Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

28 novembre 2011

Violento desalojo en Santo Domingo deja a decenas de personas en una tienda

Violento desalojo en Santo Domingo deja a decenas de personas en una tienda
Cientos de efectivos de la policía y el ejército desalojaron por la fuerza a 72 familias de la comunidad de Alto Brisas del Este.

Cientos de efectivos de la policía y el ejército desalojaron por la fuerza a 72 familias de la comunidad de Alto Brisas del Este.

© Amnistía Internacional


Magderlyn Florian de pie sobre lo que fue su casa antes de que su comunidad fuera desalojada y arrasada.

© Amnistía Internacional


Cristino Ortiz, miembro de la comunidad, tiene decenas de heridas de perdigón provocadas durante el desalojo.

© Privado


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No somos delincuentes. Lo que queremos nosotros es vivir tranquilos y trabajar para echar pa’ adelante. Nosotros merecemos vivir dignamente.
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Jodis Encarnación, miembro de la comunidad de Alto Brisas del Este que fue desalojado

 

El sábado 15 de octubre de 2011, Jodis Encarnación y su esposa se despertaron, como todos los días, a las 7 de la mañana. Como cualquier otro día, levantaron y prepararon a los niños, y les llevaron a casa de la madre de Jodis camino de su trabajo en las afueras de Santo Domingo (República Dominicana).  

Pero cuando su turno como conductor de taxi apenas comenzaba, Jodis recibió la llamada desesperada de un vecino.

“La policía está aquí, con palitas, tumbando las casas”, dijo el vecino.  

El viaje en auto de regreso a Alto Brisas del Este, la comunidad donde vive Jodis, duró 15 minutos, pero cuando llegó, su casa había desaparecido y, con ella, todas las posesiones de la familia. En su lugar, sólo había un montón de escombros.  

“La casa fue toda destruida, no había nada que salvar. Nosotros salvamos ni una cuchara”, dijo Jodis a un equipo de Amnistía Internacional en Alto Brisas.  

La familia de Jodis es una de las 72 familias que 300 policías y militares desalojaron violentamente, sin orden judicial.

Un vídeo grabado por los residentes de la comunidad el día del desalojo muestra a la policía y el ejército, junto con representantes de la alcaldía, llevándose colchones, neveras y ropa, y a los tractores derribando las frágiles casas de piedra y madera.  

Los testigos presenciales también dijeron que la policía y los soldados dispararon perdigones y gas lacrimógeno contra las casas de las familias para obligar a éstas a que salieran. Según la policía, un agente y el conductor de un tractor resultaron heridos de bala, pero no están aún claras las circunstancias que rodearon este incidente.  

En apenas unas horas, en Alto Brisas del Este no quedaba más que un montón de escombros.  

Cuando la policía llegó esa mañana, Jenny Pérez, de 28 años, estaba sola en casa.  

Jenny dijo que la policía arrojó una granada de gas lacrimógeno dentro de su vivienda, obligándola a salir por la puerta trasera. Luego vio que los policías entraban corriendo en su casa y en el adyacente salón de belleza, también de su propiedad, llevándose las pocas pertenencias que tenía y destruyendo su medio de vida.

“Ellos vieron que estaba embarazada y incluso un policía me dijo: ‘devuélvete si tú no quieres que te dé un cartuchazo en la cabeza.’”

“No nos avisaron, nunca nos dijeron: ‘miren, vamos un desalojo, tienen dos o tres minutos, saquen sus cosas’. No, no, no, ellos rompieron todo. No nos dejaron sacar nada. Se llevaron el anillo de mi esposo de graduación de él, se llevaron pertenencias de él, toda la prenda posible que encontraron se la llevaron, recogieron todo”, dijo a un equipo de Amnistía Internacional.

Aunque Jenny y su esposo viven ahora en una casa alquilada, siguen afectados por las consecuencias físicas y psicológicas del desalojo violento y de haberlo perdido todo.  

Pero ellos son de los afortunados.

Desde el desalojo, decenas de familias de Alto Brisas del Este se han visto obligadas a vivir en una tienda de campaña en una calle cercana.

Más de 25 niños y niñas, mujeres y hombres viven y duermen en la tienda, que tiene poco más que un par de colchones y un viejo sofá que una familia consiguió salvar.  

