Jamaïque

La situation des droits humains : Jamaica

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefa del Estado
reina Isabel II, representada por Patrick Linton Allen
Jefa del gobierno
Portia Simpson Miller

Información general

Un nuevo gobierno asumió el poder en enero. En su discurso inaugural, la primera ministra se comprometió a iniciar el proceso para que Jamaica se convirtiese en una república.

En julio, el gobierno presentó en la Cámara de Representantes tres proyectos de ley destinados a que la Corte de Justicia del Caribe sustituyese al Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona como tribunal de apelación de última instancia para Jamaica. Sin embargo, el debate parlamentario quedó estancado cuando la oposición alegó que un cambio de este tipo exigía un referéndum.

El elevado grado de violencia de bandas, sobre todo en las comunidades marginadas de las zonas deprimidas de las ciudades, siguió suscitando preocupación. A lo largo del año se denunciaron 1.087 homicidios. Se recibió información sobre varios casos de ataques de turbas violentas. En abril se publicó la primera parte de una nueva Política de Seguridad Nacional.

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Policía y fuerzas de seguridad

En comparación con 2011, en 2012 disminuyó el número de personas muertas a manos de la policía, pero el índice seguía siendo preocupantemente alto. Varias personas murieron en circunstancias controvertidas.

Tras la indignación pública suscitada por la muerte de 21 personas a manos de la policía en tan sólo seis días de primeros de marzo, el ministro de Seguridad Nacional anunció que se llevaría a cabo una revisión de la política sobre uso policial de la fuerza, y que el gobierno haría “al director general de la Policía y al Alto Mando responsables de reducir el índice de disparos mortales realizados por la policía”. Sin embargo, al concluir el año no se había facilitado información sobre cómo se iba a implementar esta medida.

En julio, tres soldados fueron acusados del asesinato de Keith Clarke, cometido en la casa de la víctima durante la primera semana del estado de excepción de 2010. A pesar de las reiteradas promesas, el defensor del Pueblo no remitió al Parlamento ningún informe con las conclusiones de su investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, cometidas durante el estado de excepción. El gobierno manifestó que la decisión de crear una comisión independiente para investigar lo ocurrido dependería de los resultados de la investigación del defensor del Pueblo.

En junio, la Comisión Independiente de Investigación (INDECOM) sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad presentó al Parlamento un informe en el que señalaba que los principales obstáculos para las investigaciones eran la connivencia entre los miembros de las fuerzas de seguridad, que utilizaban máscaras y pasamontañas durante las operaciones, y las demoras a la hora de obtener pruebas periciales. La policía entabló varias acciones judiciales contra la INDECOM, lo que provocó que se iniciase una revisión de la legislación con el fin de aclarar las competencias y el mandato de la Comisión.

En octubre, el ministro de Seguridad Nacional anunció que el gobierno tenía intención de desmantelar el comité que supervisaba la implantación de la reforma policial. La decisión fue criticada por las organizaciones de la sociedad civil.

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Sistema de justicia

Según la información recibida, la administración de justicia seguía lastrada por las demoras significativas. Entre los problemas destacados figuraban tanto el hecho de que las autoridades no abordaran la incomparecencia de los testigos como la falta de disponibilidad de ciudadanos para formar parte del jurado. El Parlamento siguió debatiendo el proyecto de Ley de Instrucción de Causas Penales, que pretendía reducir las demoras eliminando la fase preliminar destinada a determinar si existía delito.

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Derechos de la infancia

Según las organizaciones locales de derechos humanos, los varones menores de edad seguían siendo recluidos en calabozos policiales en los que a menudo había adultos. No se estableció ningún plan para crear un centro de menores independiente para niñas. En septiembre, la ministra de Juventud afirmó que en el plazo de un mes se remitiría al Consejo de Ministros una propuesta con recomendaciones para que los menores infractores pendientes de comparecer ante un tribunal, o en cuyos casos un juez hubiera decretado prisión preventiva, fuesen recluidos en centros distintos a los destinados a adultos. Al terminar el año no se disponía de información que indicase si se había llevado a cabo esta iniciativa.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia sexual contra mujeres y niñas seguía suscitando preocupación. El 27 de septiembre, tras una reunión con varios representantes del gobierno y la sociedad civil, la Oficina del Primer Ministro prometió un plan de acción para abordar la violencia contra las mujeres.

En julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó, entre otras cosas, el reforzamiento de la capacidad de la Oficina de Asuntos de la Mujer, la recopilación de información exhaustiva sobre violencia contra las mujeres, y la consolidación de la asistencia a las víctimas y los programas de apoyo.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales denunciaron un aumento de las agresiones, el acoso y las amenazas. Muchos de los ataques de este tipo no se investigaban con prontitud ni de forma exhaustiva.

Durante la campaña electoral de diciembre de 2012, Portia Simpson Miller afirmó que nadie sufriría discriminación a causa de su orientación sexual. Sin embargo, cuando se convirtió en primera ministra, el gobierno no adoptó medidas para eliminar las leyes discriminatorias.

Se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una segunda petición que cuestionaba artículos de la Ley sobre Delitos contra la Persona (conocida generalmente como “ley de sodomía”) alegando que eran inconstitucionales y promovían la homofobia.

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Pena de muerte

No se impuso ninguna condena de muerte. Al concluir el año había siete personas en espera de ejecución.

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