Suazilandia - Informe 2007 Amnistía Internacional

La situation des droits humains : Reino de Suazilandia

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado: rey Mswati III
Jefe del gobierno: Absalom Themba Dlamini
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Entró en vigor una nueva Constitución, que prometía una mayor
protección de los derechos humanos. Se siguieron recibiendo informes de
torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de
miembros de la policía, y no se proporcionaba reparación a las
víctimas. Aunque una tercera parte de la población adulta vivía con el
VIH/sida, recibían terapia antirretroviral menos de la mitad de las
personas que la necesitaban. La pobreza, el sida, la violencia sexual y
la discriminación socavaban los derechos de los menores. Las mujeres y
las niñas seguían discriminadas en la legislación, y las supervivientes
de violación, sobre todo en las zonas rurales, tropezaban con
obstáculos en el acceso a la justicia y a la asistencia médica.

Novedades jurídicas y constitucionales

En febrero entró en vigor una nueva Constitución que proporcionaba ciertas garantías respecto a los derechos civiles y políticos.

La condición jurídica de los partidos políticos seguía siendo incierta al no revocarse la Real Proclamación de 1973 por la que se habían prohibido. Una delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó el país en junio firmó un acuerdo con el gobierno y los «interlocutores sociales» por el que éstos se comprometían a revisar el impacto de la Constitución en los derechos protegidos por los convenios de la OIT y a recomendar la derogación de las disposiciones que no fueran conformes con ellos. Una organización que trataba de inscribirse como partido político intentó conseguir una orden del Tribunal Superior con el fin de aclarar su situación. La resolución a este respecto aún estaba pendiente al finalizar el año. En noviembre, la Asamblea Constitucional Nacional, altos cargos sindicales y otras organizaciones impugnaron la validez de la Constitución ante el Tribunal Superior. La vista de la causa se aplazó hasta 2007 debido a la escasez de jueces.

El hecho de que el gobierno no garantizara un proceso eficaz e independiente de nombramientos judiciales limitaba el acceso a los recursos jurídicos en las causas relacionadas con los derechos humanos. Al finalizar 2006, el Tribunal Superior contaba sólo con un juez permanente y tres magistrados con contratos temporales. En octubre se impugnó ante el Tribunal Superior la constitucionalidad de la Comisión de Servicios Judiciales, que asesoraba al monarca en materia de nombramientos judiciales. La vista se aplazó hasta 2007.

El Tribunal de Apelaciones se reorganizó y pasó a llamarse Tribunal Supremo, con dos nuevos puestos judiciales.

En julio, el rey dio el visto bueno a la Ley de Prevención de la Corrupción.

Violaciones de derechos humanos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Se recibieron informes sobre casos de tortura, muertes sospechosas bajo custodia y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Las víctimas eran sobre todo presuntos delincuentes y miembros de organizaciones políticas. Continuaba constituyendo un problema la impunidad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

En marzo, el Tribunal Superior, al conceder la libertad bajo fianza de 16 personas acusadas de traición y otros delitos en relación con unos atentados con cócteles molotov cometidos a finales de 2005, ordenó al gobierno que investigara las denuncias de tortura formuladas por los imputados. En las vistas judiciales celebradas anteriormente ya se habían mencionado denuncias de tortura por asfixia, palizas y otros malos tratos. Nueve acusados habían sido interrogados y presuntamente torturados en la comisaría de policía de Sigodveni. Cuatro acusados habían comparecido también ante el Tribunal Superior con lesiones visibles sufridas mientras permanecían recluidos en la cárcel de Sidwashini. Exámenes forenses independientes efectuados a algunos acusados en marzo confirmaron que las lesiones que sufrían estaban en consonancia con las denuncias. En octubre, el primer ministro creó una comisión de investigación.

