Etiopía

La situation des droits humains : República Democrática Federal de Etiopía

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Girma Wolde-Giorgis
Jefe del gobierno
Hailemariam Desalegn (sustituyó a Meles Zenawi en agosto)

Información general

En agosto, las autoridades anunciaron la muerte del primer ministro Zenawi, que había gobernado Etiopía durante 21 años. Se nombró a Hailemariam Desalegn como sucesor y se designó a tres viceprimeros ministros para incluir representación de todos los partidos de base étnica en la coalición gobernante.

El gobierno siguió ofreciendo grandes extensiones de tierra en arrendamiento a inversores extranjeros. En muchos casos, esto coincidió con el programa de creación de nuevos pueblos en los que reasentar a cientos de miles de personas. Ambas acciones fueron acompañadas con frecuencia de numerosas denuncias de desalojos forzosos en gran escala.

Continuaron las escaramuzas entre el ejército etíope y grupos rebeldes armados en varias zonas del país, como las regiones de Somali, Oromia y Afar.

Las fuerzas etíopes siguieron llevando a cabo operaciones militares en Somalia. Se tuvo noticia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos cometidos por tropas etíopes y milicias aliadas del gobierno somalí.

En marzo, las fuerzas etíopes hicieron dos incursiones en Eritrea y después informaron de que habían atacado campamentos donde afirmaron que recibían adiestramiento grupos rebeldes etíopes (véase el apartado sobre Eritrea). Etiopía culpó a Eritrea de respaldar a un grupo rebelde que había atacado a turistas europeos en la región de Afar en enero.

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Libertad de expresión

Algunos periodistas y miembros de partidos políticos de oposición fueron condenados a largas penas de cárcel por cargos de terrorismo por pedir reformas, criticar al gobierno o mantener vínculos con movimientos de protesta pacíficos. Gran parte de las pruebas utilizadas contra estas personas eran simplemente ejemplos de su ejercicio del derecho a la libertad de expresión y asociación.

Los juicios se vieron empañados por graves irregularidades, como la ausencia de investigación de las denuncias de tortura, la negación o restricción del acceso a asistencia letrada, y el uso como prueba admisible de confesiones obtenidas mediante coacción.

  • En enero, los periodistas Reyot Alemu, Woubshet Taye y Elias Kifle, el líder de un partido opositor Zerihun Gebre-Egziabher y la ex partidaria de la oposición Hirut Kifle fueron declarados culpables de delitos de terrorismo.
  • En junio se impusieron al periodista Eskinder Nega, al líder opositor Andualem Arage y a otros disidentes penas de entre ocho años de cárcel y cadena perpetua por cargos de terrorismo.
  • En diciembre, los líderes opositores Bekele Gerba y Olbana Lelisa fueron condenados a 8 y 13 años de prisión, respectivamente, por “provocación de delitos contra el Estado”.

Entre julio y noviembre, cientos de musulmanes fueron detenidos en el contexto de una serie de protestas celebradas en todo el país contra las presuntas restricciones a la libertad de religión impuestas por el gobierno. Aunque muchos detenidos quedaron en libertad más tarde, un gran número de personas continuaban bajo custodia al terminar el año, entre ellas algunas personalidades clave del movimiento de protesta. El gobierno hizo considerables esfuerzos para acallar el movimiento y reprimir la información sobre las protestas.

  • En octubre se presentaron cargos en virtud de la Proclamación Antiterrorista contra 29 figuras destacadas del movimiento de protesta, incluidos miembros de un comité designado por la comunidad para representar sus agravios ante el gobierno, y al menos un periodista.
  • En mayo y en octubre, los corresponsales de Voice of America estuvieron detenidos temporalmente y fueron interrogados sobre entrevistas que habían realizado a manifestantes.

Los escasos vestigios que aún quedaban de medios de comunicación independientes fueron sometidos a aún más restricciones.

  • En abril, Temesgen Desalegn, director de Feteh, una de las últimas publicaciones independientes que quedaban, fue multado por desacato al tribunal por “cobertura sesgada” del juicio de Eskinder Nega y otras personas. Feteh había publicado declaraciones de algunos encausados. En agosto se presentaron cargos en contra de Temesgen Desalegn por artículos que había escrito o publicado y que se consideraron críticos con el gobierno, o en los que se pedían protestas pacíficas contra la represión gubernamental. Quedó en libertad tras permanecer bajo custodia unos días, y los cargos se retiraron.

