Bahréin

La situation des droits humains : Reino de Bahréin

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
rey Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno
Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa
Pena de muerte
retencionista
Población
1,3 millones
Esperanza de vida
75,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
12,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
91,4 por ciento

Información general

El 14 de febrero se iniciaron protestas masivas en favor de reformas. La mayor parte de los manifestantes pertenecían a la comunidad chií, mayoritaria, que se consideraba discriminada por la minoría suní gobernante. Las protestas se concentraron en la plaza de la Perla de la capital, Manama, en donde se levantó un campamento de protesta. El 17 de febrero, la policía y otras fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes haciendo uso excesivo de la fuerza. Dos días después, los manifestantes levantaron de nuevo el campamento e intensificaron sus demandas de cambio. El 23 de febrero, el rey indultó a 23 destacados activistas de la oposición que se hallaban recluidos desde agosto de 2010 y a otros más de 200 presos y detenidos.

Según informes, un grupo reducido de manifestantes antigubernamentales atacó el 13 de marzo a trabajadores migrantes asiáticos en Manama, causando la muerte de dos y heridas a otros. El 15 de marzo, al continuar las manifestaciones y protestas, el rey declaró el estado de excepción durante tres meses. Un día antes habían llegado al país en torno a 1.200 soldados saudíes en vehículos blindados para servir de refuerzo a las fuerzas de seguridad bahreiníes. A finales de marzo se habían aplastado las principales protestas, aunque durante el resto del año siguieron registrándose manifestaciones esporádicas en localidades predominantemente chiíes. El rey levantó el estado de excepción el 1 de junio.

A finales de junio, el rey nombró la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, integrada por cinco expertos internacionales en cuestiones jurídicas y de derechos humanos. Encargada de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas, la Comisión presentó un informe al monarca el 23 de noviembre. El gobierno también inició un “diálogo nacional” con la oposición parlamentaria, empresas, representantes de ONG y otros actores; sin embargo, el principal partido político chií de la oposición, Al Wefaq, cuyos 18 miembros del Parlamento habían dimitido en febrero en protesta por la brutalidad policial, se retiró de las conversaciones a las dos semanas tras denunciar que las condiciones impuestas eran inaceptables.

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Uso excesivo de la fuerza

Dos personas murieron a consecuencia de la violencia injustificada desplegada por las fuerzas de seguridad en respuesta a las protestas pacíficas del 14 y 15 de febrero. El 17 de ese mes, policía antidisturbios y otras fuerzas de seguridad destruyeron el campamento de protesta levantado en la plaza de la Perla. Utilizaron gas lacrimógeno, golpearon a la gente con porras y dispararon a quemarropa con escopetas y balas de goma contra los manifestantes; cinco personas murieron y muchas otras resultaron heridas. Las fuerzas de seguridad también pusieron obstáculos y agredieron a personal médico que intentaba socorrer a los heridos.

El 16 de marzo, las fuerzas de seguridad lanzaron una ofensiva coordinada. Respaldadas por tanques y helicópteros, irrumpieron en la plaza de la Perla y la zona del Puerto Financiero y desalojaron a los manifestantes utilizando escopetas, balas de goma y gas lacrimógeno, con lo que causaron muertos y heridos entre ellos. También tomaron el control del complejo médico de Salmaniya, el más importante de Manama, y detuvieron a médicos y otros profesionales de la salud, a quienes acusaron de apoyar a los manifestantes. En respuesta a las persistentes protestas organizadas en localidades predominantemente chiíes, las fuerzas de seguridad actuaron en ocasiones haciendo un uso excesivo de la fuerza. Al finalizar el año, al menos 47 personas habían muerto en las protestas, incluidos 5 policías.