En enero, Takhona Ngwenya fue agredida en la comisaría de policía de Mbabane, adonde había acudido para prestar declaración sobre el robo del teléfono de una persona con la que mantenía amistad. Le propinaron puñetazos y patadas en todo el cuerpo, incluido el rostro, y la torturaron asfixiándola con una bolsa de plástico negra hasta que perdió el conocimiento. Necesitó tratamiento médico. La policía reaccionó ante una demanda por daños y perjuicios negando su responsabilidad.

En julio, Mduduzi Motsa murió bajo custodia en la comisaría de Sigodveni. En un principio, la policía les dijo a sus familiares que había muerto en un accidente de automóvil, pero después afirmó que se había suicidado en su celda. Según los informes, la policía impidió a los familiares asistir a la autopsia oficial.

En varios incidentes, miembros de un grupo de la policía, la Unidad de Servicios de Apoyo de Operaciones, hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. En septiembre, a unos estudiantes universitarios que trataban de entregar una petición en la oficina del primer ministro en Mbabane los golpearon con porras y les propinaron patadas hasta hacerles caer al suelo. En diciembre, la policía lanzó gas lacrimógeno y cargó con porras contra simpatizantes de la organización política PUDEMO en Manzini. A Mphandlana Shongwe, miembro de PUDEMO que había acudido a la comisaría de esa localidad para preguntar por los manifestantes detenidos, le propinaron golpes y patadas y le hicieron chocar contra una pared, causándole lesiones que requirieron tratamiento hospitalario.

Violaciones del derecho a un juicio justo

Al finalizar el año no se había juzgado todavía a 16 personas acusadas de traición y de otros delitos. En marzo, el Tribunal Superior había ordenado que se dejara en libertad bajo fianza a los acusados, aduciendo que la Fiscalía no había presentado pruebas convincentes contra ninguno de ellos. En noviembre se aplazó hasta 2007 la decisión sobre el recurso de apelación que el Estado había presentado, basándose en un tecnicismo jurídico, contra la concesión de la libertad bajo fianza.

Derechos de la infancia

Los efectos de la pobreza, del VIH/sida, de la violencia sexual y de la discriminación por motivos de género y discapacidad limitaron el acceso de niños y niñas a la educación. Se estimaba que el número de menores que se habían quedado huérfanos como consecuencia del sida ascendía a 70.000, y entre el 10 y el 15 por ciento de los hogares estaban a cargo de menores, sobre todo de niñas, vulnerables a múltiples formas de abuso.

El acceso de los menores a la justicia en los casos de abuso empezó a mejorar gracias a tres factores: la capacitación y formación adicionales facilitadas a la Unidad de Violencia Doméstica, Protección de Menores y Delitos Sexuales de la policía; la creación de centros con un ambiente cordial para entrevistar a menores; y el establecimiento a nivel local de Comités Comunitarios de Protección de Menores.

En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su preocupación por la falta de una reforma legislativa «sistemática y exhaustiva» para adecuar la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité mostró también su preocupación por la falta de protección legal contra los matrimonios precoces y forzados, por la situación de las adolescentes que sufrían marginación y se veían afectadas por estereotipos basados en el género, y por los bajos índices de éxito de estas adolescentes en los estudios. Asimismo, criticó la persistencia de los castigos corporales en el seno familiar y en las escuelas y una disposición de la Constitución que permitía el «castigo físico moderado» de menores. Los tribunales continuaron imponiendo castigos corporales a varones menores de 18 años.

El gobierno aumentó de manera notable las partidas presupuestarias dedicadas a la educación de menores huérfanos y vulnerables, pero los continuos retrasos en el suministro de fondos a las escuelas ponían en peligro el acceso de los menores a la educación. En noviembre, la Asociación Nacional de Educadores solicitó al Tribunal Superior que dictara una orden para obligar al gobierno a realizar los pagos. La decisión se aplazó hasta 2007 debido a la escasez de jueces.

