Bahréin

La situation des droits humains : Reino de Bahréin

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
rey Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno
Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa

Información general

Hubo nuevas protestas contra el gobierno, protagonizadas sobre todo por miembros de la comunidad chií, mayoritaria en el país, que denunciaban que la minoría suní gobernante los marginaba políticamente. Se recibieron noticias sobre manifestantes que habían lanzado cócteles molotov y bloqueado vías públicas. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar algunas manifestaciones. En general, el diálogo político entre el gobierno y la oposición siguió estancado.

En noviembre, el gobierno comunicó que “dos personas asiáticas” habían muerto y una tercera había resultado herida a consecuencia de explosiones de bombas en Manama. Días más tarde, las autoridades retiraron la nacionalidad bahreiní a 31 personas, a quienes acusaron de haber socavado la seguridad del Estado.

El gobierno aplicó varias de las recomendaciones formuladas por la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin en 2011, como la readmisión de trabajadores despedidos y el establecimiento de mecanismos para reformar el cuerpo de policía. Asimismo, en octubre reformó algunos artículos del Código Penal e introdujo una nueva definición de la tortura. Sin embargo, no puso en práctica otras recomendaciones clave de la Comisión, nombrada por el rey en 2011 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del gobierno en la represión de las protestas populares de los primeros meses de 2011. En concreto, no liberaron a todos los presos de conciencia y no emprendieron investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura a personas detenidas ni llevaron a sus responsables ante la justicia. No obstante, el gobierno aceptó más de 140 recomendaciones resultantes del examen periódico universal de la ONU, al que se sometió en mayo, entre ellas algunas que pedían la aplicación de las recomendaciones de la Comisión. Otras recomendaciones, relativas a la abolición de la pena de muerte, fueron rechazadas. En marzo, el gobierno endureció los controles de visado para las ONG extranjeras, y en octubre prohibió todas las concentraciones y reuniones públicas, si bien en diciembre levantó la prohibición. En noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social anuló los resultados de las elecciones al Colegio de Abogados de Bahréin y restituyó a la anterior junta directiva.

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Impunidad

Continuó el clima de impunidad, como podía constatarse por el escaso número de procesamientos de agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad en relación con la escala y la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en 2011. Las autoridades no emprendieron investigaciones independientes sobre todas las denuncias de tortura. Sólo se enjuició a unos cuantos agentes de seguridad de baja graduación y a dos altos mandos en relación con homicidios de manifestantes o torturas y otros abusos contra detenidos cometidos en 2011. Tres de ellos fueron declarados culpables y condenados a siete años de prisión, pero al menos uno permaneció en libertad a la espera de que se resolviera el recurso de apelación. Otros tres fueron absueltos, sentencia que fue recurrida por la fiscalía.

  • En septiembre, un tribunal absolvió a dos agentes de seguridad en relación con el homicidio de dos manifestantes en la plaza de la Perla de Manama el 17 de febrero de 2011. Según la información disponible, sólo se presentaron como prueba las declaraciones de los propios agentes, que no estuvieron presentes en las vistas. La fiscalía recurrió la sentencia en octubre.
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Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad continuaron utilizando fuerza excesiva, y emplearon escopetas y gas lacrimógeno contra manifestantes, en ocasiones en espacios cerrados. Se tuvo noticia de la muerte de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, por disparos o por impacto de botes de gas lacrimógeno. Además, se tuvo noticia de la muerte de al menos 20 personas más por gas lacrimógeno. Por otro lado, las autoridades declararon en septiembre que, desde principios de año, habían resultado heridos 1.500 agentes de seguridad en protestas. En la segunda mitad del año mataron a dos agentes de policía.

  • Hussam al Haddad, de 16 años, murió el 17 de agosto en Al Muharraq tras haber disparado contra él la policía antidisturbios. La investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales concluyó que los disparos estaban justificados como forma de “repeler un peligro inminente”.
  • Ali Hussein Neama, de 16 años, murió el 28 de septiembre en la localidad de Sadad, tras haber recibido en la espalda un disparo efectuado por la policía antidisturbios. Su familia aseguró que la policía les había amenazado y les había impedido acercarse a él cuando estaba tendido en el suelo. En su investigación, la Unidad de Investigaciones Especiales consideró que se había tratado de un “acto de defensa propia” por parte del agente de seguridad y desestimó el caso.
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Tortura y otros malos tratos

El gobierno tomó medidas para mejorar la actuación de la policía, para lo que emitió un nuevo reglamento policial que incluía un código de conducta y formación en derechos humanos. Sin embargo, la policía continuó deteniendo a personas sin orden judicial, recluyéndolas en régimen de incomunicación durante días o semanas, negándoles el acceso a abogados y, al parecer, sometiéndolas a tortura u otros malos tratos, como golpes, patadas, insultos y amenazas de violación.

  • El 26 de julio, Hussein Abdullah Ali Mahmood al Ali fue detenido sin orden judicial en la localidad de Salmabad. Al parecer, fue golpeado y trasladado a un lugar que no se dio a conocer. Según contó, lo torturaron mientras se encontraba recluido en régimen de incomunicación y lo obligaron a firmar una “confesión”. Su familia no supo su paradero hasta pasadas tres semanas, y tanto ella como los abogados tardaron meses en conocer el lugar exacto. Él explicó que le habían aplicado descargas eléctricas y amenazado con violarlo.

Decenas de menores de entre 15 y 18 años, algunos de ellos detenidos en manifestaciones o en el curso de ellas, fueron recluidos en prisiones y centros de detención para adultos; muchos fueron acusados de “reunión ilegal” o de disturbios. En ciertos casos, se los golpeó en el momento de la detención o posteriormente, y se les negó el acceso a sus familias o abogados durante las primeras horas de detención, periodo en el que, al parecer, se los obligó a firmar “confesiones”. Algunos fueron condenados a la cárcel.

