Federación Rusa

La situation des droits humains : Federación Rusa

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Vladimir Putin (sustituyó a Dimitri Medvedev en mayo)
Jefe del gobierno
Dimitri Medvedev (sustituyó a Vladimir Putin en mayo)

Información general

El retorno de Vladimir Putin a la presidencia tras unas elecciones ampliamente criticadas dio lugar a un aumento de las protestas populares y las demandas de mayores libertades civiles y políticas, especialmente en torno a su toma de posesión, en mayo. La respuesta de las autoridades fue imponer más restricciones. Con frecuencia se prohibieron y disolvieron manifestaciones. Se aprobó legislación –a menudo sin un proceso previo de consulta pública y en medio de críticas generalizadas– que imponía duras sanciones administrativas y penales y podía utilizarse para reprimir la protesta legítima y las actividades políticas y de la sociedad civil, así como para restringir la financiación extranjera del activismo cívico.

La Federación Rusa reaccionó con beligerancia a las críticas internacionales sobre su historial de derechos humanos. En Estados Unidos se aprobó una ley por la que, entre otras sanciones, se impedía la entrada en el país a los funcionarios presuntamente responsables de la muerte bajo custodia del abogado Sergei Magnitsky en 2009, y en varios países más se propuso aprobar medidas similares. Las autoridades rusas tomaron represalias aplicando sanciones recíprocas y prohibiendo que los ciudadanos estadounidenses adoptaran niños rusos y que las ONG rusas recibieran fondos procedentes de Estados Unidos.

Rusia continuó experimentando crecimiento económico, aunque a un paso más lento debido a la caída de los precios del petróleo, la crisis económica mundial y la ausencia de reformas estructurales internas. Las protestas públicas habían disminuido al final del año, pero también el apoyo de la opinión pública a los líderes políticos, según las encuestas de opinión.

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Libertad de reunión

La policía dispersó por sistema –a menudo empleando fuerza excesiva– las protestas pacíficas organizadas en todo el país, incluidas las concentraciones de grupos pequeños que no representaban una amenaza o incomodidad pública. Las autoridades consideraban que, por pacífico que fuera y aunque el número de participantes resultara insignificante, cualquier acto de protesta era ilegal si no había sido expresamente autorizado; en cambio solían permitir que se desarrollaran sin interrupciones las concentraciones de activistas afines al gobierno o a la Iglesia ortodoxa, incluso sin autorización. Aunque hubo informes frecuentes de brutalidad policial contra periodistas y manifestantes pacíficos, no se investigaron eficazmente.

  • El 6 de mayo, víspera de la toma de posesión del presidente Putin, la policía interrumpió la marcha de una columna de manifestantes por una ruta autorizada en dirección a la plaza de Bolotnaya, en Moscú, dando lugar a una situación de enfrentamiento y a escaramuzas localizadas. Posteriormente se presentaron cargos penales contra 19 manifestantes en relación con los hechos, calificados de “disturbios generalizados” por las autoridades. Uno de los manifestantes se declaró culpable y fue condenado a cuatro años y medio de prisión; el resto seguía en espera de juicio al terminar el año. Se nombró testigos en la causa a varios activistas políticos destacados y se efectuaron registros en sus viviendas, en operaciones a las que se dio amplia difusión en canales de televisión controlados por el Estado. Los días 6 y 7 de mayo se detuvo en todo Moscú a centenares de personas de conducta pacífica, en algunos casos simplemente por llevar un lazo blanco en señal de protesta por el fraude electoral.

En junio volvió a reformarse la ley que regulaba los actos públicos. Se amplió la lista de infracciones, se introdujeron nuevas restricciones y se aumentaron las sanciones.

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Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión estaba cada vez más restringido. Los medios de comunicación seguían sujetos en la práctica al control del Estado, excepto algunos que tenían una difusión limitada. El horario de máxima audiencia de la televisión nacional se utilizaba regularmente para la difamación de personas que criticaban al gobierno.

Ocho meses después de su despenalización, la difamación volvió a tipificarse como delito. Se introdujeron cambios en el Código Penal que ampliaban las definiciones de la traición y el espionaje y aumentaban su imprecisión al incluir en ellas el acto de proporcionar información o ayuda de diversa índole a organizaciones y Estados extranjeros cuya actividad estuviera “dirigida contra la seguridad de la Federación Rusa”.

La nueva legislación daba atribuciones al gobierno para bloquear e incluir en listas negras los sitios web que publicaran materiales considerados “extremistas” o perjudiciales de algún modo para la salud, la moral o la seguridad públicas. Al final del año ya se estaba aplicando esta legislación para cerrar sitios web que publicaban contenidos protegidos por el derecho a la libertad de expresión.

