Kenia

La situation des droits humains : República de Kenia

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado y del gobierno
Mwai Kibaki
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
41,6 millones
Esperanza de vida
57,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
84 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
87 por ciento

Información general

La Comisión para la Aplicación de la Constitución, establecida para asesorar sobre el proceso de aplicación de la Constitución de 2010 y supervisarlo, comenzó a funcionar el 4 de enero. El gobierno propuso diversas leyes que fueron examinadas por la Comisión y aprobadas por el Parlamento. Entre ellas figuraban la Ley del Servicio Judicial y la Ley de Investigación de Antecedentes de Jueces y Magistrados, que constituían un marco legal para las reformas judiciales, incluido el establecimiento de una nueva Comisión del Servicio Judicial responsable de la contratación y del establecimiento de los términos y condiciones de los funcionarios judiciales. La ley relativa a la investigación de antecedentes estableció una junta encargada de investigar la integridad de los funcionarios judiciales en ejercicio. Tras un proceso público de selección dirigido por la Comisión del Servicio Judicial, se nombró al nuevo presidente y al nuevo vicepresidente de la Judicatura, encargados de dirigir el poder judicial, junto con cinco jueces del nuevo Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de Kenia. El presidente y el vicepresidente de la Judicatura y el director de la fiscalía juraron su cargo en junio.

Se promulgaron dos leyes que constituían un nuevo marco legal para el nombramiento de miembros de la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos (la institución de derechos humanos del Estado) y de la Comisión Nacional sobre Género e Igualdad. Durante el año se aprobaron otras leyes por las que se establecían una nueva comisión contra la corrupción, una comisión sobre la administración de justicia y la Comisión Electoral y de Revisión de Competencias Independiente, organismo encargado de organizar las elecciones y revisar las competencias electorales y administrativas.

Al terminar el año, varios proyectos de ley eran objeto de debate público. Entre ellos figuraban anteproyectos de ley relativos a la estructura y la autoridad de los gobiernos comarcales establecidos en virtud de la Constitución.

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Impunidad

Violencia postelectoral

Aunque el gobierno afirmó en varias ocasiones que continuaban las investigaciones sobre los delitos y las violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos durante la violencia postelectoral, no se adoptaron medidas para poner a los responsables a disposición de la justicia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales hechas públicas en abril tras el examen del historial de Kenia en la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, expresó su preocupación por el hecho de que continuaran impunes los autores de actos de violencia sexual y de género tales como violaciones y violaciones en grupo cometidas durante el periodo de violencia postelectoral.

Policía y fuerzas de seguridad

Hubo casos de homicidio ilegítimo y tortura y otros malos tratos a manos de la policía y otro personal de seguridad.

  • En enero, agentes de policía vestidos de civil mataron a tiros a tres hombres en Nairobi tras ordenarles que salieran de su automóvil. Según testigos, los hombres se habían rendido antes de que les dispararan. Después del incidente, la policía afirmó que los hombres eran delincuentes armados. Aunque el ministro de Seguridad Interna anunció que los agentes implicados habían sido suspendidos en sus funciones, el gobierno no especificó medida alguna que se hubiera adoptado para ponerlos a disposición de la justicia.

Las autoridades no adoptaron medidas para llevar ante la justicia a los agentes de policía y otro personal de seguridad que, según los informes, habían llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos en los últimos años.

  • La policía interrumpió sus investigaciones sobre el homicidio de los activistas de derechos humanos Oscar Kingara y Paul Oulu, cometido en 2009 por hombres armados no identificados.

Se aprobaron leyes clave que establecían el marco para la reforma de la policía. Entre ellas figuraban la Ley sobre la Autoridad Independiente de Supervisión de la Función Policial (que establecía una autoridad supervisora encargada de gestionar las denuncias presentadas contra la policía), la Ley del Servicio de Policía Nacional (que estipulaba un nuevo marco legal para la actuación policial) y la Ley sobre la Comisión del Servicio de Policía Nacional (por la que se establecía la Comisión del Servicio de Policía). En diciembre estaba en curso el proceso de designación de miembros de la Comisión del Servicio de Policía.