Derechos de las mujeres

La nueva Constitución concedía por primera vez a las mujeres el derecho a recibir idéntico trato que los hombres, incluida la igualdad de oportunidades en los campos político, económico y social, y les proporcionaba cierta protección frente a la obligación de seguir determinadas costumbres en contra de su voluntad.

Las mujeres y las niñas seguían siendo objeto de discriminación en los sistemas jurídicos civil y consuetudinario. Continuaron los informes sobre casos de matrimonios forzados o precoces en virtud de las prácticas conocidas como Kutekwa y Kwendziswa.

El jefe de Policía informó de que se había producido un aumento del 15 por ciento en los casos de violación y abusos contra mujeres y menores. Las sobrevivientes de violencia sexual, sobre todo en zonas rurales, se enfrentaban a obstáculos continuos en el acceso a la justicia y a la asistencia médica de urgencia debido a la carencia de unos servicios coordinados y provistos de los recursos convenientes. La Unidad de Violencia Doméstica, Protección de Menores y Delitos Sexuales adoptó medidas para mejorar la recopilación de información y la formación de la policía en materia de investigación.

Al finalizar el año, el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales no había dado a conocer todavía el anteproyecto de Ley contra los Delitos Sexuales y la Violencia Doméstica, destinado a mejorar el marco jurídico para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de violación y otras formas de violencia sexual.

Personas con VIH/sida

En diciembre, el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) calculó que, en 2005, un 33 por ciento de la población adulta vivía con el VIH. El gobierno informó de que entre las mujeres embarazadas que acudían a las clínicas prenatales se había registrado desde 2004 un ligero descenso en el índice de prevalencia, situándose en un 39,2 por ciento. El índice de prevalencia en el grupo más afectado, las personas con edades comprendidas entre los 25 y los 29 años, disminuyó del 56 al 48 por ciento.

En febrero se recibieron informes según los cuales, de las 36.500 personas que, según cálculos, necesitaban terapia antirretroviral, unas 15.000 la recibían de forma gratuita en centros públicos. El Programa Nacional contra el Sida de Suazilandia adoptó medidas para ampliar el acceso a tratamientos profilácticos de las supervivientes de violación y a la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo. El número de centros de asesoramiento y pruebas de VIH aumentó de sólo tres en 2002 a 23 en 2006. En junio, el gobierno puso en marcha el Segundo Plan Estratégico Nacional Multisectorial contra el VIH y el Sida para la prevención y el tratamiento de la epidemia.

En octubre, el Programa Mundial de Alimentos expresó su preocupación por el hecho de que algunos pacientes estuvieran abandonando la terapia antirretroviral. Entre los factores que contribuían a este fenómeno se encontraban la escasez de alimentos, la escasez y el coste de los sistemas de transporte público y el coste de otros medicamentos necesarios para el tratamiento de las infecciones oportunistas y los efectos secundarios de la terapia antirretroviral. Organizaciones de personas que vivían con el VIH y el sida pidieron a los organismos oficiales que colaboraran más estrechamente con ellas en el tratamiento de las causas y consecuencias de la epidemia.

Pena de muerte

No hubo ejecuciones y el Tribunal Superior no impuso nuevas penas de muerte. En la nueva Constitución se mantenía la pena capital pero dejaba de ser preceptiva para ciertos delitos.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

Suazilandia: Sigue sin exigirse a la policía que responda de sus actos (Índice AI: AFR 55/001/2006)

Swaziland: Memorandum to the Government of Swaziland on the Sexual Offences and Domestic Violence Bill (Índice AI: AFR 55/003/2006)

Visita

Una delegación de Amnistía Internacional que visitó el país en abril mantuvo reuniones de alto nivel con representantes del gobierno, así como consultas con varias organizaciones médicas, jurídicas y sociales sobre motivos de preocupación en materia de derechos humanos. Además, celebró un seminario junto con ONG locales sobre la mejora del acceso a la justicia y a la asistencia médica de las sobrevivientes de actos de violencia sexual.