Haití

La situation des droits humains : República de Haití

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Michel Joseph Martelly (sustituyó a René García Préval en mayo)
Jefe del gobierno
Garry Conille (sustituyó a Jean-Max Bellerive en octubre)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,1 millones
Esperanza de vida
62,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
86,7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
48,7 por ciento

Información general

Jean-Claude Duvalier regresó a Haití en enero, después de casi 25 años de exilio en Francia. Las autoridades judiciales reabrieron inmediatamente una investigación penal por malversación y robo de fondos públicos, y se inició una investigación sobre crímenes de lesa humanidad tras la presentación de denuncias por parte de varias víctimas. En marzo, el ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en 2004, regresó a Haití después de siete años de exilio en Sudáfrica.

Michel Martelly fue elegido presidente en marzo en una segunda vuelta electoral contra Mirlande Manigat. La primera vuelta, celebrada en noviembre de 2010, había terminado en una situación de punto muerto entre la mayoría de los candidatos a la presidencia y la junta electoral, que fue acusada de manipular los comicios para favorecer al candidato oficial, Jude Célestin. También hubo críticas por parte de los observadores electorales internacionales y nacionales.

Michel Martelly tomó posesión de su cargo el 14 de mayo, aunque no formó gobierno hasta octubre, cuando la Asamblea Nacional aceptó el nombramiento de Garry Conille como primer ministro.

El mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) se renovó hasta octubre de 2012, con una reducción del personal militar y policial.

Continuó la grave epidemia de cólera que había estallado en octubre de 2010. A finales de 2011 hubo nuevos brotes. Al finalizar 2011 se tuvo constancia de más de 523.904 casos y de 7.018 muertes. En general se atribuía la introducción de la cepa de cólera del sur de Asia a las tropas nepalíes de mantenimiento de la paz de la ONU estacionadas en la región del curso superior del río Artibonite, donde se originó la epidemia. En mayo, un grupo independiente de expertos internacionales designado por el secretario general de la ONU para determinar el origen del brote concluyó que la epidemia a gran escala había sido causada por una combinación de factores: la contaminación del río Artibonite con heces y las deficiencias en los sistemas de agua, saneamiento y atención médica. En noviembre, el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, con sede en Estados Unidos, y su socio en Haití, Oficina de Abogados Internacionales, presentaron ante el jefe de la Unidad de Reclamaciones de la MINUSTAH –con arreglo a los procedimientos previstos en el Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas– una demanda contra la ONU, en la que solicitaban una reparación para más de 5.000 víctimas por la introducción negligente del cólera.

La inseguridad alimentaria afectaba a casi la mitad de la población; 800.000 personas carecían de acceso regular a alimentos básicos.

En octubre, en virtud del examen periódico universal de la ONU, se evaluó por primera vez la actuación de Haití en materia de derechos humanos.

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Personas internamente desplazadas

El número de personas internamente desplazadas disminuyó durante 2011: de los 1,3 millones de enero pasó a poco más de 500.000 en diciembre. Sin embargo, aún había registrados más de 900 campamentos provisionales en zonas afectadas por el terremoto. El ritmo de la reconstrucción de alojamientos temporales y semipermanentes se aceleró, aunque siguió siendo insuficiente para satisfacer la demanda. El acceso al agua y al saneamiento siguió deteriorándose en los campamentos, lo que desembocó en un elevado número de casos de cólera. Los índices de inseguridad alimentaria de las personas desplazadas que vivían en los campamentos del área metropolitana de Puerto Príncipe eran más elevados que los del resto de la población.

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Desalojos forzosos

Las autoridades locales y los terratenientes desalojaron forzosamente y sin el debido proceso a miles de familias desplazadas que ocupaban terrenos públicos y particulares.

  • En junio, policías y funcionarios del ayuntamiento de Puerto Príncipe desalojaron sin el debido proceso a 514 familias del aparcamiento del estadio Sylvio Cator. Se ofreció, a tan sólo 110 familias, el traslado a otro lugar, pero éste carecía de saneamiento adecuado. En marzo de 2010, esas mismas familias habían sido desalojadas forzosamente del campo de fútbol y trasladadas al aparcamiento.
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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia sexual en los campamentos para personas internamente desplazadas y en las comunidades marginadas era generalizada; muchas de las afectadas eran niñas de corta edad. La gran mayoría de los responsables de estos crímenes no compareció ante la justicia. El acceso a la atención médica y a otros servicios para las sobrevivientes de la violencia de género y la violencia sexual seguía siendo limitado en el área metropolitana de Puerto Príncipe y era prácticamente inexistente en las zonas rurales.

Las sobrevivientes de la violencia sexual afrontaron múltiples obstáculos para obtener acceso a la justicia. La policía y las autoridades judiciales carecían de recursos para investigar y enjuiciar a los perpetradores. Aunque un número creciente de sobrevivientes de la violencia sexual y de género denunció su situación, la mayoría guardó silencio debido al estigma social que llevaban aparejados estos crímenes y por miedo a sufrir represalias de sus agresores.

El Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de las Mujeres trabajó en un proyecto de ley para la prevención, la sanción y la eliminación de la violencia contra las mujeres. En él se proponían, entre otras cosas, la creación de tribunales especiales en todo el país para ocuparse de los casos de violencia contra las mujeres, y sanciones más enérgicas para todas las formas de violencia de género. Como parte de un plan estratégico trienal para combatir la violencia contra las mujeres, el gobierno creó una unidad de coordinación de asuntos de género y de las mujeres dentro de la Policía Nacional haitiana.

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Impunidad: delitos de derecho internacional

El ex presidente Jean-Claude Duvalier estaba sometido a investigación por crímenes de lesa humanidad y delitos económicos. La investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno avanzó con lentitud. El juez instructor presentó sus conclusiones al comisario del gobierno de Puerto Príncipe en julio. Sin embargo, al finalizar el año el comisario no había tomado aún ninguna decisión sobre las medidas que debían adoptarse a continuación. Los seguidores de Jean-Claude Duvalier insultaron en reiteradas ocasiones a las víctimas de abusos contra los derechos humanos y a los funcionarios judiciales. No existían medidas para el apoyo y la protección de testigos, lo que siguió siendo un obstáculo importante para las víctimas y sus familias a la hora de reclamar justicia.

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Sistema de justicia

El disfuncional sistema de justicia de Haití continuó siendo fuente de violaciones de derechos humanos; miles de personas estaban en detención preventiva prolongada. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, menos del 30 por ciento de los reclusos habían sido juzgados y condenados.

También había menores de edad encarcelados en espera de juicio, algunos desde hacía años. Al finalizar el año, sólo el 23 por ciento de los chicos y ninguna de las 18 chicas detenidas habían sido juzgados.

La precariedad de la infraestructura y la falta de recursos humanos y económicos dentro del sistema de justicia provocaron un gran retraso en la tramitación de los casos y un hacinamiento grave en las prisiones. Más de 275 reclusos murieron en la epidemia de cólera.

  • Joseph fue detenido por violación en abril de 2006, cuando tenía 12 años. En octubre de 2011 seguía en prisión en espera de juicio. Compareció por primera vez ante un juez de instrucción en noviembre de 2008, y desde entonces permanecía recluido en un centro de detención de menores.

Juicio contra policías por la ejecución extrajudicial de presos

Trece agentes de policía y otros 21 hombres, guardias penitenciarios entre ellos, fueron juzgados por su implicación en la muerte de al menos 12 reclusos en la prisión civil de la ciudad de Les Cayes en enero de 2010, durante un motín penitenciario. Al concluir el año la decisión del tribunal seguía pendiente.

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