Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

13 juin 2012

México debe liberar a los activistas indígenas encarcelados por cargos falsos

México debe liberar a los activistas indígenas encarcelados por cargos falsos
Los activistas indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron encarcelados por un delito que no han cometido.

Los activistas indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron encarcelados por un delito que no han cometido.

© Amnistía Internacional


José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz son víctimas de un sistema judicial que en muchas ocasiones discrimina a las personas indígenas y sin recursos. El caso que se instruye en su contra no se sostiene ante un examen riguroso.
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Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha instado hoy a las autoridades mexicanas a liberar de manera inmediata e incondicional a los dos hombres indígenas que fueron encarcelados tras un juicio injusto en el céntrico estado de Puebla.

En una carta entregada el martes a funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –ante la cual se ha presentado un amparo– la organización pide que el caso sea revisado según las normas internacionales sobre juicios justos y la Constitución mexicana.

En 2010, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, de la comunidad indígena nahua de Atla, fueron condenados a siete años de cárcel por cargos falsos de robo de un automóvil.  Ambos niegan los cargos y Amnistía Internacional los considera presos de conciencia tras concluir que fueron detenidos y encarcelados como represalia por trabajar en la mejora del acceso de su comunidad a la red de suministro de agua.

“José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz son víctimas de un sistema judicial que en muchas ocasiones discrimina a las personas indígenas y sin recursos. El caso que se instruye en su contra no se sostiene ante un examen riguroso”, afirma Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“Instamos a las autoridades mexicanas a liberar de manera inmediata e incondicional a estos dos presos de conciencia y a anular sus sentencias condenatorias, resultado de una investigación y un enjuiciamiento que pueden calificarse de auténtica farsa”.

Amnistía Internacional ha documentado otros varios casos en los que defensores mexicanos de los derechos humanos han sido enjuiciados y condenados sobre la base de pruebas fabricadas.

En el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, no se realizó una investigación apropiada que respaldase los cargos y el juez no tuvo en consideración las pruebas aportadas por la defensa, a la vez que aceptaba sin cuestionarlos los argumentos de la acusación.

Todo ello se vio complicado por el hecho de que los acusados, que tienen dificultades para expresarse en español, en ningún momento contaron con los servicios de un intérprete ni de un abogado que conociese su cultura ni su idioma nativo.

“Hubiéramos entendido mejor en náhuatl, porque es nuestro dialecto, y nuestras tradiciones”, ha explicado José Ramón Aniceto Gómez a Amnistía Internacional.

“A veces hemos platicado yo con Pascual, ojalá que saliéramos algún mes o algún día, allí vamos a vivir contentos -trabajar- hacer trabajos, portarse bien, no demostrarle a los otras personas como enemigos, hay que mostrarles un buen pensamiento, buenos conocimientos.”

Ambos han cumplido más de dos años de los siete a que fueron condenados en la prisión de Huauchinango, donde no pueden visitarlos sus familiares regularmente debido al costo y a las dificultades que entraña el viaje a través de las montañas desde Atla.

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron elegidos por su comunidad en 2008 como responsables de obras públicas. Ambos desempeñaban un papel fundamental en el acceso de la comunidad al suministro de agua corriente.

El proyecto contemplaba el acceso al suministro de agua para más familias, pero se vio interrumpido después de que el poderoso grupo local que controla el suministro de agua acusara a los dos hombres de robar un automóvil. Pese a la falta de pruebas que demostrasen tales acusaciones, los hombres fueron detenidos, juzgados y condenados.

“Aunque las autoridades mexicanas han aprobado y financiado el proyecto para suministrar agua a la comunidad indígena de Atla, fueron incapaces de evitar las represalias contra los líderes del proyecto y no impidieron que fuesen encarcelados por un delito que no habían cometido”, declara Javier Zúñiga.

“De acuerdo con las obligaciones internacionales de México al respecto de los derechos humanos (y porque se lo deben a estos dos hombres y a la comunidad indígena a la que representan), las autoridades han de realizar una investigación completa sobre lo que ocurrió. Los responsables de las represalias contra estos presos de conciencia deberán comparecer ante la justicia.”

En Ciudad de México, el martes, y en muchas otras ciudades de todo el mundo hoy, Amnistía Internacional encabezará actos públicos en solidaridad con José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, en los que se pedirá su liberación inmediata e incondicional.

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