Népal

La situation des droits humains : República Federal Democrática de Nepal

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Ram Baran Yadav
Jefe del gobierno
Baburam Bhattarai

Información general

El 27 de mayo fue disuelta la Asamblea Constituyente antes de que redactase una nueva Constitución, pues, a pesar de cuatro años de negociaciones, los partidos políticos no alcanzaron el consenso sobre varias cuestiones clave. La retórica política de enfrentamiento en torno al modelo de federalismo que se iba a adoptar y las peticiones de más autonomía para las minorías étnicas y los pueblos indígenas aumentaron, lo que desembocó en enfrentamientos violentos y divisiones entre los partidos políticos y dentro de ellos. En octubre, el gobierno anunció que había finalizado el proceso de integración de los excombatientes maoístas en el Ejército de Nepal, previsto en el Acuerdo General de Paz y la Constitución Provisional de 2007. En enero, el gobierno promulgó una ley que aumentó el control del Estado sobre la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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Justicia transicional

El 28 de agosto, el Consejo de Ministros propuso un decreto para establecer una Comisión de Investigación sobre Personas Desaparecidas, Verdad y Reconciliación, descartando los planes para crear dos comisiones distintas que se ocuparan de estas cuestiones. La nueva Comisión tendría facultades para recomendar amnistías por violaciones graves de derechos humanos, pero no enjuiciamientos por presuntos delitos, lo que vulneraba la obligación legal de Nepal de enjuiciar los delitos de derecho internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo público en octubre un informe sobre violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de Nepal, junto con un archivo de aproximadamente 30.000 documentos y casos.

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Impunidad

Los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos y hacer valer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación se vieron seriamente menoscabados al nombrar el gobierno a presuntos autores de violaciones de derechos humanos para ocupar altos cargos públicos.

  • Kuber Singh Rana, objeto de unas investigaciones penales en curso sobre la desaparición forzada y ejecución extrajudicial en 2003 de cinco estudiantes en el distrito de Dhanusha, fue nombrado inspector general de la Policía en septiembre.
  • El ascenso en octubre a general de brigada de Raju Basnet, coronel presuntamente implicado en crímenes de guerra, fue condenado por muchos activistas de derechos humanos y quedó en suspenso tras una orden de aplazamiento dictada por el Tribunal Supremo ese mismo mes.

El gobierno siguió pidiendo que se archivaran las causas penales abiertas contra personas afiliadas a partidos políticos, como parte del compromiso incluido en el Acuerdo General de Paz y acuerdos posteriores de archivar las causas de naturaleza “política”. No existía una definición clara de “causa política” y muchas de las causas que se recomendó archivar eran por asesinato, secuestro y otros crímenes graves.

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Derechos de la población trabajadora migrante

Las agencias de contratación seguían sometiendo a trata a trabajadores migrantes a los que explotaban y utilizaban para trabajo forzoso y a quienes cobraban cantidades superiores a los límites impuestos por el gobierno, lo que obligaba a los trabajadores a pedir cuantiosos préstamos a intereses elevados. Los captadores engañaban a muchos migrantes sobre el salario y las condiciones laborales. Rara vez se castigó a las agencias de contratación que vulneraban las leyes nepalíes. Los mecanismos de reparación e indemnización se promovieron de forma deficiente, además de estar centralizados y ser de difícil acceso.

  • En agosto, el gobierno prohibió a las mujeres menores de 30 años emigrar a Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para trabajar en el servicio doméstico debido a las denuncias de abusos sexuales y otros malos tratos físicos en esos países. Las prohibiciones aumentaron potencialmente los riesgos de las mujeres, que se vieron obligadas a buscar trabajo por cauces informales. Aunque el primer ministro destituyó a dos ministros de Trabajo sucesivos por presunta corrupción, las agencias de contratación continuaban estando por encima de la ley y pocas perdieron sus licencias por prácticas ilegales.
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Tortura y otros malos tratos

Pese a haberse adherido a la Convención de la ONU contra la Tortura en 1991, Nepal no había tipificado la tortura como delito en su legislación. En abril, el Consejo de Ministros anunció su intención de presentar un proyecto de ley que penalizaría la tortura, pero no lo había hecho aún cuando se disolvió la Asamblea Constituyente. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recordó a Nepal su obligación de promulgar una ley que tipificara y penalizara la tortura, y de revocar todas las leyes que daban impunidad a presuntos autores de torturas y desapariciones forzadas. La tortura y otros malos tratos de hombres, mujeres y niños bajo custodia policial seguía siendo una práctica generalizada. El Comité contra la Tortura de la ONU concluyó en su informe anual que en Nepal la tortura era algo habitual, generalizado y deliberado, y que en última instancia se practicaba de forma sistemática.

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Abusos en la región de Terai

La ausencia de rendición de cuentas por violaciones cometidas en el pasado y la arraigada cultura de la impunidad hacían que, pese a la disminución observada en la actividad de los grupos armados que operaban en la región de Terai, siguieran denunciándose violaciones y abusos –detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales– cometidos por la Policía Armada de Nepal, la Policía de Nepal y los grupos armados. El alto grado de inseguridad y el temor a las represalias representaban un obstáculo importante para el acceso a la justicia de las víctimas y los defensores de los derechos humanos de la región.

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Discriminación

Persistía la discriminación por razón de casta, origen étnico, religión, género, situación económica y discapacidad. Según informaciones recibidas, en octubre, Bhim Bahadur, dalit del distrito de Dailekh, fue hospitalizado con heridas graves tras ser agredido con una hoz por tocar la puerta principal de una casa perteneciente a un miembro de la casta dominante. Los dalits y las mujeres y niñas pobres de las zonas rurales sufrían discriminación en el acceso a la justicia, la educación y la atención a la salud.

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Salud materna

La pobreza, la discriminación de género, la malnutrición, la ausencia de asistentes de partería cualificados y de atención obstétrica de urgencia, y la carga de trabajo durante el embarazo y el periodo posterior al parto contribuían a la elevada incidencia en Nepal del prolapso uterino. Se calculaba que 600.000 mujeres nepalíes sufrían esta afección, de las que 200.000 necesitaban cirugía inmediata. El gobierno organizó campos quirúrgicos para tratar el prolapso uterino, pero muchas mujeres desconocían su existencia. Nepal no había invertido lo suficiente en intervenciones preventivas, alternativas a la cirugía ni seguimiento. Según la información disponible, entre 2008 y 2011 fueron operadas de prolapso uterino 24.498 mujeres, aunque se desconocía en gran medida su estado de salud.

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