Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

9 avril 2008

La justicia cuestiona la política británica de expulsión

La justicia cuestiona la política británica de expulsión
El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales puso en cuestión el pasado miércoles 9 de marzo la política del gobierno británico de "expulsión con garantías" en sendas decisiones adoptadas en relación con las causas del ciudadano jordano Abu Qatada y de dos ciudadanos libios, a los que se denomina, por motivos procesales, "DD" y "AS".

Desde hace varios años, el Reino Unido busca la expulsión de varias personas de las que se presume que suponen una amenaza para la seguridad nacional, pero que se admite que no pueden ser expulsadas por los procedimientos habituales, dado el riesgo cierto de que puedan ser víctimas de violaciones graves de derechos humanos en los países a los que habrían de ser devueltas.

Consecuentemente, el gobierno británico solicitó en su momento para cada uno de estos casos de los países a los que esas personas habrían de ser devueltas lo que se denominan "garantías diplomáticas", en el sentido de que esas personas recibirán un trato acorde con las normas internacionales de derechos humanos. Ningún tribunal de justicia acepta esas promesas porque carecen de todo fundamento jurídico.

Amnistía Internacional sostiene desde hace tiempo que la política gubernamental británica de "expulsión con garantías" supone una desautorización de la prohibición absoluta de la práctica de la tortura. Concretamente, esa política es incompatible con la obligación que establece el derecho internacional de no proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a un país cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser víctima de violaciones graves de derechos humanos, como ser sometida a tortura u otros malos tratos.

En ambos casos citados, si bien por fundamentos distintos, el Tribunal de Apelación ha resuelto que el Reino Unido no puede proceder legalmente a esas expulsiones.

En la causa de "DD" y "AS", el Tribunal de Apelación confirmó la decisión previa adoptada por la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración (SIAC, por sus siglas en inglés), primera instancia jurisdiccional para este tipo de casos. Conforme a la decisión de la SIAC, las garantías obtenidas de la República de Libia por el Reino Unido en forma de "Memorando de Entendimiento" no eran suficientes para proteger a esas personas contra el riesgo real de tortura u otros malos tratos si fueran devueltas a ese país, por lo que, consecuentemente, no podían ser expulsadas.

Sin embargo, en la causa de Abu Qatada, el Tribunal de Apelación resolvió que la SIAC sí podía concluir que, ocasionalmente, se puede esperar que las denominadas garantías diplomáticas protegen a las personas contra el riesgo real de violaciones muy graves de sus derechos humanos, como el riesgo de ser torturadas y el de ser sometidas a juicios manifiestamente injustos.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación ante esta parte de la argumentación de la decisión judicial. La organización considera que los procedimientos de la SIAC (que adolecen de imparcialidad procesal, dado que por ejemplo en esa instancia está permitida la utilización de material secreto en vistas celebradas a puerta cerrada) plantean dificultades muy considerables frente a la posibilidad de presentar recurso efectivo contra el uso de esas garantías.

Amnistía Internacional ha manifestado: "Si el Tribunal de Apelación no está dispuesto a cuestionar la conclusión de la SIAC sobre la fiabilidad de esas garantías, se plantean serias dudas sobre si puede quedar abierta alguna vía real para que las personas que pueden ser expulsadas con el respaldo de tales garantías puedan recurrir contra su uso.”

Pese a todo, el Tribunal de Apelación reconoció que el juicio al que Abu Qatada habría de someterse si fuera devuelto a Jordania constituiría una violación flagrante del derecho a un juicio con las garantías debidas, ya que las garantías proporcionadas en este caso no ofrecen protección alguna contra esa posibilidad. El juicio sería manifiestamente injusto debido a que, conforme a las conclusiones de la SIAC, existe “una alta probabilidad” de que en contra del interesado se utilizasen pruebas en relación con las cuales había un “riesgo muy cierto” de que hubieran sido obtenidas mediante tortura. Por consiguiente, resolvió que no debía procederse a la expulsión.

En vista de estas decisiones de la justicia británica, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno del Reino Unido que abandone la peligrosa y desacreditada política de confiar en promesas que no pueden cumplirse para eludir la obligación que tiene de no proceder a la expulsión de personas a un país cuando haya razones fundadas para creer que estarían en peligro de ser víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

Pays

Jordanie 
Libye 
Royaume-Uni 

Région ou pays

Europe et Asie centrale 

Thème

Torture et mauvais traitements 
Procès et systèmes juridiques 

Campagnes

Pas de sécurité sans droits humains 

@amnestyonline sur Twitter

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