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Pakistán ha ratificado un tratado de derechos humanos de la ONU clave y ha firmado otros dos.

“Convertirse en Estado Parte en pactos de derechos humanos de la ONU es un paso clave para garantizar que en Pakistán se respetan, protegen y hacen realidad los derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales”, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización ha pedido a las autoridades paquistaníes que aprovechen esta oportunidad para abordar los acuciantes problemas de derechos humanos del país.

Al presentar su candidatura para las elecciones del Consejo de Derechos Humanos en abril de 2006, Pakistán se comprometió a ratificar pronto tratados básicos de derechos humanos.
 
El 17 de abril de 2008, el país cumplió este compromiso al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Pakistán a que ratifique éstos y otros tratados de derechos humanos de la ONU.

Amnistía Internacional ha pedido ahora al gobierno paquistaní que ratifique sin demora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, y promulgue la legislación necesaria que garantice que los tres tratados pasan a formar parte de las leyes nacionales de Pakistán. El país debe asimismo ratificar el resto de tratados de derechos humanos y sus protocolos facultativos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y hacer plenamente efectivos los tratados internacionales de derechos humanos en la ley y en la práctica.

Amnistía Internacional ha instado también a las nuevas autoridades paquistaníes a poner en libertad o revelar la suerte y el paradero de todas las víctimas de desaparición forzada; a poner fin a todas las detenciones secretas, en régimen de incomunicación y administrativas; a poner fin a todas las torturas y malos tratos y revocar todas las leyes que impliquen penas crueles, inhumanas o degradantes; y a declarar la suspensión de todas las condenas a muerte y conmutar las penas de muerte de las más de 7.000 personas que actualmente están en espera de ejecución.