Bahréin - Informe 2008 Amnistia Internacional

La situation des droits humains : Reino de Bahréin

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado : rey Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno : shaij Jalifa bin Salman al Jalifa
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 0,8 millones
Esperanza de vida : 75,2 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 15/15 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 86,5 por ciento

Se tuvo noticia de casos aislados de represión contra personas que defendían los derechos humanos, así como contra periodistas y sitios de Internet. Los tribunales impusieron dos condenas de muerte, pero no se ejecutó ninguna.

Información general

En febrero se celebraron manifestaciones a causa de la detención de tres hombres, y en el curso de ellas hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los tres detenidos –Abdul Hadi al Khawaja, presidente del Centro de Derechos Humanos, institución que se había disuelto; Hassan Mshaima, ex preso político y jefe del grupo radical chií de oposición Movimiento Al Haq, y Shakir Mohammed Abdul Hussain– fueron acusados de «incitar al odio e intentar cambiar el sistema político por medios ilegales» y de otros delitos, y quedaron en libertad bajo fianza al día siguiente de su detención. Los procedimientos judiciales entablados contra ellos se sobreseyeron posteriormente a instancias del rey Hamad bin Isa al Jalifa.

En septiembre, Bahréin se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Defensor de los derechos humanos

  • Nabeel Rajab, vicepresidente de la institución disuelta Centro de Derechos Humanos de Bahréin, sufrió, según informes, hostigamiento: lo siguieron, y tanto él como su esposa recibieron llamadas telefónicas, cartas y mensajes anónimos ofensivos. En marzo le ordenaron presentarse en la Dirección de Investigaciones Criminales, aparentemente por haber distribuido documentos relacionados con un informe publicado en septiembre de 2006 por Salah al Bandar, ciudadano británico que había sido asesor del gobierno bahreiní. En dicho informe se afirmaba que las autoridades habían pensado manipular los resultados de las elecciones parlamentarias de noviembre de 2006 a costa de la comunidad musulmana chií, mayoritaria en la población. En octubre de 2006, el Tribunal Penal Superior había prohibido la publicación de toda información relativa al informe de Salah al Bandar. No se tuvo noticia de que se presentaran cargos contra Nabeel Rajab.

Libertad de expresión

En mayo, alrededor de 200 periodistas bahreiníes se manifestaron ante el Consejo de Representantes (el Parlamento) para pedir mayor libertad de prensa y la abolición de las penas de cárcel impuestas por delitos relacionados con la prensa. Ese mismo mes, el Consejo de la Shura (Consultivo) aprobó por unanimidad un nuevo proyecto de ley que impedía imponer penas de prisión por delitos de prensa. Sin embargo, la ley no se había promulgado aún al final del año.

Había al menos 22 sitios de Internet prohibidos, entre ellos algunos conocidos por publicar críticas al gobierno.

Según informes, se prohibió a los medios de comunicación locales entrevistar a la defensora de los derechos humanos Ghada Jamsheer.

«Guerra contra el terror»

Los dos ciudadanos bahreiníes que las autoridades estadounidenses mantenían aún recluidos en Guantánamo –Jumaa Mohammed al Dossari, residente en Arabia Saudí, e Issa Abdullah al Murbati– fueron devueltos a Arabia Saudí y Bahréin en julio y agosto, respectivamente. Las autoridades de ambos países los dejaron en libertad sin cargos.

Operaciones contra el terrorismo

Según informes, al menos 11 personas fueron detenidas a mediados de 2007 en aplicación de la legislación antiterrorista bahreiní de 2006. Seis de ellas fueron puestas en libertad, pero las cinco restantes, detenidas desde agosto, continuaron recluidas. Comparecieron ante los tribunales el 23 de octubre, acusadas de «preparación de atentados contra otro país, pertenencia a una organización prohibida y financiación de atentados terroristas». Al final del año continuaban recluidas.

Detenciones arbitrarias

A raíz de unas manifestaciones celebradas el 17 de diciembre y en fechas posteriores, se detuvo a unas 45 personas. Muchas de ellas quedaron en libertad al cabo de unas horas o unos días, pero alrededor de 23 continuaron recluidas en el Departamento de Investigaciones Criminales y en la Prisión Central de Manama. Estuvieron mucho tiempo recluidas en régimen de aislamiento y con los ojos vendados. Algunas fueron torturadas al ser interrogadas por agentes de seguridad, que utilizaron métodos como palizas y descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo. Según informes, tres detenidos –Mohammad Khalil al Madoob, Hussain Khalil al Madoob y Hussain Abd al Nabi– denunciaron haber sido torturados durante los primeros días de su detención, y cuando sus abogados fueron a verlos presentaban lesiones faciales, causadas aparentemente por golpes.

Pena de muerte

En enero se rechazó en el Consejo de la Shura una propuesta de reforma del Código Penal de 1976 por la que se abolía la pena de muerte por tráfico de drogas. En noviembre, el gobierno, en la Asamblea General de la ONU, votó en contra de la suspensión de las ejecuciones.

Dos personas fueron condenadas a muerte por asesinato: en enero, un hombre de Bangladesh, cuyo nombre no se revelaba en los informes, y en abril, otro ciudadano de Bangladesh, Mizan Noor al Rahman Ayoub Miyah.