En mayo, las autoridades emitieron una directiva que exigía a las imprentas que eliminaran de las publicaciones que imprimían todo contenido que el gobierno pudiera definir como “ilegal”. Debido a la excesiva amplitud de las disposiciones de la Proclamación Antiterrorista, muchos contenidos legítimos podían ser considerados ilegales.

  • En julio, un número de Feteh fue incautado tras poner objeciones las autoridades estatales a una noticia de primera plana sobre las protestas de los musulmanes y a otra en la que se especulaba sobre la salud del primer ministro. Más tarde, la imprenta Berhanena Selam, gestionada por el Estado, se negó a imprimir Feteh o Finote Netsanet, la publicación del principal partido opositor, Unidad para la Democracia y la Justicia. En noviembre, el partido anunció que el gobierno había impuesto una prohibición total a Finote Netsanet.

Se bloquearon numerosos sitios web de noticias, política y derechos humanos.

En julio, el Parlamento aprobó la Proclamación sobre Delitos de Fraude en las Telecomunicaciones, que obstaculizaba la provisión y el uso de diversas tecnologías de Internet y de telecomunicaciones.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

La Proclamación sobre Organizaciones Benéficas y Asociaciones y las directivas relacionadas con ella seguían imponiendo importantes restricciones a la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular al negarles el acceso a financiación imprescindible.

  • En octubre, el Tribunal Supremo confirmó la decisión de congelar aproximadamente un millón de dólares estadounidenses en activos de las dos organizaciones de derechos humanos más destacadas del país: el Consejo de Derechos Humanos y la Asociación Etíope de Abogadas. Las cuentas fueron congeladas en 2009 tras la aprobación de la Proclamación.
  • En agosto, la Agencia de Entidades Benéficas y Sociedades del gobierno denegó al Consejo de Derechos Humanos, la ONG de derechos humanos más antigua del país, el permiso para realizar una serie de actividades de recaudación de fondos propuestas en el ámbito nacional.

Se denunció que la Agencia había comenzado a aplicar una disposición incluida en la ley que exigía que la labor de las ONG fuera supervisada por un organismo gubernamental pertinente, lo que ponía en grave peligro la independencia de las ONG.

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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos a personas que estaban bajo custodia eran prácticas muy extendidas, sobre todo durante los interrogatorios y durante la custodia policial preventiva. Normalmente, los presos podían recibir puñetazos, bofetadas y golpes con palos y otros objetos, ser esposados y colgados de la pared o el techo, sufrir privación del sueño o permanecer en régimen de aislamiento durante periodos prolongados. En algunos casos se recibieron noticias sobre electrocución, simulacro de ahogamiento y suspensión de pesos de los genitales. Se obligaba a muchos presos a firmar confesiones y se usaba a reclusos para imponer castigos físicos a otros presos.

No se investigaron las denuncias de tortura realizadas por detenidos, ni siquiera las formuladas ante los tribunales.

Las condiciones de reclusión eran duras. Los alimentos y el agua eran escasos, y los servicios de saneamiento, muy deficientes. El tratamiento médico era inadecuado y a veces se les negaba a los presos. Se informó de muertes bajo custodia.

  • En febrero, Andualem Arage, líder opositor encarcelado, fue brutalmente golpeado por otro preso al que se había trasladado a su celda unos días antes. Más tarde, otro líder opositor, Olbana Lelisa, fue objeto del mismo trato, según la información recibida.
  • En septiembre se indultó a dos periodistas suecos condenados en 2011 a 11 años de prisión por cargos de terrorismo. Tras su liberación, los dos denunciaron que habían sido obligados a autoincriminarse y que los habían sometido a un simulacro de ejecución antes de permitirles el acceso a su embajada o a un abogado.
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Detención y reclusión arbitrarias

Las autoridades detuvieron a miembros de partidos políticos de oposición y a otros opositores o presuntos opositores políticos. La detención arbitraria era práctica generalizada.

Algunas personas desaparecieron después de ser detenidas, según sus familias. Las autoridades pusieron en el punto de mira a familiares de personas detenidas, a los que detuvieron e interrogaron. Se denunció el uso de lugares de detención no oficiales.

  • En enero, el Partido de la Unidad Panetíope pidió la liberación de 112 miembros del partido que, según información facilitada por el propio partido, habían sido detenidos en la región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur durante una semana de enero.