  • Maria Alekhina, Ekaterina Samutsevich y Nadezhda Tolokonnikova, del grupo punk Pussy Riot, fueron detenidas en marzo tras protagonizar un breve acto político pacífico –aunque provocador– en la catedral del Cristo Redentor de Moscú. En agosto fueron declaradas culpables de “vandalismo por motivos de odio religioso” y condenadas a dos años de prisión, aunque a Ekaterina Samutsevich se le impuso una condena condicional en apelación y el 10 de diciembre quedó en libertad.
  • El 29 de noviembre, un tribunal de Moscú declaró “extremistas” las imágenes de vídeo de la actuación del grupo en la catedral y consideró que su publicación en Internet era ilegal.
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Discriminación

Seguía siendo generalizada la discriminación basada en el origen racial o étnico, el género, la religión o la filiación política. Se introdujo legislación discriminatoria contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en varias regiones y se propuso su adopción en el ámbito federal. En abril entró en vigor en San Petersburgo una ley que prohibía la “propaganda entre menores de edad de la sodomía, el lesbianismo, la bisexualidad y la condición transgénero”. Leyes parecidas se aprobaron en las regiones de Bashkiria, Chukotka, Krasnodar, Magadan, Novosibirsk y Samara, y se presentaron ante el Parlamento nacional (Duma). Se prohibieron varios actos públicos de LGBTI y la policía dispersó a los participantes.

Las personas LGBTI y los miembros de diversos grupos minoritarios continuaron sufriendo ataques en todo el país. Las autoridades no investigaron eficazmente estos ataques, y a menudo no se identificó a sus autores.

  • El 4 de agosto, cuatro hombres asaltaron un club de LGBTI en Tyumen y agredieron e insultaron a varios clientes. La policía detuvo a los agresores. Cuando las víctimas se presentaron en la comisaría de policía para presentar denuncia, las metieron en la misma sala que a los agresores, quienes continuaron con sus amenazas y más tarde fueron puestos en libertad sin cargos.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuaron los informes de acoso a defensores de los derechos humanos. En el Cáucaso Septentrional y otros lugares, activistas, periodistas y abogados que representaban a víctimas de violaciones de derechos humanos siguieron recibiendo amenazas contra su integridad física, incluso de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

No hubo progresos notables en las investigaciones de numerosos ataques cometidos en el pasado, como el asesinato de Natalia Estemirova.

La nueva legislación introdujo más trabas administrativas, así como la obligación jurídica de las ONG de registrarse como “organizaciones con las funciones de agentes extranjeros” (terminología que remitía al espionaje) si recibían financiación del exterior y participaban en “actividades políticas” de definición imprecisa. El incumplimiento de esta obligación podía dar lugar a la imposición de elevadas multas y penas de cárcel a los dirigentes de las ONG.

Las autoridades intentaban por sistema dañar la reputación de determinadas ONG y defensores de los derechos humanos, así como denostar el trabajo de las ONG de derechos humanos en general.

  • Un alto cargo del Servicio Federal de Seguridad afirmó en octubre, según informes, que este organismo había conseguido que se cerraran 20 ONG en Ingusetia por su vinculación a servicios de inteligencia extranjeros. No facilitó información sobre ningún caso concreto de cargos de espionaje presentados contra una ONG en Ingusetia ni sobre las ONG que supuestamente se habían cerrado por ese motivo. No obstante, se refirió específicamente a Mashr, conocida ONG de derechos humanos de Ingusetia, como “agente extranjero” todavía en activo.
  • El 20 de enero, el abogado Omar Saidmagomedov y un primo suyo murieron en Majachkala (Daguestán) por disparos efectuados por agentes de seguridad. Según la versión de las autoridades, ambos eran miembros de un grupo armado y habían muerto en un tiroteo. Los compañeros de Omar Saidmagomedov rechazaron esa versión y exigieron que se investigaran las denuncias según las cuales había sido víctima de ejecución extrajudicial debido a sus actividades profesionales. El investigador convocó al abogado de la familia de Omar Saidmagomedov para interrogarlo como testigo, al parecer con la intención de recusarlo como representante letrado en la causa.
  • La periodista Elena Milashina, del periódico independiente Novaya Gazeta, sufrió graves lesiones el 4 de abril al ser agredida por dos hombres en una calle de Moscú cuando iba acompañada de una amiga. El investigador identificó y acusó a dos hombres que al principio firmaron confesiones pero se retractaron cuando sus familias contrataron los servicios de abogados independientes. El investigador hizo caso omiso de las protestas de Elena Milashina, quien afirmaba que esos individuos no coincidían con la descripción de los agresores que había hecho su amiga y que no se había identificado a los verdaderos autores del ataque.
  • Se amenazó a Igor Kalyapin, director de la ONG Comité Interregional contra la Tortura, con actuaciones penales en relación con su trabajo sobre el caso de Islam Umarpashaev, víctima de tortura en Chechenia. El 7 de julio, un investigador criminal citó a Igor Kalyapin para interrogarlo por difundir presuntamente información confidencial. Varias periodistas que habían entrevistado a Igor Kalyapin y otras personas que habían enviado cartas para demostrar su apoyo fueron citadas en septiembre para ser interrogadas.
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Tortura y otros malos tratos

