República Checa

La situation des droits humains : República Checa

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Václav Klaus
Jefe del gobierno
Petr Nečas

Discriminación: romaníes

Continuaron los actos de intimidación y los ataques violentos contra miembros de la comunidad romaní. El Centro Europeo de Derechos de los Romaníes informó de incendios provocados en viviendas de familias romaníes, concentraciones contra la población romaní y otros ataques.

Educación

En marzo dimitió el ministro de Educación, Josef Dobeš, que había sido muy criticado por las ONG por paralizar los esfuerzos para poner fin a la segregación de los romaníes en la escuela. Fue sustituido por Petr Fiala en mayo. El nuevo ministro se comprometió a poner fin a la discriminación de los niños y niñas romaníes en el acceso a la educación.

En octubre, República Checa se sometió al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. Se instó a República Checa a eliminar la práctica de segregar a los niños y niñas romaníes en la escuela y a aplicar íntegramente el Plan Nacional de Acción para la Educación Inclusiva.

Nils Muižnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, afirmó en noviembre que las “escuelas prácticas” –antes llamadas “escuelas especiales”– perpetuaban la segregación, la desigualdad y el racismo contra la comunidad romaní y pidió la eliminación gradual de tales escuelas y su sustitución por escuelas ordinarias preparadas para acoger y dar apoyo a toda clase de alumnado, con independencia de su origen étnico.

En diciembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa expresó preocupación por los escasos progresos en la adopción de medidas para abordar las causas de la discriminación de los romaníes en la escuela, a pesar de que ya habían transcurrido cinco años desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pronunciara su decisión sobre la causa D.H. and Others v. the Czech Republic. No obstante, el Comité reconoció que el gobierno seguía comprometido con el fin de la segregación de la comunidad romaní en la educación.

Vivienda

  • En agosto, más de 300 romaníes residentes en la calle de Pøednádraží, en Ostrava, quedaron en peligro de desalojo forzoso al recibir una notificación para que abandonaran sus casas voluntariamente en el plazo de 24 horas. La mayoría de los residentes finalmente abandonaron la zona y aceptaron el alojamiento temporal en albergues que les habían ofrecido, pese a las preocupaciones expresadas por las ONG en relación con su asequibilidad y las condiciones de hacinamiento. Tanto el gobierno como el alcalde de Ostrava respondieron que no era responsabilidad suya resolver estos problemas.
  • En octubre, el Tribunal Superior de la localidad de Olomouc sostuvo que el municipio de Ostrava no había discriminado a los romaníes que solicitaban una vivienda permanente al imponerles requisitos administrativos adicionales.
  • En noviembre, el municipio de Ústí nad Labem desalojó a 36 residentes de un edificio en Předlice, barrio habitado mayoritariamente por romaníes. Las autoridades municipales argumentaron que el edificio estaba inhabitable debido a riesgos estructurales. Residentes y activistas locales denunciaron que el desalojo se había llevado a cabo sin el debido proceso de consulta y que el municipio no había proporcionado alojamiento alternativo adecuado. A los romaníes desalojados los trasladaron temporalmente a un gimnasio local y después a albergues para trabajadores, que eran inasequibles e inadecuados. Los residentes tenían también dificultades de acceso a las escuelas y otros servicios municipales. A los que continuaron en Předlice les preocupaba que este desalojo forzoso fuera seguido de otros.

Esterilización forzada de mujeres romaníes

  • En octubre volvió a pedirse a República Checa, en el curso del examen periódico universal de la ONU, que investigara los casos de esterilización sin consentimiento de mujeres romaníes y garantizara una reparación e indemnizaciones adecuadas.
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Derechos de las personas migrantes

Las ONG siguieron criticando la detención de solicitantes de asilo y la ausencia de recursos judiciales efectivos contra esta práctica.

  • Continuaron las investigaciones criminales sobre las denuncias de fraude, tráfico y chantaje contra trabajadores migrantes extranjeros en la industria forestal. Los abogados que representaban a los trabajadores afectados interpusieron denuncias contra la decisión de la policía de cerrar las investigaciones en varios casos. También preocupaba a los letrados que la larga duración de las actuaciones estuviera ocasionando la pérdida de pruebas fundamentales.
  • En octubre, en la causa Buishvili v. the Czech Republic, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que las autoridades checas habían violado el derecho de un solicitante de asilo georgiano a impugnar su detención mediante actuaciones judiciales. El hombre había sido transferido de Países Bajos a República Checa en aplicación del Reglamento Dublín II y retenido en el centro de recepción del aeropuerto de Praga en cumplimiento de la decisión del Ministerio del Interior de no concederle la entrada en el país. Finalmente vio reconocido su argumento de que se le había impedido iniciar actuaciones judiciales dirigidas a su liberación, dado que un tribunal podía anular la decisión del Ministerio pero no ordenar su puesta en libertad.
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