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Costa de Marfil debe transferir de inmediato a La Haya a Simone Gbagbo para que se investigue su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad, ha manifestado Amnistía Internacional después de que la Corte Penal Internacional (CPI) revelara que tiene pendiente una orden de detención dictada en su contra. 

El jueves, la CPI hizo pública una orden de detención que había dictado en febrero de este año en contra de Gbagbo por cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia que se desencadenó en 2010 tras las elecciones —asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, así como otros actos inhumanos y persecución—. Su esposo Laurent Gbagbo, ex presidente de Costa de Marfil, fue transferido el pasado noviembre a la CPI después de que la Corte dictase una orden de detención en su contra por cargos de crímenes de lesa humanidad. 

En la orden de detención dictada por la CPI, se acusa a Simone Gbagbo —de la que se sabe que lleva oficialmente bajo arresto domiciliario desde el mes pasado en Odienné, al norte de Costa de Marfil— de ser coautora indirecta de estos crímenes y se la describe como el "alter ego" de su esposo. 

“Cuando las autoridades de Costa de Marfil trasfirieron a Laurent Gbagbo a la CPI para que fuese investigado, esto supuso un paso clave para abordar la impunidad por abusos cometidos en el pasado en Costa de Marfil”, ha señalado Tawanda Hondora, director adjunto del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“Ahora se debe transferir también a Simone Gbagbo sin demora a la CPI a fin de garantizar la colaboración plena con la investigación de la fiscal, y la transferencia se debe llevar a cabo con arreglo a los procedimientos establecidos en el Estatuto de Roma.”

La CPI lleva desde octubre de 2011 investigando delitos de derecho internacional cometidos en Costa de Marfil durante la violencia que se desencadenó tras las elecciones entre las fuerzas partidarias de Gbagbo y las de Alassane Outtara un año antes. Amnistía Internacional ha pedido repetidamente a las autoridades del país y a la fiscal de la CPI que investiguen los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes y que la organización lleva documentando desde 2002.

Aunque se ha acusado de cometer crímenes a ambas partes, las dos órdenes de detención dictadas hasta la fecha por la CPI en relación con Costa de Marfil se centran en presuntos crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Costa de Marfil, así como milicias juveniles y mercenarios leales al presidente Gbagbo. 

“Se debe hacer justicia a las víctimas de todas las partes”, ha manifestado Hondora. 

“Lo que significa que tanto la CPI como el sistema de justicia de Costa de Marfil deben investigar plenamente a los posibles sospechosos de ambas partes y abordar todos los delitos, entre ellos, la violencia sexual.”

Costa de Marfil no es Estado Parte en el Estatuto de Roma que estableció la CPI, pero otorgó a la Corte jurisdicción sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el país desde 2002. 

Amnistía Internacional sigue instando a Costa de Marfil a ratificar el Estatuto de Roma, aplicarlo plenamente en la legislación nacional y llevar a cabo investigaciones completas sobre presuntos crímenes cometidos por todas las partes de 2002 a 2010.