  • Ali Abdulhadi Mushaima murió tras recibir varios disparos en una manifestación celebrada el 14 de febrero en la localidad de Al Daih, al oeste de Manama. Alrededor de 10.000 personas que participaron en el cortejo fúnebre al día siguiente fueron atacadas sin previo aviso por policías antidisturbios, que utilizaron gas lacrimógeno y escopetas; Fadhel Ali Matrook murió abatido por disparos.
  • Isa Abdulhassan, de 60 años, murió el 17 de febrero de un disparo en la cabeza realizado a quemarropa cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en el campamento de protesta de la plaza de la Perla.
  • Ahmed al Jaber al Qatan, de 16 años, murió el 6 de octubre en el hospital tras ser alcanzado por perdigones de escopeta durante una protesta en la localidad de Abu Saeiba. La policía antidisturbios había utilizado escopetas y granadas ensordecedoras para dispersar a los manifestantes. El gobierno afirmó que había abierto una investigación sobre su muerte, pero al concluir el año no se había hecho público el resultado.
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Detención y reclusión arbitrarias

Más de 1.000 personas fueron detenidas en relación con las protestas; en algunos casos se trataba de musulmanes suníes, pero la inmensa mayoría eran musulmanes chiíes. La mayor parte de las detenciones se practicaron en marzo y abril, en muchas ocasiones de madrugada y en la propia casa de la persona. A menudo las llevaban a cabo miembros de las fuerzas de seguridad armados y enmascarados, que no presentaban órdenes de detención y con frecuencia agredían a los detenidos y, en ocasiones, a los familiares. Por lo general, éstos eran conducidos a lugares no revelados, donde quedaban recluidos en régimen de incomunicación durante periodos que se prolongaban hasta varias semanas; allí eran interrogados y, en muchos casos, sometidos al parecer a tortura y otros malos tratos. A menudo se desconocía su paradero hasta que comenzaba su juicio.

  • El 17 de marzo, Ebrahim Sharif, secretario general de la Sociedad de Acción Democrática Nacional (Waad), grupo político laico de oposición, fue sacado de su casa, en Manama, por agentes de seguridad armados y enmascarados, que se negaron a presentar una orden de detención cuando se les pidió. Lo llevaron a un lugar no revelado, y pasaron semanas hasta que su familia y abogado pudieron ponerse en contacto con él.
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Juicios injustos

Se procesó a centenares de personas, incluidos activistas políticos de la oposición, profesionales médicos, profesores, estudiantes y activistas de los derechos humanos, por delitos presuntamente cometidos en relación con las protestas. Muchas de ellas fueron sometidas a juicios a todas luces injustos ante un tribunal militar especial –el Tribunal de Seguridad Nacional– creado en virtud del estado de excepción. Entre las personas declaradas culpables y condenadas a prisión había presos de conciencia. Según la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, alrededor de 300 personas fueron declaradas culpables de cargos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Otras fueron condenadas a pesar de haberse retractado de sus “confesiones”, que denunciaron haber hecho bajo tortura, y sin que el Tribunal investigara estas denuncias. En algunos casos, el Tribunal de Seguridad Nacional denegó las solicitudes de la defensa de llamar a testigos, y en muchas ocasiones no se permitió a los abogados defensores acceder a sus clientes hasta que comenzó el juicio, por lo que no tuvieron tiempo suficiente para preparar su defensa. En un primer momento, los recursos presentados contra las sentencias del Tribunal de Seguridad Nacional fueron oídos por el Tribunal de Seguridad Nacional de Apelación, que adolecía de deficiencias similares.

El 29 de junio, tras las numerosas críticas vertidas contra el Tribunal de Seguridad Nacional, el rey decretó que todas las causas pendientes ante el Tribunal y relacionadas con las protestas de febrero y marzo fuesen transferidas a tribunales civiles. El 18 de agosto decretó que se continuasen juzgando ante aquél los delitos graves, si bien todos los recursos contra sus sentencias debían presentarse ante un tribunal civil, incluso en el caso de las que ya hubieran sido confirmadas por el Tribunal de Seguridad Nacional de Apelación. En septiembre, un tribunal militar condenó a 20 profesionales de la salud a penas de hasta 15 años de prisión por cargos tales como ocupación de un hospital estatal, posesión de armas y robo de medicamentos. Antes de terminar el año se presentaron recursos ante un tribunal civil.

A comienzos de octubre, todas las causas se habían remitido a tribunales civiles, y el Tribunal de Seguridad Nacional ya había dejado de funcionar.