  • Salman Amir Abdullah al Aradi, de 16 años, fue detenido en febrero y, nuevamente, en mayo. En esta última ocasión lo trasladaron a la comisaría de policía de Al Hidd y, al parecer, lo golpearon y amenazaron con violarlo para que firmara una “confesión” sin que se hallara presente su familia ni un abogado. A continuación, lo acusaron de “reunión ilegal” y de otros delitos y, tras declararlo culpable, en julio le impusieron una condena de un año de prisión, que fue confirmada en apelación.
  • Mariam Hassan Abdali al Khazaz, de 17 años de edad, afirmó que la policía la había golpeado y propinado patadas tras su detención en Manama, después de una protesta el 21 de septiembre. La obligaron a firmar una “confesión” sin que se hallara presente su familia ni un abogado y la acusaron de “reunión ilegal”, agresión a un agente de policía y otros delitos. El 17 de octubre quedó en libertad bajo fianza y estaba en espera de juicio al finalizar el año.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas

Las autoridades hostigaron, detuvieron y condenaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y a otros activistas, y los medios de comunicación estatales los denigraron.

  • Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, fue uno de los más hostigados, pues lo detuvieron y procesaron en reiteradas ocasiones. En mayo lo acusaron de “insultar a una institución nacional” por unos comentarios que publicó en Twitter sobre el Ministerio del Interior. El 9 de julio lo condenaron a tres meses de prisión por haber criticado al primer ministro. El 16 de agosto lo declararon culpable de participación en “reuniones ilegales” y de “perturbar el orden público”, y lo condenaron a tres años de prisión, que se redujeron a dos en diciembre. Fue considerado preso de conciencia.
  • Zainab al Khawaja fue detenida en abril y recluida durante seis semanas por haberse sentado en la vía pública para protestar por la detención de su padre y por otras violaciones de derechos humanos. En agosto, la detuvieron de nuevo y la condenaron a dos meses de prisión por haber roto una foto del rey. En octubre salió en libertad bajo fianza, pero en diciembre volvieron a detenerla y la condenaron a un mes de prisión, en espera de que se presentaran nuevos cargos en su contra. Quedó en libertad al final del año.

En agosto varios relatores especiales de la ONU instaron conjuntamente al gobierno bahreiní a dejar de hostigar a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

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Presos de conciencia

Seguía habiendo presos de conciencia, algunos de ellos condenados por las protestas populares masivas de 2011. Parecían hallarse recluidos por sus opiniones contra el gobierno.

  • Ebrahim Sharif, Abdulhadi al Khawaja y otras 11 personalidades críticas con el gobierno cumplían penas de entre cinco años de prisión y cadena perpetua. Tanto las sentencias condenatorias como las penas se confirmaron en septiembre. Aunque no había pruebas de que hubieran utilizado la violencia o propugnado su uso, los habían declarado culpables de constituir grupos terroristas para derrocar al gobierno y cambiar la Constitución y de otros cargos que negaron.
  • En octubre, el Tribunal Penal Superior de Apelación confirmó la sentencia condenatoria contra Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb, ex presidente de la Asociación de Profesores de Bahréin, pero le redujo la pena de 10 a 5 años de prisión. Había sido juzgado sin garantías por un tribunal militar y declarado culpable en septiembre de 2011 de llamar al profesorado a la huelga, incitar al odio y tratar de derrocar al gobierno por la fuerza, pese a no haber pruebas de los cargos. Afirmó haber sido torturado tras su detención en 2011, cuando se encontraba en prisión preventiva en régimen de incomunicación.
  • Seis profesionales de la salud, entre ellos Ali Esa Mansoor al Ekri y Ghassan Ahmed Ali Dhaif, fueron detenidos en octubre, un día después de que el Tribunal de Casación confirmara sus sentencias condenatorias y las penas, reducidas, de entre un mes y cinco años de prisión que les habían impuesto en junio. Inicialmente, en septiembre de 2011, se los había condenado a entre 5 y 15 años de prisión en un juicio injusto. El tribunal de apelación había anulado las sentencias condenatorias de varios profesionales más. Dos de los seis quedaron en libertad tras haber cumplido condena, pero los otros cuatro se encontraban recluidos en la prisión de Al Jaw al concluir el año.
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Libertad de reunión

El 30 de octubre, el ministro del Interior prohibió todas las concentraciones y reuniones con el pretexto de que permitían expresar oposición al gobierno y daban lugar a disturbios, actos de violencia y destrucción de bienes. Explicó que la prohibición se prolongaría hasta que “se mant[uviera] la seguridad”, y que se procesaría a cualquier persona que la contraviniera. La prohibición se levantó en diciembre, y el Ministerio del Interior anunció una propuesta de reforma del Código de Reuniones, Procesiones y Concentraciones Públicas que restringía el derecho a la libertad de reunión.

  • Sayed Yousif Almuhafdah, activista de derechos humanos, fue detenido el 2 de noviembre por haber asistido a una reunión no autorizada con el fin de documentar la actuación de la policía con respecto a los manifestantes. Quedó en libertad dos semanas más tarde, y se retiraron los cargos de “reunión ilegal” que pesaban en su contra. Volvió a ser detenido en diciembre y fue acusado de “difundir noticias falsas”.
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Pena de muerte

Se tuvo noticia de la imposición, en marzo, de una condena a muerte, que fue confirmada por el Tribunal de Apelación en noviembre. No hubo ejecuciones. El Tribunal de Casación anuló dos condenas a muerte que un tribunal militar había impuesto en 2011, y los dos acusados fueron juzgados nuevamente, esta vez ante un tribunal civil.

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