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Justicia internacional

El 8 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) despachó citaciones a seis ciudadanos kenianos a quienes se creía responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia postelectoral. En abril, los seis comparecieron ante la Corte en dos causas distintas. La Sala de Cuestiones Preliminares celebró vistas de confirmación en septiembre y octubre para determinar si existían indicios que permitieran remitir los casos a juicio. La decisión de la Corte estaba pendiente al terminar el año.

En abril, el gobierno solicitó que los casos fueran declarados inadmisibles ante la Corte Penal Internacional, por considerar que las reformas introducidas en la legislación keniana, incluidas la adopción de una nueva Constitución y la promulgación de la nueva Ley de Delitos Internacionales, implicaban que “los tribunales nacionales eran ahora capaces de juzgar los delitos derivados de la violencia postelectoral, incluidos los casos de la CPI”. La Sala de Cuestiones Preliminares desestimó la solicitud y mantuvo que no disponía de evidencias de que hubiera investigaciones y enjuiciamientos en curso respecto de los seis detenidos, y que no podía utilizarse la promesa de tales actuaciones para eludir la jurisdicción de la Corte sobre los casos.

En marzo, el gobierno intentó sin éxito que el Consejo de Seguridad de la ONU considerase el aplazamiento de los casos de la Corte Penal Internacional.

El gobierno no adoptó medida alguna en relación con una moción parlamentaria aprobada en diciembre de 2010 en la que se le pedía que diese los primeros pasos para la retirada de Kenia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que revocase la Ley de Delitos Internacionales, que incorporaba el Estatuto a la legislación keniana.

El 28 de noviembre, el Tribunal Superior falló que el gobierno tenía la obligación de detener al presidente de Sudán, Omar al Bashir, en virtud de las órdenes dictadas por la Corte Penal Internacional para que se procediera a su detención en caso de que visitara Kenia en el futuro. El gobierno anunció su intención de apelar contra esta decisión.

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Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación

La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación celebró audiencias públicas en todo el país en las que se escucharon testimonios de personas sobre presuntas violaciones de derechos humanos, el impacto de la gran corrupción, las injusticias relacionadas con las tierras y otras cuestiones que formaban parte del mandato de la Comisión. La Comisión tenía previsto concluir estas audiencias antes del final de enero de 2012, y realizar audiencias temáticas en febrero y marzo. El informe final que registraría sus conclusiones y recomendaciones estaba previsto para mayo de 2012. El trabajo de la Comisión se vio dificultado por la insuficiente financiación.

Al terminar el año, el tribunal designado para investigar las denuncias sobre la credibilidad del presidente de la Comisión no había iniciado sus trabajos; el motivo era una causa judicial pendiente, incoada a instancias del propio presidente de la Comisión, para impedir que el tribunal investigase su presunta complicidad en violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado que eran objeto del mandato de la Comisión. El presidente permaneció suspendido en sus funciones durante todo el año.

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Violencia contra mujeres y niñas

En sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la “persistencia de normas culturales, prácticas y tradiciones nocivas, así como de actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados en relación con el papel, las responsabilidades y la identidad de los hombres y las mujeres en todas las esferas de la vida”. El Comité señaló que tales estereotipos perpetuaban la discriminación contra las mujeres y contribuían a la persistencia de la violencia contra las mujeres y de prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina, la poligamia, el pago de un precio por la novia y el levirato (herencia de esposa). El Comité expresó su inquietud por que, a pesar de esos efectos negativos en la mujer, el Estado Parte “no [hubiera] adoptado medidas constantes y sistemáticas para modificar o eliminar los estereotipos y los valores culturales negativos y las prácticas nocivas”.

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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

En septiembre, más de un centenar de personas murieron tras la explosión de un oleoducto en el asentamiento informal de Sinaí, en la zona industrial de Nairobi. El incendio resultante se propagó con rapidez por el asentamiento debido a la densa concentración de viviendas, la deficiente calidad de los materiales de construcción y la inexistencia de caminos de acceso para los servicios de emergencia.

