Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

10 juillet 2012

Primera condena de la CPI: 14 años de prisión para Lubanga Dyilo

Primera condena de la CPI: 14 años de prisión para Lubanga Dyilo
Lubanga fue detenido en 2006 por el reclutamiento forzoso de niños y niñas soldados.

Lubanga fue detenido en 2006 por el reclutamiento forzoso de niños y niñas soldados.

© REUTERS/Evert-Jan Daniels


Esta primera condena marca un hito. Transmite el siguiente mensaje al mundo: toda persona que reclute o use niños y niñas como soldados será juzgada y encarcelada.
Source: 
Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional
Date: 
Ma, 10/07/2012

En la primera condena de su historia, la Corte Penal Internacional ha impuesto 14 años de prisión a Thomas Lubanga Dyilo por reclutar y usar a niños y niñas soldados en un conflicto armado. Éste es un momento histórico para la justicia internacional, ha afirmado Amnistía Internacional.

La condena tiene en cuenta que Lubanga lleva bajo custodia desde que fue detenido en 2006. En un principio, la fiscalía había pedido una condena de 30 años de cárcel.

“Esta primera condena marca un hito. Transmite el siguiente mensaje al mundo: toda persona que reclute o use niños y niñas como soldados será juzgada y encarcelada”, declaró Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.  

“La sentencia de hoy demuestra que la Corte Penal Internacional es plenamente operativa.”

Al decidir la acusación limitar los cargos a reclutamiento, alistamiento y uso de niños y niñas soldados, la Corte no ha considerado las denuncias de otros crímenes cometidos por las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC) bajo el mando de Lubanga Dyilo –entre ellos delitos de violencia sexual– con lo cual posiblemente se esté negando a muchas más víctimas el derecho a recibir justicia y reparación.  

Sin embargo, la Corte sí añadió en marzo estos delitos a la orden de detención ya dictada contra uno de los adjuntos de Lubanga, Bosco Ntaganda, que actualmente lidera el grupo armado M23 en la provincia de Kivu Septentrional, en el este de la República Democrática del Congo.

“Es crucial que los acusados de los próximos juicios se enfrenten a la lista completa de cargos, y no a una reducida por conveniencia”, declaró Michael Bochenek.

La jueza que ha copresidido el tribunal junto con otros dos magistrados ha emitido una carta en la que expresa su opinión discrepante con la decisión mayoritaria que ha fundamentado la condena, pues alega que tal decisión no ha tenido en cuenta el alcance del daño que las víctimas y sus familiares han sufrido ni los castigos sexuales y extremamente violentos impuestos a los niños y niñas reclutados.  

El presidente del tribunal, Adrian Fulford, afirmó que, aunque los delitos eran efectivamente graves, la Corte había tomado en consideración el grado de cooperación que Lubanga había mostrado durante todo el juicio.

Lubanga fue detenido en marzo de 2006 por delitos que cometió entre 2002 y 2003, cuando reclutó por la fuerza a niños y niñas soldados para las FPLC. El inicio del juicio estaba previsto para 2007, pero al final comenzó en 2009, y la sentencia condenatoria se dictó en marzo de 2012.

Thomas Lubanga fue presuntamente el fundador y presidente de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) y comandante en jefe de su brazo armado, las FPLC. Este grupo armado participó en numerosos abusos contra los derechos humanos, como el secuestro y uso de niños y niñas soldados. Grupos armados congoleños y extranjeros siguen reclutando y usando a menores de edad en conflictos armados. Por su parte, el ejército nacional congoleño también ha utilizado a niños y niñas como soldados. Las fuerzas del M23 dirigidas por Bosco Ntaganda siguen reclutando por la fuerza a civiles, entre ellos menores de edad. En varias ocasiones, Amnistía Internacional ha tenido noticia de muertes de civiles que se negaron a ingresar en las filas del M23.

Ahora se iniciará el proceso de reparaciones a las víctimas de estos delitos. No obstante, como la sentencia sólo versa sobre un conjunto relativamente reducido de delitos, el número de víctimas con derecho a reparación es menor que si la lista de delitos hubiese sido más amplia. De hecho, el grupo de víctimas con derecho a reparación es tan sólo una pequeña parte de las personas que realmente sufrieron abusos.  

La fiscalía tampoco ha recuperado los activos vinculados a Lubanga para incluirlos en las indemnizaciones, por lo que la carga del pago de indemnizaciones recaerá en el “Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas” de la Corte Penal Internacional y a los gobiernos de los Estados.  

En marzo, a raíz de la sentencia condenatoria de Lubanga, el Fondo Fiduciario aumentó su reserva de 158.000 libras esterlinas (200.000 euros) a 951.000 libras esterlinas (1,2 millones de euros) para delitos juzgados por la Corte, pero incluso con ese aumento será difícil hacer frente a las cuantiosas demandas de reparación, sobre todo porque los gobiernos nacionales han reducido sus contribuciones a fondos de esta índole debido a la crisis económica mundial.

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