“Cuando llueve, la calle se inunda y también la tienda. Los niños duermen en colchones y muchos de los adultos dormimos en sillas o incluso en un cartón en el suelo”, dijo una mujer mientras hacía la cena para el grupo.  

En el lugar donde estaban sus casas se ha instalado una pequeña unidad policial. Los miembros de la comunidad afirman que, incluso después el desalojo, han recibido amenazas y sufrido ataques.  

Según dijeron, el 26 de octubre, unos policías lanzaron un bote de gas lacrimógeno al campamento improvisado para advertirles de que no regresaran al terreno donde estaban sus casas.

La comunidad se creó originalmente hace más de una década en terrenos de propiedad privada y, según afirman sus miembros, con la autorización del propietario. Sin embargo, en 1992, la zona fue declarada de “utilidad pública” por un decreto presidencial, y en mayo de aquel año fueron desalojadas 19 familias.

No está clara la finalidad que se va a dar a los terrenos de Alto Brisas del Este.

Los miembros de la comunidad dicen que creen que los terrenos se emplearán para una urbanización relacionada con el turismo, mientras el alcalde de Santo Domingo del Este declaró públicamente que las autoridades locales planean ahora plantar árboles y crear una zona natural protegida.

Las organizaciones locales afirman que en el proceso judicial que siguió y desembocó en este desalojo masivo no se respetaron los requisitos administrativos para realizar desalojos en la República Dominicana.

El desalojo final se llevó a cabo pese a la existencia de un recurso de amparo que habría impedido temporalmente su ejecución.

Las autoridades nacionales y locales no han ayudado hasta ahora a la comunidad ni les han proporcionado un alojamiento alternativo. El 27 de octubre, Juan de los Santos, alcalde de Santo Domingo del Este, dijo que las autoridades locales no darán ninguna compensación ni alojamiento alternativo a las familias desalojadas.

Los desalojos forzosos como este son habituales en la República Dominicana.

Solamente en 2011, según una organización local que trabaja en cuestiones relacionadas con la vivienda, han sido desalojadas por la fuerza de los terrenos donde vivían más de 100 comunidades en todo el país caribeño.

La mayoría de los desalojos se ejecutan sin el proceso debido y sin consultar a las comunidades afectadas, y su finalidad es dejar esas tierras disponibles para la construcción de infraestructuras o de complejos turísticos o industriales.

Se calcula que más del 50 por ciento de la población de la República Dominicana carece de seguridad de tenencia (el 75 por ciento en el caso de la provincia de Santo Domingo) y corren el riesgo real de sufrir un desalojo forzoso. Este es un argumento que esgrimen las autoridades locales para justificar sus actos.

Según un informe recientemente publicado por Amnistía Internacional, la violencia policial y el uso excesivo de la fuerza durante los desalojos y las manifestaciones públicas son habituales en la República Dominicana.

Según la Procuraduría General, 977 personas resultaron heridas por la policía en la República Dominicana en 2010.

Amnistía Internacional ha recibido también informes sobre el uso excesivo de la fuerza y el uso inadecuado de armas de fuego por agentes de policía durante manifestaciones públicas.  Hace poco, una delegación de Amnistía Internacional en la República Dominicana recibió el testimonio de una estudiante a la que la policía, que estaba usando munición real, hirió en la pierna durante una protesta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La organización ha expresado asimismo su preocupación por la decisión adoptada por las autoridades dominicanas a principios de octubre de enviar personal militar a patrullar conjuntamente con la policía, para combatir la delincuencia y durante desalojos como el efectuado en Alto Brisa del Este.

“El personal militar no está adiestrado para patrullar las calles para prevenir la delincuencia, y usa armas de fuego que no son apropiadas para este fin. Esta decisión podría desembocar en el uso excesivo de la fuerza y exacerbar los abusos contra los derechos humanos que cometen los agentes de seguridad pública en la República Dominicana”, declaró Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“No somos delincuentes. Lo que queremos nosotros es vivir tranquilos y trabajar para echar pa’ adelante. Nosotros merecemos vivir dignamente. Queremos justicia y tener mejores condiciones, estamos viviendo aquí [de forma] infrahumana”, afirmó Jodis en la tienda que ahora es su hogar.

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