En octubre y noviembre, las autoridades llevaron a cabo desalojos forzosos masivos y demoliciones de casas en al menos cinco asentamientos formales e informales de Nairobi, la mayoría en los alrededores del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, el aeropuerto de Wilson y la base aérea de Moi. Los desalojos dejaron sin hogar a cientos de familias. Según representantes de la Autoridad Aeroportuaria de Kenia, los desalojos eran necesarios para recuperar tierras para el aeropuerto con el fin de evitar posibles desastres aéreos. En la mayoría de los casos, los residentes se quejaron de que no habían recibido aviso adecuado de las demoliciones ni se les había brindado la oportunidad de impugnarlas o buscar viviendas alternativas. Miles de residentes del asentamiento de Kyang’ombe, en las inmediaciones del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, fueron desalojados por la fuerza de sus hogares por agentes de policía y personal de otro tipo que actuaron siguiendo instrucciones de la Autoridad Aeroportuaria de Kenia. El desalojo se produjo a pesar de la existencia de una orden judicial temporal, solicitada por un grupo de residentes, que establecía que debía esperarse al resultado de una causa judicial relacionada con la propiedad de la tierra.

Al menos en tres casos distintos durante el año, el Tribunal Superior resolvió que el derecho a una vivienda adecuada en virtud del artículo 43.1 de la Constitución incluía la prohibición legal de los desalojos forzosos. Al terminar el año, el gobierno no había cumplido el compromiso contraído en 2006 de hacer públicas unas directrices nacionales sobre desalojos.

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Personas internamente desplazadas

Las cifras oficiales hechas públicas en septiembre indicaban que la mayoría de las personas desplazadas como consecuencia de la violencia postelectoral de 2007-2008 habían regresado a sus hogares, se habían integrado en diversas comunidades o habían sido reasentadas en otras zonas del país. Unas 158 familias continuaban en campos de tránsito para personas desplazadas. Algunas ONG locales informaron de que las cifras oficiales excluían a cientos de familias internamente desplazadas que seguían viviendo en campos improvisados no reconocidos por el gobierno y desprovistos de ayuda oficial. Grupos de personas internamente desplazadas debido a la violencia postelectoral se quejaron de que las medidas oficiales destinadas a ayudarlas, como los subsidios, eran insuficientes. Miles de personas continuaron desplazadas como consecuencia de enfrentamientos étnicos anteriores a la violencia de 2007-2008.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Hasta noviembre habían llegado a los campos de Dadaab, en el este de Kenia, más de 152.000 refugiados somalíes que huían del conflicto y la sequía. En julio, el gobierno keniano abrió la ampliación Ifo II del complejo de campos de Dadaab. Sin embargo, las personas que residían en los campos seguían sin disponer de espacio e instalaciones adecuados.

En octubre, el gobierno keniano desplegó su ejército en Somalia para luchar contra el grupo islamista armado Al Shabaab. Tras la intervención, el gobierno interrumpió el registro que realizaba el ACNUR –agencia de la ONU para los refugiados– de las personas recién llegadas a Dadaab, así como el transporte de solicitantes de asilo desde la frontera hasta Dadaab.

En octubre, noviembre y diciembre, presuntos miembros y simpatizantes de Al Shabaab perpetraron varios ataques con granadas y bombas en ciudades fronterizas del nordeste de Kenia, y también un ataque en un estacionamiento público de autobuses en Nairobi. Varias personas murieron, entre ellas un líder de la comunidad de refugiados del campo de Hagadera, en Dadaab, y decenas resultaron heridas. El gobierno anunció que investigaría los ataques.

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Pena de muerte

Los tribunales seguían imponiendo la pena de muerte. No hubo ejecuciones.

Algunos tribunales hicieron caso omiso de la decisión del Tribunal de Apelación de julio de 2010 que declaraba inconstitucional la aplicación preceptiva de la pena de muerte.

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