Italia

La situation des droits humains : República Italiana

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Giorgio Napolitano
Jefe del gobierno
Silvio Berlusconi
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
60,1 millones
Esperanza de vida
81,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,8 por ciento

Escrutinio internacional

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitó Italia por primera vez en marzo. Entre otras cosas, le preocupaba que las autoridades italianas trataran a romaníes y migrantes como “problemas de seguridad”, en lugar de buscar los medios de incluirlos en la sociedad.

En abril, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, publicó sendos informes sobre las visitas periódicas a Italia de septiembre de 2008 y julio de 2009 en los que destacaba, entre otras cosas, la ausencia del delito de tortura en el Código Penal y el hacinamiento en los centros penitenciarios. Además, en el informe de 2009 condenaba la política de interceptar a migrantes en el mar y obligarlos a regresar a Libia u otros países no europeos, por considerar que violaba el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver una persona a un país donde pueda sufrir graves violaciones de derechos humanos.

El 25 de junio, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Italia discriminaba a los romaníes y los sintis en el disfrute de varios derechos, entre ellos los derechos a la vivienda y a la protección frente a la pobreza y frente a la exclusión social y el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia.

En febrero se evaluó el historial de derechos humanos de Italia en virtud del examen periódico universal de la ONU. El gobierno respondió en mayo rechazando 12 de las 92 recomendaciones recibidas. Suscitó especial preocupación su negativa tanto a introducir el delito de tortura en la legislación nacional como a abolir el delito de migración irregular.

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Discriminación

La comunidad romaní seguía sufriendo discriminación en el disfrute de su derecho a la educación, la vivienda, la asistencia médica y el empleo. Comentarios despectivos vertidos por algunos políticos y autoridades contribuyeron a fomentar un clima de intolerancia hacia romaníes y migrantes, y hacia lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

En agosto empezó a funcionar el Observatorio para la Seguridad contra los Actos Discriminatorios, creado por las autoridades policiales con el cometido de animar y ayudar a las víctimas de ataques discriminatorios a presentar denuncias.

Comunidad romaní: desalojos forzosos

Continuaron los desalojos forzosos de romaníes en todo el país. Algunas familias los sufrieron repetidamente, lo que afectó a la vida de sus comunidades, dificultó su acceso al trabajo e impidió la asistencia a la escuela de algunos niños y niñas.

  • Las autoridades municipales de Roma empezaron a aplicar en enero el “Plan Nómadas”, basado en la “emergencia nómada” declarada en 2008 por el gobierno central, que autorizaba a los prefectos a dejar de aplicar ciertas leyes al tratar con personas tenidas por “nómadas”. El “Plan Nómadas” proponía el desalojo de miles de romaníes y su reasentamiento parcial en campos de acogida nuevos o rehabilitados. Su aplicación perpetuó una política de segregación y dio lugar al empeoramiento de las condiciones de vida de muchas personas debido a los retrasos en la construcción de nuevos campos o en la adaptación de los existentes. Aunque hubo algunas mejoras, la consulta con las familias afectadas por parte de las autoridades seguía siendo insuficiente.
  • En Milán, las autoridades locales practicaron desalojos forzosos de manera implacable y sin haber adoptado una estrategia para ofrecer alojamiento alternativo a los afectados. A algunas familias romaníes les fue asignada una vivienda social en espera de su desalojo. La asignación de la vivienda, inicialmente retirada por las autoridades locales debido a consideraciones políticas, fue confirmada en diciembre por decisión de un tribunal, que además consideró discriminatoria la conducta de las autoridades. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación contra esta sentencia.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron produciéndose ataques homófobos. Debido a un vacío legal, las víctimas de delitos motivados por discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género no recibían la misma protección que las de delitos motivados por discriminación de otra índole.

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Derechos de migrantes y solicitantes de asilo

Se siguió privando de sus derechos a migrantes y solicitantes de asilo, especialmente por falta de acceso a un procedimiento justo y satisfactorio de determinación de los casos de asilo. Las autoridades no protegían debidamente a estas personas de la violencia por motivos raciales, y algunos políticos y representantes gubernamentales fomentaban un clima de intolerancia y xenofobia al establecer conexiones infundadas entre migración y delincuencia.

El ACNUR –agencia de la ONU para los refugiados– y varias ONG siguieron expresando su preocupación por el hecho de que los acuerdos alcanzados entre Italia, Libia y otros países para controlar las corrientes migratorias estuvieran dando lugar a que cientos de solicitantes de asilo, muchos de ellos menores de edad, se vieran privados de acceso a los procedimientos para solicitar protección internacional. El número de solicitudes de asilo en Italia siguió disminuyendo drásticamente.

  • En octubre, 68 personas rescatadas en el mar fueron devueltas a Egipto en el plazo de 48 horas, al parecer sin haber tenido la oportunidad de solicitar protección internacional. Todas ellas viajaban en un barco que transportaba a 131 personas y que las autoridades italianas habían interceptado cerca de la costa de Sicilia. Entre las 131 había 44 menores de edad y 19 personas a las que detuvieron por incitación a la migración ilegal.

