República Checa

La situation des droits humains : República Checa

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Václav Klaus
Jefe del gobierno
Petr Nečas
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,5 millones
Esperanza de vida
77,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
3,5 por cada 1.000

Discriminación: romaníes

En marzo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló que el discurso racista y antirromaní seguía siendo habitual entre los políticos de los principales partidos, tanto a escala nacional como local. Al igual que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el comisario expresó también su preocupación por la perpetuación de la segregación ilegal y sistémica de los niños romaníes en la educación general.

Racismo y ataques violentos

  • Tras tensiones surgidas entre romaníes y no romaníes en Nový Bydžov, en la región de Hradec Králové, el alcalde de la localidad había afirmado en noviembre de 2010: “Los ciudadanos [...] quieren que los romaníes desaparezcan, pero [...] las autoridades locales tienen las manos atadas por las leyes”. Representantes del Partido de los Trabajadores por la Justicia Social acogieron con satisfacción las palabras del alcalde y anunciaron su disposición a ayudar al municipio. El 12 de marzo, el partido organizó una marcha en Nový Bydžov. Tres hombres romaníes fueron agredidos por los manifestantes. Las ONG expresaron su preocupación al tener noticia de que la policía había hecho uso excesivo de la fuerza frente a contramanifestantes pacíficos que intentaban levantar una barricada para impedir que la marcha atravesara un barrio de población mayoritariamente romaní.
  • El Tribunal Superior ratificó en marzo la decisión del Tribunal Regional de Ostrava, que había declarado a cuatro hombres culpables de intento de homicidio y daños contra la propiedad basados en motivos raciales por el incendio provocado de la vivienda de una familia romaní en el pueblo de Vítkov en 2009. En julio, los agresores recurrieron la decisión del Tribunal Superior ante el Tribunal Supremo, que rechazó el recurso en diciembre.
  • El 11 de julio se informó de un incendio provocado en Býchory, localidad del centro de Bohemia. No hubo heridos. Una portavoz de la policía contó a los medios de comunicación que los agresores habían recorrido el barrio gritando eslóganes racistas. A las pocas horas, la policía detuvo a cuatro hombres. La fiscalía regional presentó cargos contra uno de los detenidos por intentar causar lesiones graves por motivos racistas. Los tres restantes fueron acusados de violencia contra un grupo de personas y contra particulares.
  • En agosto, tras dos incidentes entre romaníes y no romaníes, grupos políticos “ultraderechistas”, entre ellos el Partido de los Trabajadores por la Justicia Social, protagonizaron varias protestas antirromaníes en las localidades de Nový Bor, Rumburk, Varnsdorf y Šluknov, en el norte de Bohemia. Las protestas, que se caracterizaron por violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, continuaron hasta finales de septiembre. Se desplegaron unidades especiales de policía para mantener el orden público. Altos cargos públicos, entre ellos el presidente, condenaron la violencia antirromaní, y la portavoz de la policía expresó la determinación de impedir los abusos de motivación racial.

El ministro del Interior se reunió el 8 de noviembre con los alcaldes de la zona de Šluknov en respuesta al aumento de la tensión entre romaníes y no romaníes allí y anunció la creación de una unidad especial de policía para velar por el orden público. Según informes, el primer ministro afirmó que las tensiones eran producto de unas políticas de protección social excesivamente generosas y que el Estado no debía ayudar a “vagos y delincuentes” que abusaban de las prestaciones.

Educación

Alrededor de 50 expertos de ONG, instituciones académicas y agencias gubernamentales dimitieron en mayo de sus grupos de trabajo del Ministerio de Educación en señal de protesta por la insuficiente asignación de recursos por parte del gobierno para aplicar el Plan Nacional de Acción para la Educación Inclusiva, y por su negativa actitud para implementar las reformas necesarias. Los expertos manifestaron que quedarse sería equivalente a participar en un ejercicio de “escaparatismo” con que enmascarar la falta de acción de las autoridades.

Continuaron las críticas al gobierno también por no dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa D.H. and Others v. Czech Republic, según la cual el Estado había discriminado al alumnado romaní en el acceso a la educación. La sentencia obligaba a la República Checa a tomar medidas de prevención contra la discriminación y abordar sus consecuencias. En mayo, el gobierno aprobó reformas de los decretos sobre provisión de servicios de asesoramiento en escuelas y sobre educación de personas con necesidades especiales. Las reformas entraron en vigor el 1 de septiembre, pero las ONG locales expresaron la preocupación de que no constituyeran un marco normativo lo bastante firme para poder aplicar la sentencia del Tribunal Europeo. Además, en agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial había afirmado que los decretos reformados podían reforzar en la práctica la discriminación.

Tras someterlo a revisión en junio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa pidió al gobierno que acelerara la aplicación del Plan Nacional de Acción y facilitara información precisa sobre el estado en que se encontraba. El Comité expresó además su preocupación por todo lo que aún faltaba por hacer para garantizar que los menores de edad romaníes no fueran discriminados en el sistema educativo.

Vivienda

  • En agosto, el Tribunal Regional de Praga rechazó dos denuncias de discriminación étnica y segregación de romaníes en el acceso a la vivienda. Ambas estaban relacionadas con el desalojo de familias romaníes de la localidad de Kladno para llevarlas a unas viviendas inadecuadas situadas en un antiguo matadero alejado de la población. El tribunal sostuvo que el realojo de las familias no constituía segregación ni discriminación, y no pidió explicaciones al municipio de por qué sólo se había llevado a ese lugar a romaníes. La ONG Z§vůle práva, que representaba a los romaníes, recurrió la decisión ante el Tribunal Superior.

Esterilización forzada de mujeres romaníes

  • El Tribunal Supremo resolvió en junio que el Tribunal Superior de Olomouc, en Moravia, debía revisar el caso de una mujer romaní a la que presuntamente habían esterilizado sin su consentimiento informado. El Tribunal Supremo discrepó de la decisión del tribunal inferior de que la víctima de esterilización no tenía derecho a ser indemnizada porque el delito había prescrito.
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Derechos de las personas migrantes

La entrada en vigor en enero de legislación que ampliaba a 18 meses el periodo máximo que un inmigrante podía permanecer detenido suscitó profunda preocupación porque daba pie a que algunos ciudadanos extranjeros se consumieran bajo custodia sólo por motivos de control de la inmigración. En julio, el Ministerio del Interior presentó un anteproyecto de ley sobre la Estancia de Extranjeros, que mantenía la ampliación del periodo máximo de detención de inmigrantes. Además, el defensor del Pueblo para los Derechos Humanos expresó la preocupación de que, si se adoptaba e implementaba, esta ley sancionaría un sistema discriminatorio de dos niveles para los ciudadanos checos y sus familiares de países no pertenecientes a la Unión Europea.

  • Se formularon denuncias verosímiles de tráfico de trabajadores migrantes y fraude en la industria forestal, donde se obligaba a hacer jornadas de hasta 12 horas sin recibir salario. Algunas personas llevaban meses sin cobrar. Al final del año continuaba abierta una investigación policial sobre estas denuncias, pero existía preocupación por su lentitud y su falta de eficacia. Las empresas forestales checas siguieron contratando nuevos trabajadores para la temporada de 2011.
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