Continuaron recibiéndose numerosos informes sobre presuntos casos de tortura y otros malos tratos, que rara vez se investigaban eficazmente. Al parecer, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley eludían con frecuencia las garantías jurídicas existentes contra la tortura, recurriendo, entre otras cosas, a la detención secreta (sobre todo en el Cáucaso Septentrional), a la fuerza –supuestamente para inmovilizar a los detenidos violentos– y a negar a los detenidos el acceso a abogados de su elección y, en cambio, favorecer la asignación de sus casos a determinados abogados de oficio que se sabía que pasaban por alto las señales de tortura.

En marzo, los medios de comunicación dieron amplia difusión a un caso de tortura ocurrido en Kazan, tras la muerte de un hombre en el hospital por lesiones internas. El hombre había contado que lo habían violado con una botella en la comisaría de policía. Varios agentes de policía fueron detenidos y acusados de abuso de autoridad, y dos de ellos, condenados posteriormente a dos años y dos años y medio de cárcel. A raíz de la información publicada por los medios sobre este caso surgieron muchas más denuncias de tortura policial en Kazan y otros lugares. En respuesta a una iniciativa no gubernamental, el jefe del Comité de Investigación decretó la creación de departamentos especiales para investigar los delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, el hecho de que estos departamentos no se dotaran de personal suficiente desvirtuó la iniciativa.

  • La noche del 19 de enero, Issa Khashagulgov, recluido en un centro de detención preventiva en Vladikavkaz (Osetia del Norte), al parecer fue llevado a un lugar no revelado y allí lo golpearon y lo amenazaron con someterlo a más violencia por negarse a cooperar en la investigación contra él. Según informes, del 6 al 8 de febrero, todos los días, cuando sus abogados intentaban verlo, era trasladado durante unas horas del centro de detención a otro lugar de Osetia del Norte y sometido a malos tratos. Issa Khashagulgov, sospechoso de pertenecer a un grupo armado, ya había sido objeto de repetidos traslados entre distintos centros de detención, sin que sus familiares y abogados recibieran información sobre su paradero, a veces durante varios días. No se investigaron sus denuncias.
  • El activista de la oposición ruso Leonid Razvozzhayev desapareció el 19 de octubre en Kiev (Ucrania), a la salida de la oficina de una organización asociada al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. El 22 de octubre, el Comité de Investigación de Moscú afirmó que Leonid Razvozzhayev había regresado voluntariamente a la Federación Rusa y se había entregado a las autoridades. Leonid Razvozzhayev desmintió esta declaración a través de su abogado y aseguró que había sido secuestrado e introducido clandestinamente en el país, recluido en un lugar secreto, sometido a malos tratos y obligado a firmar una declaración que lo incriminaba junto con otros activistas políticos en una trama dirigida a provocar disturbios generalizados en Rusia obedeciendo órdenes extranjeras. Las autoridades rusas rechazaron sus acusaciones y rehusaron investigarlas.
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Sistema de justicia

La necesidad de una reforma judicial era reconocida de manera generalizada, incluso por altos cargos públicos. Sin embargo, no se adoptaron medidas eficaces para garantizar la independencia del poder judicial. Los informes sobre juicios injustos eran numerosos y generalizados. Las consideraciones políticas influían en decisiones judiciales de índole muy diversa –como las relacionadas con el extremismo y con los delitos de drogas y económicos–, y un número creciente de sentencias condenatorias parecían estar basadas en motivos políticos, como la dictada contra las integrantes del grupo Pussy Riot (véase supra).

La connivencia de jueces, fiscales, investigadores y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, denunciada con frecuencia, dio lugar a la imposición de penas de cárcel injustas o sanciones administrativas desproporcionadas.

Abogados de todo el país denunciaron irregularidades de procedimiento que socavaban el derecho de sus clientes a un juicio justo, como negar a los letrados el acceso a sus clientes, detener a los sospechosos sin informar enseguida a sus abogados y familiares y asignar a los detenidos defensores de oficio de los que se sabía que no presentaban objeciones relacionadas con irregularidades de procedimiento y malos tratos.

