Irlanda - Informe 2008 Amnistia Internacional

La situation des droits humains : Irlanda

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefa del Estado : Mary McAleese
Jefe del gobierno : Bertie Ahern
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
Población : 4,3 millones
Esperanza de vida : 78,4 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 6/6 por cada 1.000

Se reforzó el sistema de inspección de prisiones al otorgársele carácter estatutario. Comenzó a funcionar la Comisión del Defensor del Pueblo para Asuntos Relacionados con la Policía, creada para investigar las denuncias contra la policía; la Comisión contaba con mayor independencia que la Junta de Denuncias a la que sustituía. La legislación, las políticas y las prácticas seguían teniendo lagunas en la protección de los derechos.

Información general

En mayo se celebraron elecciones generales y en junio se formó un nuevo gobierno, presidido por el ya entonces primer ministro Bertie Ahern. En marzo, Irlanda firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; en abril firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y, en octubre, el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Condiciones en los centros de detención

En octubre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura hizo público el informe sobre su cuarta visita periódica a Irlanda. Durante la visita, que tuvo lugar en octubre de 2006, el Comité recibió denuncias de malos tratos bajo custodia policial y, en algunos casos, observó lesiones que concordaban con las denuncias. El Comité instó a que se realizasen grabaciones audiovisuales de todas las entrevistas policiales y se permitiese la presencia de abogados durante los interrogatorios de la policía.

El Comité consideró que al menos tres de las prisiones que había visitado eran inseguras, tanto para los internos como para el personal penitenciario.

  • En abril se anunció la creación por ley de una comisión de investigación independiente para reexaminar el homicidio de un preso, Gary Douch, al que otro recluso mató en 2006 en la prisión de Mountjoy, en Dublín.

En mayo entraron en vigor las disposiciones que otorgaban carácter estatutario a las funciones de la Oficina del Inspector de Prisiones. La figura del inspector seguía careciendo de competencias para la investigación o el arbitraje en denuncias individuales de presos.

Fuerzas policiales y de seguridad

En mayo comenzó a funcionar la Comisión del Defensor del Pueblo para Asuntos Relacionados con la Policía (Garda Síochána Ombudsman Commission, GSOC), creada para investigar las denuncias de malos tratos por parte del Servicio Nacional de Policía (An Garda Síochána). Sustituía a la Junta de Denuncias de la Policía, a la que Amnistía Internacional, entre otros, había criticado por ineficaz y carente de independencia.

Los investigadores que trabajaban para la Comisión debían investigar todos los casos en que se apreciasen indicios de que «la conducta de un miembro de la Policía [pudiera] haber causado la muerte o lesiones graves a una persona». La policía podía seguir investigando otras denuncias.

  • Entre los casos que la Comisión del Defensor del Pueblo para Asuntos Relacionados con la Policía estaba investigando se encontraba el de Terence Wheelock, que había muerto en 2005 tras ser hallado inconsciente en una celda policial.

Salud

En su informe anual de 2006, que se hizo público en marzo de 2007, la Inspección de los Servicios de Salud Mental concluyó que existían «graves deficiencias en los equipos comunitarios de salud mental» y que en los servicios de atención de la salud mental de menores no se contaba con el «personal básico». El informe expresó preocupación ante el número de pacientes vulnerables que permanecían en salas de estancia prolongada, en instituciones inhóspitas en las que las condiciones de vida eran inaceptables.

Instituciones residenciales para grupos vulnerables

En abril, la Inspección de Servicios Sociales pasó a tener carácter estatutario y se convirtió en la Oficina del Inspector Jefe de Servicios Sociales. Sus competencias se ampliaron y, además de inspeccionar las instituciones residenciales para el cuidado de menores, pasó a ocuparse de la inspección y el registro de servicios residenciales para personas ancianas o con discapacidad.

Al finalizar el año no todas estas competencias estaban en funcionamiento, y el sistema de registro e inspección de estos servicios continuaba siendo deficiente.

Entregas extraordinarias

En febrero, una resolución del Parlamento Europeo instó al gobierno de Irlanda a que iniciase una investigación parlamentaria sobre la utilización de territorio irlandés por aviones de la CIA relacionados con la práctica de las entregas extraordinarias (el traslado ilegal de personas de un Estado a otro al margen de cualquier proceso judicial).

En diciembre, la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos hizo pública una revisión de las obligaciones internacionales de Irlanda con respecto a las entregas extraordinarias. El informe concluía que Irlanda «no cumpl[ía] con sus obligaciones en materia de derechos humanos en cuanto a la prevención de la tortura u otros tratos o penas degradantes», y recomendaba a las autoridades la creación de «un sistema de inspección [de los aviones pertinentes] fiable y que [pudiera] verificarse de un modo independiente».

Violencia contra las mujeres

En abril se creó la Oficina Irlandesa para la Prevención de la Violencia Doméstica, un nuevo organismo ejecutivo. Algunas ONG que trabajaban en el ámbito de la violencia contra las mujeres se mostraron críticas con la Oficina, porque, entre otras cosas, daba más importancia a la sensibilización que a la aplicación de la ley.

En octubre se hizo público el Proyecto de Ley Penal (Trata de Personas). De ser promulgada, la ley crearía el delito específico de la trata de personas.

Discriminación

En abril se hizo pública la Estrategia Nacional sobre la Mujer, en la que se exponían los compromisos del gobierno para lograr la igualdad de la mujer en el periodo 2007-2016. La Estrategia carecía de objetivos mensurables y de un calendario para avanzar hacia la igualdad.

En mayo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia hizo público su tercer informe sobre Irlanda, en el que instaba a las autoridades irlandesas a modificar la legislación penal para incluir disposiciones lo suficientemente firmes como para combatir los actos de racismo. La Comisión recomendaba que se revisase la legislación sobre vivienda y se modificase cuanto fuese necesario para impedir que las familias nómadas estuviesen en desventaja al intentar acceder a una vivienda adecuada.

La Comisión también recomendaba que la legislación que permitía a las escuelas denegar el ingreso a fin de proteger sus «valores» religiosos debía aplicarse de forma no discriminatoria, y que las autoridades debían promover la creación de escuelas aconfesionales o en las que se permitiese la pluralidad de credos religiosos.

Comercio de armas

En febrero se hizo público el Proyecto de Ley sobre Control de Exportaciones de 2007. Amnistía Internacional acogió con satisfacción las propuestas que contenía con respecto a los controles sobre la exportación de productos, tecnología y asistencia técnica para uso militar. Continuaban existiendo lagunas, por ejemplo, en el control de los acuerdos de fabricación autorizados en el extranjero y en el tránsito y el transbordo de productos militares y de seguridad. El proyecto de ley no estipulaba la vigilancia de la entrega y el uso final posteriores a la exportación.

Sistema judicial

Se produjo una oposición generalizada a la Leyde Justicia Penal de 2007, que modificaba de modo significativo la legislación y el procedimiento penales, como las condiciones para obtener la libertad bajo fianza, el derecho probatorio y la imposición de condenas. La ley ampliaba las categorías de delitos en relación con los cuales se podía retener a una persona bajo custodia policial sin cargos durante un periodo de hasta siete días, así como las circunstancias en las que podían extraerse conclusiones desfavorables a partir del silencio de la persona acusada.