Tayikistán

La situation des droits humains : República de Tayikistán

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Emomali Rajmon
Jefe del gobierno
Okil Okilov
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
7,1 millones
Esperanza de vida
67,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
83/74 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Tortura y otros malos tratos

Siguieron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La práctica habitual de la policía de recluir en régimen de incomunicación al detenido antes de abrir formalmente un proceso penal elevaba el riesgo de tortura y otros malos tratos. Seguían utilizándose confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en los juicios. Con raras excepciones, las víctimas no denunciaban los malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por miedo a las consecuencias, por lo que la impunidad seguía siendo la norma. Grupos de derechos humanos, abogados y jueces tayikos instaron al gobierno a incorporar a la legislación nacional una definición precisa de la tortura, que estuviera en consonancia con las normas internacionales.

  • El 26 de febrero, Nematillo Botakozuev, defensor kirguís de los derechos humanos, fue detenido por la policía en la capital de Tayikistán, Dushambé, después de visitar la sede del ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– para solicitar la condición de refugiado. Las autoridades de Kirguistán lo reclamaban por su presunta participación en una manifestación celebrada en la localidad de Nookat en 2008. Estuvo casi un mes recluido en régimen de incomunicación en las dependencias del Comité de Estado para la Seguridad Nacional, donde, según los informes, fue torturado y, además, no recibió asistencia médica adecuada. El 22 de mayo fue extraditado a Kirguistán, y un tribunal de la localidad de Osh ordenó su puesta en libertad.
  • Ilhom Ismonov fue detenido el 3 de noviembre en Judzhand, en la región de Soghd, y acusado de “organizar una banda criminal”. No compareció ante un juez hasta nueve días después, el 12 de noviembre, en incumplimiento del Código de Procedimiento Penal tayiko, según el cual los detenidos debían comparecer ante una autoridad judicial en el plazo máximo de 72 horas a partir de su detención para que dicha autoridad decidiera si debían seguir bajo custodia. Tampoco se le permitió acceder a su abogado hasta que compareció ante el tribunal. Según informes, dijo al juez que le habían aplicado descargas eléctricas y le habían derramado agua hirviendo por el cuerpo cuando estuvo recluido en la sede en Judzhand del Departamento para la Lucha contra la Delincuencia Organizada (Sexto Departamento) del Ministerio del Interior. Al parecer, el juez no abordó las denuncias de tortura. En diciembre, la Fiscalía de la región de Soghd informó a la esposa y a la abogada de Ilhom Ismonov que su examen del caso había mostrado que las denuncias de tortura eran falsas, que Ilhom Ismonov no había sido detenido ilegalmente y que no había tenido ningún problema en acceder a un abogado. No se ofrecieron datos sobre la forma en que este examen se había realizado.
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Libertad de expresión: periodistas

Según informaron grupos de derechos humanos internacionales y tayikos, seguían iniciándose procesos civiles y penales contra periodistas y medios de comunicación independientes por criticar al gobierno. La presión sobre los medios aumentó especialmente en el periodo anterior a las elecciones parlamentarias de febrero y después de una emboscada tendida a las tropas gubernamentales por presuntos radicales islamistas y ex jefes de la oposición en septiembre en el distrito de Rasht, en la que 28 soldados resultaron muertos. Las autoridades bloquearon presuntamente los sitios web de agencias de noticias locales y de un blog de la oposición en septiembre y octubre, y al parecer hubo inspecciones fiscales dirigidas contra los medios de comunicación que habían criticado a las autoridades en relación con los acontecimientos de Rasht.

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Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres seguía siendo un problema grave: entre un tercio y la mitad de la población femenina había sufrido violencia física, psicológica o sexual a manos del esposo u otro miembro de la familia en algún momento de su vida. Aunque el gobierno había dado los primeros pasos para combatir la violencia contra las mujeres, incluido el establecimiento de cinco comisarías de policía dotadas de agentes especialmente preparados, Tayikistán siguió distando de cumplir con su obligación internacional de proteger a las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar. El acceso de las mujeres al sistema de justicia penal seguía estando muy restringido, y la respuesta policial y judicial era insuficiente, por lo que la ausencia de denuncias era generalizada. No había servicios suficientes para proteger a las sobrevivientes de violencia en el ámbito familiar, como casas refugio y viviendas alternativas adecuadas y seguras. Tampoco había aún en funcionamiento un sistema nacional de remisiones entre trabajadores de la salud, centros de crisis y asistencia jurídica, agencias encargadas de hacer cumplir la ley y otras entidades con que apoyar a las sobrevivientes de violencia en el ámbito familiar. El anteproyecto de ley sobre “protección social y jurídica frente a la violencia intrafamiliar”, en proceso de elaboración desde hacía varios años, todavía no se había presentado al Parlamento.

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