Tayikistán

La situation des droits humains : República de Tayikistán

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Emomali Rahmon
Jefe del gobierno
Okil Okilov

Información general

En julio estallaron enfrentamientos entre el gobierno y grupos armados en Jorog (Región Autónoma de Alto Badajshán). Según fuentes no confirmadas, unas 150 personas, entre soldados y civiles, perdieron la vida durante una operación militar contra las fuerzas leales al segundo oficial al mando de la unidad fronteriza de Ishkashim, Tolib Ayombekov, ex líder de la oposición en la guerra civil. Estas muertes se produjeron en el contexto de algunos de los combates más intensos librados desde el final de la guerra civil de 1992-1997.

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Tortura y otros malos tratos

En marzo, el gobierno declaró su intención de aplicar las recomendaciones del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellas la de garantizar el acceso a asistencia médica y letrada bajo custodia. En abril se reformó el Código Penal para tipificar la tortura como delito. En junio, el Tribunal Supremo proporcionó a los jueces unas directrices para los casos de denuncia o sospecha de tortura u otros malos tratos, y la Fiscalía General redactó unas recomendaciones dirigidas a los fiscales para la investigación de los casos de tortura.

A pesar de estos positivos avances, continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos. El relator especial de la ONU sobre la tortura y el Comité de la ONU contra la Tortura publicaron sus conclusiones. Tras realizar una visita al país en mayo, el relator especial afirmó que la tortura y otros malos tratos eran habituales en contextos muy diversos.

En noviembre, el Comité contra la Tortura señaló múltiples y coincidentes denuncias de uso habitual de tortura y otros malos tratos a detenidos, principalmente para obtener confesiones, sobre todo en las primeras horas del interrogatorio bajo custodia policial, así como en los centros de detención provisional y preventiva dirigidos por el Comité de Estado para la Seguridad Nacional y por el Departamento para la Lucha contra la Delincuencia Organizada.

Niños, ancianos y testigos de causas penales denunciaron casos de tortura y otros malos tratos. Los métodos incluían descargas eléctricas, uso de agua hirviendo, asfixia, palizas y quemaduras con cigarrillos. Se denunciaron violaciones y amenazas de violaciones contra mujeres y hombres detenidos, así como tortura psicológica.

La mayoría de los episodios de tortura y otros malos tratos sucedían antes del registro de la detención del sospechoso en la comisaría de policía. No se informaba a la persona de sus derechos (ver a un abogado, avisar a la familia o guardar silencio) hasta que la detención quedaba registrada, y aunque esto debía hacerse en las tres horas siguientes al traslado a la comisaría de policía, en la práctica solía demorarse mucho más. Había casos en que la persona permanecía recluida durante varios días o incluso semanas en régimen de incomunicación antes del registro de su detención.

  • Sherik Karamhudoev, jefe del opositor Partido del Renacimiento Islámico en Jorog (Región Autónoma de Alto Badajshán), desapareció el 24 de julio durante los enfrentamientos ocurridos allí. No se comunicó su paradero a la familia hasta el 8 de agosto, ni se le permitió a él ver a sus abogados defensores durante casi dos meses. Según se supo, fue torturado en el centro de detención del Comité de Estado para la Seguridad Nacional en Dusambé. Se presentaron cargos contra él por organizar un grupo criminal y por posesión ilegal de armas de fuego.

Por lo general, los detenidos eran interrogados en ausencia de representación letrada, y algunos abogados no podían ver a sus clientes durante días a pesar de que la legislación garantizaba el derecho a asistencia letrada desde el momento de registrarse la detención.

Las personas acusadas de relación con movimientos islámicos y grupos o partidos islamistas prohibidos normalmente eran recluidas en dependencias del Ministerio del Interior y del Comité de Estado para la Seguridad Nacional. Estaban especialmente expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos y tenían limitado o prohibido el acceso a sus abogados. Éstos tampoco tenían acceso adecuado a la documentación de la causa entablada contra sus clientes.

Se tuvo noticia de que las fuerzas de seguridad tayikas secuestraban a personas fuera del territorio nacional y las devolvían a Tayikistán. En varios casos, las autoridades basaron en información poco fidedigna o incompleta sus solicitudes de extradición de personas, a las que acusaban de pertenecer a partidos islamistas o grupos islámicos prohibidos. Estas personas afirmaron que fueron torturadas a su regreso.

