, en especial en los tribunales comunitarios del sistema gacaca, cuyas facultades para enjuiciar a genocidas se ampliaron durante el año. Continuaron las tensiones entre distintos grupos étnicos de Ruanda y en el seno de ellos.

Uso excesivo de la fuerza,tortura y otros malos tratos

Según informes, las fuerzas de seguridad, y en particular la policía y las Fuerzas de Defensa Local, hicieron uso excesivo e ilegítimo de la fuerza al detener a sospechosos. Las Fuerzas de Defensa Local eran una fuerza armada civil que trabajaba junto con la policía nacional.

  • En mayo se difundió la noticia de que François Rukeba, recientemente extraditado de Uganda a Ruanda, había sido torturado. Según los informes, las fuerzas de seguridad ruandesas lo habían sometido a brutales palizas durante los primeros días de su detención.

En noviembre se informó de que el gobierno plantearía en breve en el Parlamento la ratificación de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Libertad de expresión

Libertad de prensa

Según la organización Freedom House, con sede en Estados Unidos, en 2007 Ruanda ocupaba el puesto 181 entre un total de 195 países en lo relativo al respeto a la libertad de prensa.

Los periodistas, y en especial los que trabajaban para medios de comunicación privados, siguieron sufriendo hostigamiento, amenazas, intimidación y ataques violentos, y las autoridades no protegieron ni defendieron sus derechos.

  • El 9 de febrero, en Kigali, la capital, tres hombres no identificados agredieron con barras de hierro a Jean Bosco Gasasira, director del periódico Umuvigizi. Jean Bosco Gasasira fue trasladado urgentemente al hospital, donde permaneció varios días en cuidados intensivos. Había publicado una serie de artículos en Umuvigizi en los que criticaba al partido del gobierno, el Frente Patriótico Ruandés. En uno de ellos lo acusaba de nepotismo.
  • Asimismo, según informes, el 9 de febrero se emitieron en Radio Ruanda, emisora controlada por el gobierno, declaraciones del director de la propia Radio Ruanda y del presidente del Alto Consejo de la Prensa en las que ambos amenazaban al periódico independiente Umuco. Tras acusarlo de fomentar el odio étnico, lo comparaban con el desaparecido rotativo Kangura, que incitó al odio contra las personas de etnia tutsi antes del genocidio de 1994 y durante su transcurso. Tras esta emisión, Bonaventure Bizumureymi, director de Umuco, recibió llamadas telefónicas de amenaza.

Algunas personas seguían temiendo a la prensa, ya que ésta fue fundamental a la hora de atizar el genocidio de 1994. En 2007, el gobierno siguió tratando de silenciar a los periodistas críticos con las autoridades mediante acusaciones de incitación al odio étnico.

  • En septiembre, cuatro ministros del gobierno, entre ellos los de Interior e Información, y dos miembros de las fuerzas de seguridad amenazaron a los periodistas independientes, durante un programa emitido por Radio Ruanda y por la televisión ruandesa (TVR), para que dejaran de criticar al gobierno. Al parecer, el ministro del Interior afirmó que la policía debería detener a todos los periodistas que publicaran un documento oficial filtrado, y que debían dejarlos en prisión hasta que revelaran sus fuentes. Además, se calificó a esos periodistas de «enemigos» del país. Se atacó en especial a los del periódico Umuseso.

El gobierno recurrió cada vez más a la legislación penal y a las sanciones para acallar la libre expresión de opiniones. Dos proyectos de ley que el Parlamento estaba estudiando al concluir 2007, uno relacionado con la Ley de Prensa y otro con el Código Penal, contenían disposiciones que restringirían de forma indebida la libertad de expresión.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades vigilaban estrechamente el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

  • En febrero, Idesbald Byabuze Katabaruka, profesor congoleño de derecho, fue detenido y acusado de «amenazar la seguridad del Estado» y de «discriminación y sectarismo». Se encontraba en Kigali para impartir un curso de derecho en la universidad. La fiscalía presentó cargos en relación con varios documentos públicos que, al parecer, había escrito o en los que había colaborado. Uno de ellos era un artículo que llevaba por título «Alerte Rwanda» («Alerta en Ruanda»), y que era muy crítico con el Frente Patriótico Ruandés. Aproximadamente un mes más tarde, gracias a la presión internacional, se retiraron los cargos en su contra y fue liberado de la prisión central de Kigali.