Cientos de oromos fueron detenidos, acusados de apoyar al Frente de Liberación Oromo.

  • En septiembre, más de un centenar de personas fueron detenidas, según noticias, durante la festividad oromo de Irreechaa.

Un gran número de civiles fueron detenidos y recluidos arbitrariamente, según la información recibida, en la región de Somali por presunto apoyo al Frente Nacional de Liberación de Ogadén (ONLF).

  • Las autoridades mantuvieron recluido arbitrariamente a Yusuf Mohammed, empleado de la ONU, en la ciudad de Jijiga. Según noticias, su reclusión desde 2010 era un intento de obligar a regresar del exilio a su hermano, sospechoso de tener vínculos con el ONLF.

Entre junio y agosto, un gran número de personas de etnia sidama fueron detenidas en la región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. Al parecer, las detenciones se practicaron como respuesta a las nuevas peticiones de un estado regional propio para los sidama. Algunas detenciones tuvieron lugar en agosto coincidiendo con la celebración del año nuevo sidama (Fichee). Muchos detenidos estuvieron recluidos durante breves periodos y después quedaron en libertad. Sin embargo, algunas figuras destacadas de la comunidad continuaron recluidas y fueron acusadas formalmente de delitos contra el Estado.

Se recibieron noticias sobre detenciones practicadas por participar en protestas pacíficas y por oponerse públicamente a ciertos “proyectos de desarrollo”.

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Uso excesivo de la fuerza

En varios incidentes se acusó a la policía de usar fuerza excesiva para responder al movimiento de protesta musulmán. En julio, dos incidentes en Addis Abeba acabaron en violencia, y se denunció entre otras cosas que la policía había disparado con fuego real y había golpeado a los manifestantes en la calle y cuando estaban detenidos, hasta el punto de causar lesiones a muchos de ellos. En al menos otros dos incidentes relacionados con las protestas en otros lugares del país, la policía disparó con fuego real y mató o hirió a varias personas. No se investigó ninguno de estos incidentes.

  • En abril, según noticias, la policía mató a tiros a un mínimo de cuatro personas en Asasa, región de Oromia. Las versiones de los testigos y del gobierno eran contradictorias.
  • En octubre, la policía disparó contra residentes de la localidad de Gerba, región de Amhara: mató al menos a tres personas y causó heridas a otras. Las autoridades afirmaron que habían sido los manifestantes quienes habían iniciado la violencia; los manifestantes denunciaron que la policía había disparado con fuego real contra personas desarmadas.

Al parecer, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en las regiones de Gambella, Afar y Somali.

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Conflicto en la región de Somali

En septiembre, el gobierno y el ONLF mantuvieron breves conversaciones de paz con vistas a poner fin al conflicto que desde hacía dos decenios azotaba la región de Somali. Sin embargo, las conversaciones se estancaron en octubre.

El ejército y la policía Liyu (milicia controlada por el ejército) fueron objeto de reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y violación. Según la información recibida, la tortura y otros malos tratos a los detenidos eran habituales. No se investigó ninguna denuncia, y el acceso a la región siguió estando severamente restringido.

  • En junio, Abdirahman Sheikh Hassan, empleado de la ONU, fue declarado culpable de delitos de terrorismo por sus presuntos vínculos con el ONLF y fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión. Había sido detenido en julio de 2011 tras negociar con el ONLF la liberación de dos trabajadores del Programa Mundial de Alimentos de la ONU secuestrados.
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Desalojos forzosos

El programa de creación de nuevos pueblos, que implicaba el reasentamiento de cientos de miles de personas, se llevó a cabo en las regiones de Gambella, Benishangul-Gumuz, Somali, Afar y Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. Este programa, teóricamente concebido para mejorar el acceso a servicios básicos, pretendía ser voluntario. Sin embargo, según se supo, muchos de los traslados constituyeron desalojos forzosos.

Se recibió información sobre desplazamientos de población en gran escala, a veces acompañados de denuncias de desalojos forzosos, en relación con el arrendamiento de grandes extensiones de terreno a inversores extranjeros y con proyectos de construcción de presas.

Continuaron los proyectos de construcción de grandes presas, que se vieron empañados por graves preocupaciones sobre la ausencia de consulta, el desplazamiento de poblaciones locales sin la aplicación de salvaguardias adecuadas y el negativo impacto ambiental.

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