Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

Communiqués de presse

21 mars 2012

Tribunal guatemalteco condena a paramilitares por masacre de 1982

 

Cinco guatemaltecos han sido condenados a sendas penas de casi 8.000 años de prisión por su intervención en una masacre de indígenas de 1982, en una sentencia que Amnistía Internacional ha saludado como una victoria para las víctimas.

Los cinco hombres formaban parte de una patrulla civil entrenada por el ejército que rodeó y mató a 268 indígenas maya achí en Plan de Sánchez, cerca de la población de Rabinal —a 100 kilómetros al norte de la capital— en julio de 1982. El fallo de culpabilidad —dictado por una corte penal de la ciudad de Guatemala— es el último de un serie de sentencias recientes que abordan decenas de homicidios masivos y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en poblaciones indígenas y rurales durante los 36 años de conflicto armado interno que sufrió el país.

“Lentamente, pero con paso firme, la justicia empieza a prevalecer en estos terribles crímenes que se ciernen sobre la sociedad guatemalteca desde hace tres décadas”, declaró Sebastian Elgueta, investigador sobre Centroamérica de Amnistía Internacional.

“Cada nuevo fallo erosiona la impunidad arraigada desde hace tanto tiempo en el país, y las autoridades deben seguir garantizando que las miles de víctimas y sus familias tienen acceso a la justicia y a una reparación completa, así como a la verdad sobre lo ocurrido.”

Los condenados —Eusebio Grace, Julián y Mario Acoj, Santos Rosales y Lucas Tecú— se enfrentan a penas de 7.710 años de prisión cada uno por su intervención en el ataque contra Plan de Sánchez.

En aquel momento, los cinco pertenecían a las Patrullas de Autodefensa Civil, unidades paramilitares creadas por las fuerzas armadas guatemaltecas para realizar labores en el contexto de lo que las autoridades calificaban de política militar de “tierra quemada”.

Los sobrevivientes del ataque contra Plan de Sánchez —uno de los más sangrientos del conflicto— declararon ante el tribunal que los hombres violaron y torturaron a veintenas de lugareños antes de matarlos.

En la madrugada del 18 de julio de 1982, dos granadas de mortero cayeron sobre Plan de Sánchez cuando los campesinos se dirigían al mercado de Rabinal. Esa tarde, unos 60 hombres vestidos con uniformes del ejército y armados con rifles de asalto entraron en el pueblo y empezaron a rodear a sus habitantes, indígenas maya achí.

Los asaltantes llevaron a unas 20 muchachas de entre 12 y 20 años a una casa donde las sometieron a abusos, las violaron y las mataron. Otros niños murieron a golpes, mientras algunos adultos fueron encerrados en una casa donde las tropas dispararon indiscriminadamente contra ellos y les atacaron con granadas de mano.

Algunos lugareños fueron llevados a chozas de paja donde los rociaron con gasolina y les prendieron fuego; sus cadáveres fueron arrojados después a fosas comunes.

Además de las penas de prisión —cuya duración es simbólica, para reflejar el carácter horrendo de los crímenes de lesa humanidad cometidos—, la corte ordenó a los ministerios de Educación y de Cultura de Guatemala que encargaran la realización de documentales para honrar a las víctimas.

Varios militares de alto rango, incluido el jefe de Estado de facto en el momento de la masacre, el general ahora retirado José Efraín Ríos Montt, están acusados formalmente de genocidio.

El viernes se cumplirán 30 años desde que, en 1982, Ríos Montt asumió, en un golpe de Estado, el poder en Guatemala, que ocupó hasta agosto de 1983, cuando fue derrocado por otro golpe de Estado. La mitad de todas las violaciones de derechos humanos documentadas del conflicto armado interno de Guatemala se cometieron en esos años.

Una comisión de la verdad auspiciada por la ONU concluyó en 1999 que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala perdieron la vida o desaparecieron alrededor de 200.000 personas y que las fuerzas de seguridad cometieron más de 600 masacres, sobre todo en comunidades rurales e indígenas.

Amnistía Internacional sigue pidiendo que se ponga fin a la impunidad para todas las personas responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante este periodo.

“Seguimos pidiendo a las autoridades guatemaltecas que investiguen y hagan rendir cuentas a toda la cadena de mando de funcionarios por su intervención en los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil de Guatemala”, afirmó Sebastian Elgueta.

“La justicia, la verdad y la reparación son esenciales para transmitir el mensaje de que nunca deben volverse a cometer estas violaciones generalizadas de derechos humanos.”

 

Index AI : PRE01/149/2012
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