En enero, más de un millar de migrantes –la mayoría con permiso de residencia– huyeron de la localidad de Rosarno o fueron trasladados de allí por los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley tras dos días de violentos enfrentamientos entre trabajadores migrantes, residentes locales y la policía. El conflicto estalló cuando un trabajador migrante que regresaba a casa caminando junto a otros tras el trabajo en el campo resultó herido por disparos efectuados desde un automóvil en marcha. En abril, una investigación judicial sobre las causas de los disturbios llevó a la detención de más de 30 personas –italianas y extranjeras– por explotación y esclavización de trabajadores migrantes empleados en el sector agrícola de la zona. La investigación seguía en curso al final del año.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Entregas

El Tribunal de Apelación de Milán ratificó en diciembre las sentencias condenatorias dictadas en 2009 contra 25 funcionarios estadounidenses e italianos implicados en el secuestro de Abu Omar en una calle milanesa en 2003. Los 23 funcionarios estadounidenses habían sido juzgados in absentia. El Tribunal impuso a los acusados penas de hasta nueve años de prisión. Tras su secuestro, la CIA había trasladado ilegalmente a Abu Omar de Italia a Egipto, donde había permanecido recluido en secreto y, al parecer, sufrido torturas. El Tribunal confirmó la retirada de los cargos contra 5 altos cargos de los servicios de inteligencia italianos por razones de secreto de Estado.

Detenidos de Guantánamo

Seguían en curso las actuaciones penales entabladas por cargos de terrorismo contra Adel Ben Mabrouk y Rihad Nasseri, ciudadanos tunecinos transferidos a Italia desde Guantánamo en 2009. Se temía que los acusados fueran expulsados a Túnez, en incumplimiento del principio de no devolución.

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Muertes bajo custodia

Se siguió recibiendo información sobre malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Persistió la preocupación por la falta de independencia e imparcialidad de las investigaciones y la falta de exhaustividad en la recopilación y conservación de pruebas en los casos de muerte bajo custodia y presuntos malos tratos, que podrían haber dado lugar a impunidad. Seguía siendo imprescindible que las víctimas y sus familiares hicieran reiteradas peticiones a las autoridades para que se llevaran a cabo investigaciones exhaustivas y los responsables fueran procesados.

  • Al final del año continuaban pendientes los recursos interpuestos contra sus sentencias por cuatro agentes de policía condenados a tres años y seis meses de prisión en julio de 2009 por el homicidio ilegítimo del joven de 18 años Federico Aldrovandi, muerto en 2005 después de que unos agentes de policía le dieran el alto en la localidad de Ferrara. Tres agentes de policía acusados de ayudar a sus compañeros a ocultar y falsificar pruebas del caso fueron condenados en marzo a 8, 10 y 12 meses de prisión, respectivamente. En octubre, los padres de Federico Aldrovandi aceptaron recibir la suma de dos millones de euros a modo de reparación por la muerte de su hijo con la condición de renunciar a la demanda por daños y perjuicios en las actuaciones pendientes.
  • Seguía pendiente el procesamiento de un guardia de prisiones por omisión de socorro a Aldo Bianzino, muerto en 2007 en la cárcel, en la localidad de Perugia, a los dos días de su detención. En marzo de 2009 se habían sobreseído unas actuaciones por homicidio contra agresores no identificados.
  • Seguían en curso los intentos de esclarecer las circunstancias de la muerte de Stefano Cucchi y determinar responsabilidades. La muerte de Stefano Cucchi había tenido lugar en octubre de 2009, siete días después de su detención, en la sección penitenciaria de un hospital de Roma. Sus familiares pensaban que había muerto a causa de los malos tratos que presuntamente había sufrido antes de llegar al hospital.
  • En diciembre se acusó a un médico del homicidio culposo de Giuseppe Uva, muerto en junio de 2008 en un hospital de la localidad de Varese, al parecer después de recibir un tratamiento médico equivocado. Las investigaciones sobre los malos tratos presuntamente infligidos a Giuseppe Uva bajo custodia policial horas antes de su muerte seguían abiertas.
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Tortura y otros malos tratos

En marzo y mayo, el Tribunal de Apelación de Génova falló en segunda instancia en sendas causas relativas a torturas y otros malos tratos infligidos a manifestantes del G-8 por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en 2001. Al final del año todavía quedaba abierta la posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal de Casación.

En marzo, a pesar de reconocer que la mayoría de los delitos cometidos en el centro de detención provisional de Bolzaneto –que incluían lesiones graves, así como inspecciones y registros arbitrarios– habían prescrito, el Tribunal dispuso que los 42 acusados debían indemnizar a las víctimas por daños y perjuicios. Asimismo impuso penas de hasta tres años y dos meses de prisión a ocho de ellos.

En mayo, el Tribunal declaró culpables a 25 de las 28 personas acusadas de cometer abusos parecidos en la escuela Armando Diaz, incluidos todos los altos mandos de la policía que habían estado presentes en el momento de los hechos, y les impuso penas de hasta cinco años de prisión. Muchos de los cargos fueron retirados en virtud de las normas sobre prescripción de los delitos.

Tales normas no habrían sido aplicables si Italia hubiera tipificado la tortura como delito específico en su Código Penal.

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