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República Democrática del Congo: Las víctimas congoleñas desatendidas merecen justicia ya

El ejército y los grupos armados siguen cometiendo violaciones y asesinatos.

El ejército y los grupos armados siguen cometiendo violaciones y asesinatos.

© APGraphicsBank


10 août 2011

El ejército y los grupos armados congoleños siguen cometiendo delitos de derecho internacional, como violación y asesinato, en el este de la República Democrática del Congo tras décadas de delitos similares en todo el país. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional titulado The time for justice is now; new strategy needed in the Democratic Republic of Congo pide la reforma y el fortalecimiento del sistema de justicia nacional del país para combatir la impunidad, una impunidad que ha promovido un ciclo de violencia y violaciones de derechos humanos que dura ya décadas.

“La población de la República Democrática del Congo ha sufrido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad –entre ellos tortura, violencia sexual y el uso de niños y niñas soldados– en una enorme escala, pero sólo unos pocos perpetradores han comparecido ante la justicia”, ha manifestado Veronique Aubert, directora adjunta del Programa para África de Amnistía Internacional.

“Todos los presuntos autores de esos delitos de derecho internacional deben ser procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, sin utilizar la pena de muerte.”   

“En el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre de 2011, el llevar ante la justicia a los autores de delitos de derecho internacional y garantizar reparación a las víctimas no sólo debe ser una prioridad electoral: es algo que debe traducirse en medidas concretas.”

El año pasado, la ONU publicó un informe (informe de mapeo) en el que documentaba los abusos y violaciones más graves cometidos en la República Democrática del Congo entre 1993 y 2003 y para los que nunca se ha hecho justicia. El informe también señalaba que el sistema de justicia congoleño es demasiado débil y demasiado carente de recursos para administrar justicia por los delitos de derecho internacional.

En respuesta al informe de la ONU, el gobierno congoleño ha propuesto el establecimiento de un Tribunal Especializado que tenga jurisdicción sobre estos delitos. Ese Tribunal Especializado incluiría personal tanto congoleño como de justicia internacional. Está previsto que la ley sea debatida, y podría ser adoptada por el Parlamento en el plazo de unas semanas.   

“Esta iniciativa es un paso muy positivo para abordar la impunidad, pero se necesita mucho más para que los tribunales ordinarios puedan complementar este nuevo mecanismo”, ha manifestado Veronique Aubert. “Aunque el Tribunal Especializado juzgará algunos de los casos más destacados, el grueso del trabajo deberá ser abordado por otros tribunales del país.”
 
Amnistía Internacional ha identificado otras medidas fundamentales que deben adoptarse para que el sistema de justicia de la República Democrática del Congo pueda otorgar reparación a los hombres, mujeres, niños y niñas que se han visto afectados por la violencia y los abusos endémicos.

“Las víctimas desatendidas de estos terribles crímenes necesitan justicia: deben poder contribuir al proceso de reforma de una manera significativa, y que el gobierno escuche sus voces”, ha manifestado Veronique Aubert.

Deben garantizarse el juicio justo y el debido proceso, ya que los jueces y otro personal judicial sufren regularmente amenazas e injerencias de las autoridades políticas y militares, según el informe.

Amnistía Internacional también pide que se establezca un programa para proteger a las víctimas y testigos que son reacios a presentarse por temor a represalias de los perpetradores que aún están en libertad.

Paul es un hombre de Masisi, de 30 años, que dijo a Amnistía Internacional que el ejército congoleño comete abusos sistemáticos en su pueblo:

“Cuando en las casas no hay nada de valor, se llevan a las mujeres. En septiembre de 2010 quemaron mi casa. Sobre las diez de la noche, llegaron varios soldados y derribaron la puerta a patadas. Al verme, empezaron a golpearme y me rompieron una costilla.

Luego la emprendieron con mi esposa y mis hijos. Con el fin de que dejaran de golpearlos, salí para darles mis nueve cabras y les supliqué que se llevaran los animales y dejaran a mi familia. Cuando se marcharon, huí al bosque con mi esposa y mis hijos. Al volver a la mañana siguiente, nuestra casa era un montón de cenizas. A casi todas las personas del pueblo les ha pasado lo mismo.”

Según ha declarado, Paul se sentía incapaz de presentar una denuncia, porque el ejército sigue presente en Masisi y teme represalias.

Incluso cuando se consigue enjuiciar un caso, las sentencias judiciales rara vez se cumplen. Amnistía Internacional no ha podido identificar ni un solo caso en el que el gobierno haya pagado indemnización tras ser declarado responsable por los tribunales de delitos de derecho internacional. La población congoleña debe ser consciente de sus derechos legales y recibir reparación.

En marzo de 2011, Amnistía Internacional visitó las prisiones de Bukavu y Goma. Bukavu se construyó para albergar a 350 presos, pero contenía 1.207, entre ellos 37 menores de 18 años. También había siete bebés con sus madres. La Prisión Central de Goma se construyó para 150 presos, pero albergaba a 943. Las condiciones penitenciarias deben mejorar mucho, y debe ponerse fin a las habituales fugas de las prisiones.

En la actualidad se están emprendiendo una diversidad de proyectos de reforma judicial en la República Democrática del Congo, pero ninguno de ellos es lo suficientemente general o está lo suficientemente bien coordinado para abordar las deficiencias del sistema judicial. Debe acordarse un mecanismo eficiente de coordinación entre los donantes y el gobierno.

Dadas las actuales deficiencias de los programas nacionales e internacionales, y la escasez de recursos económicos del sistema de justicia de la República Democrática del Congo, Amnistía Internacional pide al gobierno, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a otros donantes pertinentes que presten el apoyo económico y técnico necesario para garantizar el establecimiento de una estrategia de justicia general y a largo plazo.