  • Savriddin Dzhurayev, de 27 años, fue condenado en abril a 26 años de cárcel tras ser declarado culpable de haber conspirado para derrocar el orden constitucional “en torno a 1992”, cuando tenía siete años. Había huido a Rusia en 2006, y Tayikistán había solicitado su extradición en 2009. En agosto de 2011 se le concedió asilo temporal en Rusia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había ordenado a Rusia que no llevara a cabo la extradición mientras examinaba su caso, pero, en octubre de 2011, unos hombres sin identificar que hablaban en tayiko secuestraron a Savriddin Dzhurayev en Moscú y lo devolvieron a Tayikistán. Contó a sus abogados que en Juyand había sufrido malos tratos bajo custodia y había sido interrogado en ausencia de un abogado.

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a Tayikistán a poner fin a la práctica de secuestrar y devolver a personas a Tayikistán desde otros Estados y someterlas posteriormente a detención en régimen de incomunicación, y a garantizar que no sufrían actos de tortura y malos tratos.

Falta de rendición de cuentas

Persistía un clima general de impunidad. Aunque se halló culpable por primera vez a un inspector de policía en un caso de tortura a un muchacho de 17 años en la región de Jatlon y se lo condenó en septiembre a siete años de cárcel, y un segundo agente fue condenado en diciembre a un año de prisión por el delito de tortura, hubo otros casos en los que, en aplicación de la Ley de Amnistías de 2011, se puso en libertad antes de tiempo a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que habían sido condenados por “abuso de autoridad”. Por ejemplo, en julio, la Fiscalía de Dusambé decidió poner fin a la investigación criminal en relación con dos agentes de policía presuntamente responsables de la muerte bajo custodia de Safarali Sangov en marzo de 2011, y ambos fueron amnistiados.

Aunque el Código de Procedimiento Penal establecía que no debían admitirse ante un tribunal las pruebas obtenidas mediante tortura, durante el año no hubo causas en que los jueces adoptaran medidas de exclusión de tales pruebas.

Las víctimas de tortura y sus familiares informaron de que temían presentar denuncias ante las fiscalías ante la posibilidad de sufrir represalias.

Las autoridades negaron el acceso a centros de detención a observadores independientes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de ONG locales, entre otros organismos.

Los jueces solían desestimar las acusaciones de tortura y otros malos tratos formuladas por los detenidos en las instrucciones preliminares y los remitían a la fiscalía para que presentaran una denuncia.

Durante las investigaciones de denuncias de tortura y otros malos tratos, ni las víctimas ni sus familiares recibían información periódica actualizada ni tenían acceso a la documentación del caso. En mayo, el Tribunal Constitucional confirmó la decisión de la Fiscalía General de limitar el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a las pruebas contra los presuntos perpetradores.

Las fiscalías normalmente no revelaban información sobre cómo se examinaban las denuncias ni sobre cómo habían determinado que no había indicios de conducta indebida de los funcionarios. La tardanza de los fiscales en solicitar exámenes médicos de las presuntas víctimas de tortura y otros malos tratos daba lugar a la desaparición de rastros físicos.

Muertes bajo custodia

Las autoridades no protegían la vida de las personas detenidas. No se investigaban eficazmente las muertes bajo custodia, ni se sancionaba casi nunca a funcionarios.

  • En septiembre murió en prisión Hamza Ikromzoda, de 27 años, al parecer tras sufrir tortura. Un examen forense concluyó en octubre que se había suicidado. Se tuvo noticia de que ex compañeros de celda suyos que afirmaron haber presenciado su muerte fueron torturados y sometidos a otros malos tratos en prisiones de Dusambé y Juyand.
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Libertad de expresión

En julio se reformó el Código Penal para despenalizar la difamación, aunque se mantuvieron las penas por injurias al presidente. No obstante, se siguieron conociendo noticias sobre los intentos del gobierno de restringir el derecho a la libertad de expresión de activistas de derechos humanos, abogados, especialistas médicos y periodistas.

En octubre, el tribunal municipal de Juyand ordenó el cierre de Amparo, organización de derechos humanos que vigilaba la comisión de abusos en el ejército, al parecer por infracciones administrativas. Activistas de derechos humanos pensaban que la decisión se basaba en motivos políticos y que los cargos contra Amparo eran infundados.

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Violencia contra las mujeres

En diciembre se aprobó finalmente una ley de prevención de la violencia en el ámbito familiar, ocho años después de su primera lectura en el Parlamento.

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