Pakistán

La situation des droits humains : República Islámica de Pakistán

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Asif Ali Zardari
Jefe del gobierno
Yusuf Raza Gilani
Pena de muerte
retencionista
Población
176,7 millones
Esperanza de vida
65,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
87 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
55,5 por ciento

Información general

La situación de los derechos humanos continuaba siendo mala, y los miembros de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad participaban con frecuencia en violaciones de estos derechos. A menudo, las autoridades no querían o no podían ofrecer protección a las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, los periodistas y otros grupos expuestos a abusos, y tampoco procesaban a los responsables de estos abusos. Apenas tuvieron efecto las promesas de las autoridades federales y provinciales sobre Baluchistán, que pretendían mejorar el Estado de derecho en esta provincia asolada por la violencia con medidas como una mayor supervisión de la policía y del Cuerpo de Fronteras (fuerza de seguridad de estructura militar), un aumento de las contrataciones de personas de etnia baluchi en los servicios públicos y un incremento de la parte correspondiente a la provincia en el presupuesto nacional.

Casi medio millón de personas continuaban desplazadas a consecuencia del persistente conflicto entre las fuerzas de seguridad y los talibanes paquistaníes, mientras que las comunidades que regresaban a regiones arrebatadas a la insurgencia denunciaban falta de seguridad y de acceso a servicios básicos. A pesar de que se había expulsado de la zona a los talibanes paquistaníes, en el distrito de Malakand se estableció un sistema judicial paralelo, basado en una limitada interpretación de la sharia (ley islámica), lo que suscitó el temor de que pudieran aplicarse los severos códigos sociales talibanes. En junio, el presidente Zardari concedió a las fuerzas de seguridad del Noroeste inmunidad con carácter retroactivo, así como amplios poderes para practicar detenciones arbitrariamente e imponer castigos. El 14 de agosto, Día de la Independencia de Pakistán, el presidente aprobó reformas históricas, que ampliaban el Decreto Relativo a los Partidos Políticos, de 2002, a las Zonas Tribales bajo Administración Federal y modificaban el Reglamento sobre Delitos Fronterizos, ley de la época colonial británica que privaba a los habitantes de la región de muchos de sus derechos humanos y de garantías de protección establecidas en la Constitución de Pakistán. Las reformas limitaban las competencias del Estado para practicar detenciones arbitrariamente e imponer castigos colectivos, otorgaban a la población local el derecho a recurrir judicialmente las decisiones adoptadas con arreglo al Reglamento y permitían el funcionamiento de partidos políticos en la región.

El 9 de junio, Pakistán ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En septiembre retiró la mayoría de sus reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención contra la Tortura, pero mantuvo otras reservas problemáticas que impedían a las personas no musulmanas ocupar el cargo de primer ministro o presidente y discriminaban a las mujeres al negarles la igualdad en materia de herencia.

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Violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia actuaban casi siempre con impunidad y estaban acusados de violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y homicidio de civiles, periodistas, activistas y presuntos miembros de grupos armados en ataques indiscriminados y ejecuciones extrajudiciales.

Ejecuciones extrajudiciales

Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales eran habituales en la provincia de Baluchistán y en el Noroeste, así como en Karachi, que se vio asolada por la violencia.

  • El 28 de abril, el activista de derechos humanos Siddique Eido y su amigo Yousuf Nazar Baloch fueron hallados muertos en la zona de Pargari Sarbat, en Baluchistán. Según testigos, unos hombres vestidos de civil y acompañados por fuerzas del Cuerpo de Fronteras los habían secuestrado el 21 de diciembre de 2010, pese a que viajaban con policías. En los informes hospitalarios se afirmaba que sus cadáveres presentaban heridas de bala y señales de torturas.
  • El 8 de junio, un equipo de televisión grabó la ejecución extrajudicial de Sarfaraz Shah por los Rangers (fuerza de seguridad de estructura militar) en un parque de Karachi. Tras la intervención del Tribunal Supremo, el gobierno de Sind destituyó a altos mandos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y el 12 de agosto, el Tribunal Antiterrorista condenó a muerte por el asesinato a uno de los agentes de los Rangers. Otros cinco agentes del cuerpo y un civil fueron condenados a cadena perpetua. Todos ellos recurrieron las condenas ante el Tribunal Superior de Sind.
  • El 17 de mayo, fuerzas policiales y del Cuerpo de Fronteras mataron a cinco extranjeros en Quetta, entre los que había una mujer en avanzado estado de gestación, alegando que se trataba de un comando suicida. Una investigación concluyó que las víctimas no iban armadas, y dos agentes de policía fueron suspendidos. Un periodista que había hecho fotografías de los homicidios tuvo que ocultarse tras recibir amenazas de muerte y el médico que practicó las autopsias a las víctimas fue agredido. Posteriormente, unos desconocidos mataron al médico. Según informes, otros testigos recibieron amenazas de personal de seguridad.