Pena de muerte

En julio, Ruanda abolió la pena de muerte, y se convirtió así en el primer país de la región de los Grandes Lagos en hacerlo. La persistencia de la pena capital constituía uno de los obstáculos principales que impedían el traslado a la jurisdicción nacional ruandesa de personas que estaban bajo la custodia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y personas residentes en el extranjero contra las que se habían dictado actas de acusación formal por su presunta participación en el genocidio.

Juicios ante tribunales gacaca

Continuaron los juicios según el sistema gacaca, un sistema de tribunales comunitarios creado en 2002 para juzgar a presuntos responsables de delitos cometidos durante el genocidio de 1994.

En marzo se promulgó una nueva ley gacaca que modificaba sustancialmente la de 2004. En virtud de la nueva ley, se ampliaba la jurisdicción de los tribunales gacaca, de forma que podían enjuiciar a categorías de personas que antes eran competencia de los tribunales nacionales, tales como los «homicidas de renombre». Asimismo, se facultó a los tribunales gacaca para dictar sentencias de cadena perpetua. Además, se redujo de nueve a siete el número de jueces (Inyangamugayo)necesarios para constituir un tribunal gacaca, a fin de que se pudieran celebrar más sesiones. Si bien el gobierno había manifestado la intención de clausurar los tribunales gacaca lo antes posible, a principios de diciembre la secretaria general de jurisdicciones gacaca anunció que se mantendrían en 2008.

Las disposiciones de la ley de 2007 aceleraban los juicios gacaca en detrimento de la imparcialidad y la calidad de las sentencias. Se informó reiteradamente sobre la ausencia de garantías judiciales en los procesos gacaca, lo que daba lugar a injusticias.

  • En mayo, François-Xavier Byuma, destacado defensor de los derechos humanos, fue condenado en un juicio injusto ante el tribunal comunitario gacaca de Bilyogo (Kigali) a 19 años de prisión por participación en actividades de adiestramiento sobre el uso de armas durante el genocidio de 1994. El juez que presidía el tribunal había sido objeto de una investigación de la ONG de François-Xavier Byuma, Turengere Abana (Asociación Ruandesa para la Protección y Promoción de la Infancia), por la presunta violación de una adolescente de 17 años. El conflicto de intereses de este juez negaba el derecho de Francois-Xavier Byuma a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial.

Los jueces de algunos distritos, con escasas cualificaciones, mala formación y corruptos, alimentaron la desconfianza generalizada hacia el sistema gacaca.

En diciembre, la Liga de Derechos Humanos en la Región de los Grandes Lagos informó de que siete jueces del tribunal gacaca del sector de Kibirizi (Provincia del Sur) habían sido detenidos en noviembre por manipulación de pruebas.

Continuaba la huida de ruandeses a países vecinos por temor al sistema gacaca. Algunos temían que los tribunales pusieran al descubierto su participación en el genocidio. Otros huyeron por miedo a falsas acusaciones.

  • Según informes, docentes y otros trabajadores de la Universidad de Butare huyeron del país por miedo a que se los acusara, infundadamente, de participación en el genocidio.

Asimismo, fuentes ruandesas informaron durante todo el año de amenazas contra jueces y testigos (tanto de la fiscalía como de la defensa), y de algunos casos de homicidio, en el sistema gacaca.

Detención sin juicio

En octubre, durante una sesión parlamentaria, senadores ruandeses manifestaron su preocupación por la persistencia de las detenciones ilegales. Varios miles de personas continuaban encarceladas sin juicio desde hacía mucho tiempo.