  • Abdel Jalil al Singace, Hassan Mshaima y otros 19 destacados activistas de la oposición, 7 de ellos juzgados in absentia, fueron declarados culpables de cargos como “establecer grupos terroristas para derrocar el régimen real y cambiar la Constitución” en un juicio sin las debidas garantías ante el Tribunal de Seguridad Nacional que concluyó el 22 de junio. Ocho de ellos, incluidos Abdel Jalil al Singace y Hassan Mshaima, fueron condenados a cadena perpetua, y los demás, a periodos de prisión más breves. A la mayoría los habían detenido en redadas llevadas a cabo de madrugada; los habían tenido recluidos en régimen de incomunicación durante largos periodos en los que, según denunciaron, fueron torturados y obligados a firmar “confesiones”, y no les habían permitido más que un acceso mínimo a abogados antes de comparecer ante el tribunal. Fueron declarados culpables a pesar de que, según informes, el fiscal no presentó pruebas de cargo sólidas. Al parecer, la mayoría fueron procesados por pedir el fin de la monarquía y el establecimiento de una república. No había indicios de que hubiesen recurrido o incitado a la violencia, por lo que parecían ser presos de conciencia. El 28 de septiembre, el Tribunal de Seguridad Nacional de Apelación confirmó las condenas impuestas a los 21, que continuaron encarcelados en espera del fallo del Tribunal de Casación sobre sus recursos.
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Tortura y otros malos tratos

A muchas de las personas detenidas en marzo y abril las llevaron a comisarías de policía y al Departamento de Investigación Criminal, en Manama, en donde estuvieron recluidas en régimen de incomunicación y fueron interrogadas por miembros de la Agencia de Seguridad Nacional y otras fuerzas de seguridad. Un gran número de personas denunciaron que las habían obligado a permanecer de pie durante largos periodos y habían sufrido golpes, descargas eléctricas, privación del sueño y amenazas de violación. Muchas afirmaron haber pasado semanas recluidas en régimen de incomunicación tras finalizar su interrogatorio.

Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones independientes sobre casi ninguna de estas denuncias. El Tribunal de Seguridad Nacional tampoco investigó adecuadamente las denuncias de tortura durante la prisión preventiva formuladas por los acusados, y aceptó “confesiones” controvertidas como pruebas inculpatorias. Sin embargo, en noviembre, poco antes de la presentación del informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin y anticipándose a sus conclusiones, el gobierno anunció que modificaría el Código Penal para tipificar la tortura como delito y que se estaba procesando a 20 miembros de las fuerzas de seguridad en relación con denuncias de torturas a detenidos, muertes bajo custodia como consecuencia de malos tratos y homicidios ilegítimos de civiles. Al concluir el año no se había dado a conocer información completa sobre estos procesamientos.

  • Aayat Alqormozi, estudiante que había recitado poemas durante las protestas de febrero, fue detenida cuando se presentó ante las autoridades el 30 de marzo; miembros de las fuerzas de seguridad enmascarados habían registrado la casa de sus padres en dos ocasiones y habían amenazado con matar a sus hermanos si no se entregaba. Pasó los primeros 15 días recluida en régimen de incomunicación, y, según contó, durante ese tiempo le propinaron patadas y puñetazos, le aplicaron descargas eléctricas en el rostro, la obligaron a permanecer de pie durante horas, la insultaron y amenazaron con violarla. El 12 de junio, el Tribunal de Seguridad Nacional la condenó a un año de cárcel tras declararla culpable de participación en protestas ilegales, alteración de la seguridad pública e incitación al odio al régimen. Quedó en libertad condicional el 13 de julio tras comprometerse a no participar en protestas ni criticar al gobierno. Su causa fue remitida al Tribunal Penal Superior de Apelación, que el 21 de noviembre dictó su suspensión sin aclarar la situación jurídica de Aayat Alqormozi. Al finalizar el año ésta quedó en libertad, pero no se le permitió reanudar sus estudios en la Universidad de Bahréin.
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Muertes bajo custodia

Cinco hombres detenidos en relación con las protestas murieron bajo custodia a consecuencia de torturas. Se creía que los autores de las torturas se encontraban entre los 20 agentes de seguridad que estaban siendo juzgados al final del año.