  • El abogado Rustam Matsev denunció que el 31 de mayo, en un centro de reclusión preventiva en Nalchik (Kabardino-Balkaria), un alto mando de la policía le había ordenado que dejara de “aleccionar a su cliente para que mintiera” y lo convenciera de que retirase una denuncia contra la policía por secuestro y malos tratos. Al parecer, el funcionario dijo a Rustam Matsev que a los abogados se los “neutralizaba” del mismo modo que a los miembros de los grupos armados durante su “eliminación” en operaciones de seguridad. Las autoridades se negaron a investigar la denuncia del abogado.
  • El 27 de octubre, decenas de manifestantes se alinearon a una distancia de 50 metros de la sede central del Servicio Federal de Seguridad en Moscú (modalidad de piquete que no requería autorización previa). Más tarde, varios conocidos activistas políticos fueron detenidos por la policía cuando intentaban marcharse, rodeados de periodistas. El 30 de octubre y el 4 de diciembre, respectivamente, los activistas Alexey Navalny y Sergei Udaltsov fueron condenados a pagar sendas multas de 1.000 dólares estadounidenses por organizar y participar en una concentración no autorizada que había alterado el orden público. Según informes, el juez que llevaba la causa de Alexey Navalny rechazó la solicitud de su abogado defensor de interrogar a los agentes de policía que lo habían detenido y rehusó admitir como prueba imágenes de vídeo de los hechos.
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Cáucaso Septentrional

La situación en la región seguía siendo sumamente inestable. Continuaron cometiéndose violaciones de derechos humanos generalizadas en el contexto de las operaciones de seguridad.

Los grupos armados siguieron lanzando ataques contra las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y la población civil. Un doble atentado con explosivos perpetrado el 3 de mayo en Majachkala (Daguestán) se saldó con la muerte de 13 personas

–de las que 8 eran agentes de policía–, y más de 80 trabajadores de los equipos de emergencia y rescate resultaron heridos. El 28 de agosto, una mujer perpetró un atentado suicida con explosivos que mató a Sheij Said Afandi, un influyente clérigo musulmán de Daguestán, y a las cinco personas que lo visitaban en ese momento. Hubo otros ataques de grupos armados en todo el Cáucaso Septentrional.

Algunas repúblicas intentaron dar respuesta a la amenaza que representaban los grupos armados sin adoptar medidas represivas. Se establecieron “comisiones de adaptación” en Daguestán e Ingusetia para promover la rendición de miembros de grupos armados y su reinserción en la sociedad. Las autoridades daguestaníes adoptaron una actitud más tolerante con los musulmanes salafistas.

Sin embargo se siguieron llevando a cabo operaciones de seguridad periódicamente en toda la región. En el curso de ellas se denunciaron numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidas desapariciones forzadas, detenciones ilegítimas, tortura y otros malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

Las autoridades se abstenían por sistema de poner en marcha investigaciones prontas, efectivas e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hubo algunos casos en los que se iniciaron actuaciones penales, pero en la mayoría la investigación subsiguiente no permitió establecer la identidad de los autores o confirmar la participación de funcionarios públicos en los hechos, o concluyó que los funcionarios no habían cometido abusos. Sólo en contadas excepciones la investigación dio lugar al procesamiento de agentes de policía por abuso de autoridad en relación con episodios de tortura y otros malos tratos. No se resolvió un solo caso de desaparición forzada ni de ejecución extrajudicial, ni se llevó ante los tribunales a autores de abusos pertenecientes a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

  • Rustam Aushev, de 23 años y residente en Ingusetia, fue visto por última vez el 17 de febrero en la estación de tren de Mineralnye Vody, en la vecina región de Stavropol. Al día siguiente, un familiar suyo habló con miembros del personal de la estación, quienes le contaron que habían visto cómo unos hombres vestidos de civil detenían a un joven y se lo llevaban en un monovolumen marca Gazelle, escena que además había sido grabada por las cámaras de vigilancia. Según informes, un guardia de seguridad se había dirigido al conductor del monovolumen para pedirle que aparcara el vehículo en la zona destinada al efecto y el conductor le había mostrado una identificación oficial del Servicio Federal de Seguridad. La familia de Rustam Aushev puso estos datos en conocimiento de las autoridades y reclamó una investigación, pero al final del año seguían sin conocerse la suerte y el paradero del joven.
  • Concluyó en Karabulak el primer juicio celebrado en Ingusetia contra dos ex miembros de la policía. Algunas de las acusaciones contra ellos estaban relacionadas con la detención secreta y tortura de Zelimkhan Chitigov, aunque también se enfrentaban a otros cargos. La sentencia se aplazó varias veces durante casi tres meses; hasta que el 7 de noviembre, el juez condenó a ocho años de cárcel a uno de los acusados y absolvió plenamente al otro, que había sido su superior. Víctimas y testigos habían denunciado intimidaciones a lo largo de todo el juicio, durante el cual ambos acusados habían permanecido en libertad. No se había identificado a más responsables a pesar de que Zelimkhan Chitigov se había referido al menos a otro funcionario por su nombre y había denunciado que muchos más habían participado en las interminables sesiones de tortura a las que lo habían sometido durante los tres días que había permanecido en detención secreta.
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