Paraguay

La situation des droits humains : República de Paraguay

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado y del gobierno
Federico Franco (sustituyó a Fernando Lugo Méndez en junio)

Información general

El ex presidente Fernando Lugo fue destituido en junio, tras ser sometido a un juicio político a raíz de unos enfrentamientos ocurridos en el departamento oriental de Canindeyú, en los que murieron 11 campesinos y 6 policías.

En octubre se creó un Órgano Selector para designar a los miembros del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, pero al finalizar el año aún no lo había hecho.

Al concluir el año seguía debatiéndose en el Congreso la legislación destinada a prevenir la discriminación. El anteproyecto de ley, que incorporaba las normas internacionales a la legislación nacional, había empezado a debatirse en 2007. Se temía que el Congreso pretendiera excluir la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación.

En noviembre se remitió al Congreso un anteproyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero al finalizar el año aún no se había aprobado.

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Derechos de los pueblos indígenas

Se avanzó en la resolución de las reclamaciones de tierras de algunas comunidades indígenas, aunque a otras se les siguieron negando sus tierras ancestrales.

  • La comunidad sawhoyamaxa seguía viviendo en terribles condiciones en los márgenes de una carretera, ya que, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado en 2006 una sentencia favorable a ella, no se le habían devuelto sus tierras ancestrales. En noviembre se reanudaron las negociaciones entre las autoridades y el propietario de las tierras, tras haber organizado la comunidad protestas y un corte de la carretera. Al concluir el año no se había llegado a un acuerdo sobre las tierras.
  • En febrero, tras un acuerdo entre las autoridades y un terrateniente, la comunidad yakye axa consiguió las tierras que reclamaba; al finalizar el año estaba esperando a trasladarse a ellas. El fondo para el desarrollo de la comunidad establecido en la sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no se había creado al terminar el año.
  • En agosto, la policía intentó desalojar a más de 30 familias de una comunidad ava guaraní en el distrito de Itakyry. Según los afectados, quemó varias chozas. Una empresa comercial reclamaba las tierras, pero la comunidad, que llevaba unos 70 años viviendo allí, afirmaba que tenía título de propiedad de ellas.
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Sistema de justicia

Se recibieron denuncias según las cuales el sistema de justicia carecía de independencia e imparcialidad, así como de los recursos necesarios. Según los informes, había demoras en la administración de justicia.

En junio, los conflictos sobre tierras en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, desembocaron en enfrentamientos entre manifestantes y policía. Murieron 17 personas: 11 campesinos y 6 policías. En diciembre se presentaron cargos contra 14 campesinos por delitos como invasión de inmueble y asociación criminal; 10 de ellos fueron también acusados en relación con los homicidios de los 6 policías. Preocupaba la falta de imparcialidad de las investigaciones sobre los enfrentamientos, ya que, según informes, se centraron únicamente en la actuación de los manifestantes. El proceso judicial contra los 14 campesinos continuaba al finalizar el año.

Algunas de las personas detenidas en relación con los enfrentamientos se declararon en huelga de hambre para defender su inocencia. Según afirmaban, no se hallaban presentes cuando se produjeron los enfrentamientos o no participaron en ellos.

Se recibieron denuncias de torturas a algunas personas recluidas en relación con los enfrentamientos en Curuguaty. Al terminar el año no se tenía constancia de que se hubiera abierto investigación alguna sobre ellas.

Esas mismas tierras de Curuguaty ya se habían ocupado en varias ocasiones en años anteriores, y al concluir el año continuaban los procesos judiciales para determinar a quién pertenecían.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Cuatro miembros de Iniciativa Amotocodie, ONG que trabajaba para proteger los derechos de los indígenas ayoreos, que vivían aislados de la civilización en la región del Chaco paraguayo, seguían procesados por cargos como abuso de confianza.

Las investigaciones sobre la ONG habían comenzado al declarar ésta públicamente su oposición a una expedición científica denominada “Chaco Seco 2010” por considerar que podía afectar a los derechos de pueblos indígenas que vivían aislados. La expedición se canceló posteriormente. Durante los dos años de investigación hubo varios cambios de fiscal, y las audiencias judiciales se suspendieron en diversas ocasiones. En agosto, el fiscal no pudo probar los cargos y solicitó un sobreseimiento temporal de los procedimientos, alegando que aún era preciso recopilar más información. El juez accedió a ello.

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