Desapariciones forzadas

El Estado no procesó a los responsables de desapariciones forzadas; la mayoría de las víctimas continuaban en paradero desconocido. En marzo, el gobierno creó una nueva Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, pero tardó seis meses en designar al juez del Tribunal Supremo retirado Javed Iqbal para que la encabezase. Desde el comienzo de las actividades de la comisión anterior, en marzo de 2010, se habían examinado más de 220 de los centenares de casos individuales archivados. Ambas comisiones recibieron críticas por no proteger a los testigos y realizar investigaciones insuficientes, sobre todo en los casos en que estaban implicadas agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado.

  • El 13 de febrero, Agha Zahir Shah, abogado que representaba a familiares de personas presuntamente sometidas a desaparición forzada, fue secuestrado por unos desconocidos en Dera Murad Jamali, Baluchistán, cuando regresaba a Quetta. Al quedar en libertad, el 2 de julio, su salud no era buena.
  • Muzzaffar Bhutto, alto cargo del partido político Jeay Sindh Muttaheda Mahaz, fue secuestrado el 25 de febrero por unos hombres vestidos de civil y acompañados de policías en Hyderabad, Sind. Continuaba sin conocerse su paradero al final del año.
  • En mayo desaparecieron los hermanos Abdullah e Ibrahim El Sharkawi, de origen egipcio. Dos semanas después se comunicó a su familia que se encontraban en prisión acusados de residencia ilegal, pero un tribunal confirmó que tenían la ciudadanía paquistaní. Ibrahim salió en libertad bajo fianza el 27 de junio, y Abdullah quedó libre el 29 de agosto. Ambos afirmaron haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos en centros secretos de detención.
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Abusos cometidos por grupos armados

Los talibanes paquistaníes llevaron a cabo ataques selectivos contra civiles, así como ataques indiscriminados por medio de artefactos explosivos improvisados y de atentados suicidas con bomba. Varios miembros de consejos de ancianos fueron víctimas de homicidios selectivos. Los talibanes también intentaron asesinar a varios políticos del Partido Nacional Awami. Según fuentes gubernamentales, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, a consecuencia del conflicto con los talibanes fueron destruidas 246 escuelas (59 de niñas y 187 de niños) y resultaron dañadas 763 (244 de niñas y 519 de niños), quedando miles de niños y niñas privados del acceso a la educación. A causa de las amenazas de violencia de los talibanes paquistaníes, las mujeres y las niñas se vieron afectadas por graves restricciones en el acceso a los servicios de salud, la educación y la participación en la vida pública.

  • El 9 de marzo, un atacante suicida causó la muerte de 37 personas durante el funeral de la esposa de un líder antitalibán a las afueras de Peshawar. Tehrik-e-Taleban Pakistan reivindicó el atentado.
  • El 18 de julio, Tehrik-e-Taleban Pakistan divulgó un vídeo en el que se veía a militantes enmascarados ejecutando a 16 policías capturados. Fue en respuesta a una grabación difundida previamente en la que fuerzas paquistaníes ejecutaban a insurgentes detenidos.
  • Tehrik-e-Taleban Pakistan reivindicó un atentado suicida cometido el 19 de agosto, en el que al menos 47 hombres murieron y más de 100 resultaron heridos durante la oración del viernes en una mezquita de la agencia tribal de Khyber.
  • En septiembre, insurgentes talibanes paquistaníes secuestraron a 30 niños de entre 12 y 18 años en Bayaur, en la frontera con Afganistán, y atacaron una furgoneta escolar en Peshawar, matando a cuatro niños y niñas y al conductor.

Grupos nacionalistas de Baluchistán asesinaron a miembros de facciones rivales, personas de etnia punyabí y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, y reivindicaron atentados contra infraestructuras de gas y electricidad que provocaron graves cortes energéticos en la provincia. Varios ataques sectarios del grupo armado Lashkar-e-Jhangvi y otros grupos contra musulmanes chiíes causaron al menos 280 víctimas entre muertos y heridos.

  • El 4 de enero, 5 niños y niñas resultaron heridos por la explosión de un artefacto explosivo improvisado al paso de un autobús escolar en el que viajaban más de 30 hijos de miembros del Cuerpo de Fronteras en la ciudad de Turbat, Baluchistán. Aunque nadie reivindicó el atentado, se atribuyó a grupos de etnia baluchi.
  • El 25 de abril, al menos 15 personas, incluidos 5 niños y niñas, murieron abrasadas cuando asaltantes no identificados incendiaron un autobús que se dirigía a Quetta, en la zona de Pirak, distrito de Sibi.
  • Lashkar-e-Jhangvi reivindicó el homicidio, a modo de ejecución, de 26 peregrinos chiíes en el distrito de Mastung el 20 de septiembre, así como de 3 familiares de las víctimas que viajaron desde Quetta para hacerse cargo de los cadáveres. El 4 de octubre murieron 14 personas en un atentado similar contra peregrinos chiíes.

Karachi sufrió un aumento de la violencia cuando bandas rivales, algunas vinculadas a partidos políticos, se enfrentaron a causa de reivindicaciones territoriales provocando la muerte de 2.000 personas. Las fuerzas de seguridad detuvieron a centenares de sospechosos, pero el Tribunal Supremo criticó a los partidos políticos por avivar la violencia y condenó a las autoridades por no frenar a muchos de los responsables, pese a que se sabía quiénes eran.