  • Dominique Makeli, ex periodista de Radio Ruanda, llevaba casi 13 años recluido sin juicio. Los cargos en su contra habían cambiado varias veces. La última acusación de las autoridades era que había incitado al genocidio en un programa de Radio Ruanda en 1994.
  • Dos monjas católicas, las hermanas Bénédicte Mukanyangezi y Bernadette Mukarusine, fueron por fin enjuiciadas en julio de 2007, después de haber pasado más de 12 años recluidas sin juicio. El tribunal gacaca que asumió su caso las dejó en libertad por falta de pruebas.
  • El 6 de noviembre, un tribunal gacaca del distrito meridional de Ruhango absolvió de los cargos de genocidio a Tatiana Mukakibibi, ex presentadora y productora de Radio Ruanda, tras más de 11 años de detención sin juicio.

Condiciones de reclusión

A principios de 2007, el gobierno anunció la liberación provisional de 8.000 detenidos, muchos de los cuales, según informes, habían confesado su participación en el genocidio. Se trataba de la tercera tanda de liberaciones colectivas emprendidas desde 2003 para aliviar la masificación de las prisiones. A pesar de ello, la situación en las cárceles seguía siendo de grave hacinamiento. En julio había 97.000 presos. Esta cifra descendió hasta 70.000 en septiembre, tras una instrucción oficial por la que se permitía a algunos detenidos realizar trabajos en beneficio de comunidades locales en campos fuera de la prisión (lo que se conocía con el acrónimo TIG, trabajo de interés general).

Las condiciones de reclusión seguían siendo extremadamente duras y equivalían a trato cruel, inhumano o degradante.

Personas detenidas por motivos políticos

En abril, Pasteur Bizimungu fue excarcelado y quedó bajo arresto domiciliario. Tanto él como Charles Ntakirutinka habían sido condenados en 2005 a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por cargos de incitación a la desobediencia civil, asociación con elementos delictivos y malversación de fondos del Estado. Antes de su detención habían creado un nuevo partido político, el Partido Democrático por la Renovación (Parti Démocratique de Renouveau, PDR-Ubuyanja). Muchos observadores de derechos humanos consideraron que su procesamiento era un intento de eliminar la oposición política.

Charles Ntakiruntinka continuaba en la prisión central de Kigali.

Investigaciones de genocidio y crímenes de guerra

En octubre, la comisión ruandesa encargada de investigar el papel de las fuerzas armadas francesas en el genocidio presentó su informe al presidente Kagame.

Las autoridades judiciales españolas continuaron investigando el asesinato de ciudadanos españoles y de otros delitos perpetrados en Ruanda y República Democrática del Congo entre 1990 y 2002. La investigación se centró en la presunta implicación directa de 69 miembros del Frente Patriótico Ruandés, algunos de ellos altos mandos del ejército.

Algunos gobiernos extranjeros, como los de Canadá, Francia, Países Bajos y Reino Unido, iniciaron procesos judiciales contra ruandeses que residían en sus países, en ocasiones con identidades falsas, y eran sospechosos de haber participado en el genocidio.

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

Continuaron los juicios de destacados sospechosos de genocidio ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que mantenía bajo custodia a 61 personas al finalizar 2007. Estaban en marcha 28 juicios, algunos contra un solo acusado y otros contra varios. Seguían libres 18 sospechosos contra los que el Tribunal había dictado actas de acusación formal.

Desde su creación en 1996, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda había dictado 32 sentencias firmes.

El Tribunal recibió del Consejo de Seguridad de la ONU el mandato de concluir todos los juicios antes de finalizar 2008. De acuerdo con su estrategia de conclusión, la fiscalía propuso transferir tres casos a jurisdicciones europeas, y cinco a la jurisdicción ruandesa.

Desde su puesta en marcha, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda había juzgado sólo a miembros y simpatizantes del gobierno que estaba en el poder en abril de 1994. No llevó a cabo plenamente su mandato al no investigar todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en 1994, especialmente los cometidos por el Frente Patriótico Ruandés.

Desapariciones forzadas

  • Según informes, Augustin Cyiza, destacado miembro de la sociedad civil, y Léonard Hitimana, miembro de la Asamblea Nacional de Transición, fueron víctimas de desaparición forzada en 2003. Desde entonces, las autoridades habían negado tener conocimiento de su paradero, y no habían investigado su desaparición con rigor.

Informes de Amnistía Internacional

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