  • Hassan Jassem Mohammad Mekki fue detenido en su casa en la madrugada del 28 de marzo. Seis días después se pidió a sus familiares que acudiesen al depósito de cadáveres para identificar su cuerpo, que, según contaron, mostraba marcas y hematomas en la cabeza, el cuello y las piernas, que parecían haber sido causados por golpes. Oficialmente, su muerte se atribuyó a una insuficiencia cardiaca, pero no se tenía constancia de que se le hubiese practicado una autopsia. La Comisión Independiente de Investigación de Bahréin concluyó que había fallecido a consecuencia de los malos tratos sufridos bajo custodia.
  • Ali Issa Ibrahim al Saqer murió bajo custodia el 9 de abril, pocos días después de ser citado por la policía para interrogarlo sobre el homicidio de un agente de policía durante las protestas de marzo. El Ministerio del Interior afirmó que había muerto mientras la policía lo inmovilizaba. No se tuvo constancia de que se le hubiera practicado la autopsia. Al parecer, su cadáver presentaba marcas que apuntaban a que había sufrido torturas. La Comisión Independiente de Investigación de Bahréin concluyó que su muerte se debió a los malos tratos sufridos bajo custodia.
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Despidos de manifestantes

Más de 2.000 personas que trabajaban en el sector público y más de 2.400 pertenecientes al sector privado fueron despedidas de sus empleos por participar en las manifestaciones o apoyarlas. Entre ellas había profesorado universitario y de otros niveles educativos y personal médico y de enfermería. En casi todos los casos se trataba de musulmanes chiíes. A finales de noviembre, la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin informó de que 1.682 empleados del sector público despedidos se habían reincorporado a sus puestos.

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Pena de muerte

El Tribunal de Seguridad Nacional condenó a cinco personas a muerte tras declararlas culpables de homicidios cometidos durante las protestas. El Tribunal de Seguridad Nacional de Apelación confirmó dos de las condenas y conmutó otras dos; la quinta causa estaba en la fase de apelación al final del año. Se trataba de los primeros ciudadanos bahreiníes condenados a muerte en más de 10 años. Seguía en espera de ejecución un ciudadano extranjero condenado a muerte en 2010. No hubo ejecuciones.

  • Ali Abdullah Hassan al Sankis y Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain fueron condenados a muerte el 28 de abril por el Tribunal de Seguridad Nacional, que los declaró culpables de matar a dos policías durante las protestas de marzo. El Tribunal de Seguridad Nacional de Apelación confirmó las condenas el 22 de mayo. El fallo del Tribunal de Casación sobre sus causas estaba previsto para enero de 2012. Su abogado solicitó que se celebrase un nuevo juicio alegando que el tribunal no había investigado sus denuncias de tortura y que había sido un tribunal militar de apelación el que había confirmado las condenas en un juicio sin las debidas garantías.
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Comisión Independiente de Investigación de Bahréin

En el sólido informe que hizo público el 23 de noviembre, la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin afirmó que había examinado más de 8.000 denuncias, entrevistado a más de 5.000 personas, incluidos hombres y mujeres bajo custodia, y visitado varios centros de detención y prisiones, así como el complejo médico de Salmaniya en Manama. Confirmó que muchas personas detenidas habían sido torturadas por agentes de seguridad que consideraban que podían actuar con impunidad; que la policía y otras fuerzas de seguridad habían hecho un uso reiterado de fuerza excesiva contra manifestantes, con los consiguientes homicidios ilegítimos, y que las actuaciones judiciales ante el Tribunal de Seguridad Nacional habían adolecido de graves deficiencias. Entre otras recomendaciones, la Comisión pidió que todas las denuncias de tortura fuesen objeto de una investigación independiente, que se exigiese responsabilidad penal a todos los autores de abusos, al margen de su rango, y que quedasen en libertad todas las personas encarceladas a causa de su ejercicio legítimo de la libertad de expresión. El rey y el gobierno se comprometieron a poner en práctica las recomendaciones de la Comisión.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El 2 de febrero, tras recibir quejas de vecinos por el ruido, la policía detuvo a no menos de 200 hombres al irrumpir en una fiesta en Al Muharraq en la que se creía que participaban hombres homosexuales. La mayoría de los detenidos quedaron en libertad sin cargos, pero 50 fueron procesados, 30 de ellos por cargos de prostitución y otros actos ilícitos. En marzo fueron condenados a penas de hasta seis meses de prisión. El Tribunal Penal Superior de Apelación confirmó las condenas en diciembre; por entonces todos habían quedado ya en libertad.

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