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Libertad de expresión

Al menos nueve periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. Muchas personas que trabajaban en medios de comunicación recibieron amenazas de fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia, partidos políticos y grupos armados por informar sobre ellos. Las autoridades paquistaníes no procesaron a los responsables ni ofrecieron protección adecuada a los periodistas.

  • Wali Khan Babar, periodista de GeoNews, murió el 13 de enero en Karachi a causa de disparos efectuados por unos desconocidos desde un vehículo en marcha; horas antes había entregado un reportaje sobre una operación policial contra traficantes de droga en la ciudad.
  • Saleem Shahzad, de Asia Times Online, desapareció el 29 de mayo tras salir de su domicilio en Islamabad para acudir a realizar una entrevista en un programa de televisión. Su cadáver fue hallado en la provincia de Punyab cuatro días después. Previamente había entregado un reportaje sobre la infiltración de Al Qaeda en la marina paquistaní. En octubre de 2010 había comentado en privado a compañeros de profesión que había recibido amenazas de muerte de los servicios de inteligencia en relación con reportajes similares.
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Discriminación: minorías religiosas

Grupos sectarios continuaron amenazando a miembros de las minorías ahmadí, cristiana, hindú y chií, así como a suníes moderados, e incitaron a la violencia contra quienes pedían reformas en las leyes nacionales sobre la blasfemia. El Estado no actuó para prevenir ataques sectarios contra minorías religiosas ni procesó a los responsables.

  • El 25 de enero, un atentado suicida con explosivos, cometido por una persona a la que la policía estaba registrando en ese momento, mató a 10 peregrinos cerca de un lugar sagrado sufí. Fidayeen-e-Islam lo reivindicó.
  • En junio, la Federación de Estudiantes Paquistaníes Khatm-e-Nubuwat distribuyó unos folletos en la ciudad de Faisalabad, Punyab, en los que figuraba una lista de destacados miembros de la comunidad ahmadí y se pedía su asesinato como un acto de “guerra santa”.
  • El 24 de septiembre, Faryal Bhatti, estudiante cristiana de 13 años, fue expulsada del colegio en Abbottabad por escribir mal una palabra en urdu. Posteriormente fue acusada de blasfemia y su familia se vio obligada a vivir en la clandestinidad.
  • Todos los sospechosos del atentado de agosto de 2009 contra una colonia cristiana de Gojra, Punyab, quedaron en libertad bajo fianza, ya que los testigos no aportaron pruebas a causa del temor por su seguridad.

El juez que condenó a muerte al asesino de Salmaan Taseer se vio obligado a ocultarse a causa de las amenazas de muerte recibidas; por otra parte, los homicidas de Shahbaz Bhatti seguían sin ser procesados. Tras recibir amenazas de muerte, la política Sherry Rehman retiró de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la ley sobre la blasfemia. Aasia Bibi, agricultora cristiana condenada a muerte por blasfemia en 2009, continuaba recluida, aunque su causa estaba en la fase de apelación.

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Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres eran objeto de discriminación en la ley y en la práctica y sufrían violencia en el ámbito familiar y en público. La Fundación Aurat documentó 8.539 casos de violencia contra las mujeres, incluidos 1.575 asesinatos, 827 violaciones, 610 incidentes de violencia en el ámbito familiar, 705 homicidios en nombre del “honor” y 44 agresiones con ácido. En diciembre, el Parlamento de Pakistán intentó abordar este problema aprobando el Proyecto de Ley sobre Control de Ácidos y Prevención de los Delitos Cometidos con Ácido de 2010 y el Proyecto de Ley de Prevención de Prácticas Misóginas (Enmienda de la Legislación Penal) de 2008, que pretendían empoderar y proteger a las mujeres y aumentar las penas para los responsables de violencia de género. Era la primera vez que se tipificaban como delito en Pakistán los ataques con ácido y prácticas como el matrimonio forzado.

  • El 10 de septiembre, cuatro profesoras fueron atacadas con ácido por dos enmascarados que iban montados en una motocicleta cuando salían de una escuela de educación mixta en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán. Una de las mujeres resultó ilesa y otras dos fueron dadas de alta del hospital con quemaduras superficiales, pero la cuarta sufrió quemaduras graves y tuvo que ser sometida a cirugía reconstructiva mayor. Las autoridades federales y provinciales tomaron nota de la agresión, pero al acabar el año los atacantes aún no habían sido puestos a disposición judicial.
  • El 15 de octubre, una adolescente acusó a 13 personas, incluidos 3 policías, de secuestrarla y someterla a violación colectiva estando cautiva durante un año en el distrito de Karak, provincia de Khyber Pakthunkhwa. El 9 de diciembre, su hermano murió abatido por disparos cuando salía del juzgado de distrito en donde se veía la causa penal contra los acusados.
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Pena de muerte

Había más de 8.000 personas pendientes de ejecución. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, fueron condenadas a muerte al menos 313 personas, más de la mitad de ellas por asesinato. Hubo tres condenas a muerte por blasfemia. La última ejecución había tenido lugar en 2008.

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