Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

Communiqués de presse

22 mars 2012

Brusco aumento del acoso y los ataques contra activistas y periodistas en Cuba

El acoso y las detenciones contra disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros de todo Cuba han experimentado un brusco aumento en los últimos 24 meses. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

El informe, titulado Represión sistemática: Acoso y detenciones breves por motivos políticos en Cuba, revela las nuevas tácticas de las autoridades cubanas para castigar a las personas a las que consideran opuestas al régimen.

Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, entre enero y septiembre de 2011 hubo 2.784 casos de abusos contra los derechos humanos, la mayoría detenciones breves de disidentes. Eso supone 710 casos más que en todo 2010. 

Desde marzo de 2011, más de 65 periodistas independientes han sido detenidos, la mayoría en más de una ocasión.

“Las tácticas han cambiado, pero la represión en Cuba es tan intensa como siempre”, ha manifestado Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional sobre Cuba. “Después de las liberaciones colectivas de presos de conciencia en 2011, hemos visto a las autoridades agudizar su estrategia de silenciar a la disidencia mediante el acoso a activistas y periodistas, a los que se somete a detenciones breves y actos públicos de repudio.”

Las autoridades de Cuba no toleran ninguna crítica a las políticas del gobierno realizada fuera de los mecanismos oficiales establecidos bajo control gubernamental. Las leyes sobre “desorden público”, “ultraje”, “desacato”, “peligrosidad” y “agresión” se utilizan para procesar a quienes se oponen al gobierno. No hay ninguna organización política o de derechos humanos a la que se haya permitido obtener el reconocimiento jurídico.

Los activistas de derechos humanos o los periodistas independientes detenidos suelen permanecer recluidos en comisarías o centros de detención durante periodos que oscilan entre unas horas y varios días, y en ese tiempo son sometidos frecuentemente a interrogatorio, intimidación, amenazas y, ocasionalmente, palizas.

En muchos casos, las autoridades no informan a sus familiares de los motivos de la detención ni del lugar donde se encuentran recluidos sus seres queridos.

Los activistas de derechos humanos Antonio Michel y Marcos Máiquel Lima Cruz permanecen encarcelados desde el 25 de diciembre de 2010, cuando fueron detenidos por agentes del Departamento de Seguridad del Estado en su localidad natal de Holguín, en el este de Cuba, por cantar canciones en las que criticaban la falta de libertad de expresión en el país.

Tras un juicio sumario celebrado en mayo de 2011, fueron condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, por “ultraje a los símbolos de la patria” y “desórdenes públicos”.

Antonio Michel sufre problemas de próstata y, según los informes, no recibe tratamiento médico adecuado. Al haber cumplido más de la mitad de su condena, podría optar a la libertad condicional, pero las autoridades se han negado a responder a las peticiones de su familia y su abogado.

Amnistía Internacional ha adoptado a los dos hermanos como presos de conciencia, y ha pedido a las autoridades su liberación inmediata e incondicional. Los activistas de derechos humanos Yasmín Conyedo Riverón y su esposo, Yusmani Rafael Álvarez Esmori, detenidos desde el 8 de enero de 2012 por cargos falsos de “atentado” contra un agente del Estado, también han sido adoptados como presos de conciencia.

El periodista José Alberto Álvarez Bravo, de La Habana, fue detenido 15 veces entre abril y octubre de 2011: una media de dos veces al mes. El 12 de julio, unos agentes de seguridad del Estado lo detuvieron en su casa y confiscaron su ordenador, unidades de almacenamiento USB, una cámara digital, libros y documentos. Permaneció detenido más de 72 horas.

“Cuba está siendo escenario de una intensificación de la represión en lo que se refiere a los derechos humanos. Lo que queremos es que los activistas puedan llevar a cabo su labor legítima sin temor a represalias”, ha manifestado Gerardo Ducos.

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