Haití

La situation des droits humains : República de Haití

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
René García Préval
Jefe del gobierno
Jean-Max Bellerive
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,2 millones
Esperanza de vida
61,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
90/80 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
61 por ciento

Información general

El 12 de enero, un terremoto destruyó grandes zonas de Puerto Príncipe, la capital de Haití, así como ciudades y zonas remotas del sur del país, lo que desencadenó una crisis humanitaria sin precedentes. El gobierno calculaba que hubo más de 230.000 muertos y 300.000 heridos. Las instituciones y oficinas públicas resultaron gravemente afectadas, pues se destruyeron 15 de los 17 edificios ministeriales, 1.500 escuelas y 50 hospitales y consultorios médicos. También quedó destruida la sede de la misión de la ONU. La comunidad internacional y las agencias humanitarias respondieron rápidamente con ayuda humanitaria de emergencia, pero ésta llegó con lentitud a algunas de las comunidades más afectadas.

En marzo se reunieron en Nueva York más de 150 países donantes y organizaciones internacionales que se comprometieron a aportar 5.300 millones de dólares estadounidenses que se desembolsarían durante 18 meses para financiar la reconstrucción de Haití tras el terremoto. Sin embargo, las labores de desescombro y la construcción de alojamientos temporales para los sobrevivientes del seísmo fueron lentas. Al finalizar el año, más de un millón de personas vivía aún en unos 1.110 campamentos formales e informales, a menudo en condiciones extremas. En octubre, un huracán causó más daños en los alojamientos de los campamentos.

En septiembre estalló una epidemia de cólera en algunas comunidades situadas junto al río Artibonite que se propagó rápidamente a otras zonas del país. La ONU estableció un grupo independiente de expertos para investigar el origen del brote. En diciembre se había informado de más de 100.000 casos de cólera y el número de fallecidos superaba los 2.400.

El 28 de noviembre se celebró la primera vuelta de las elecciones generales para elegir al presidente, el Parlamento y el Senado de Haití. Las irregularidades y el presunto fraude por parte del Consejo Electoral Provisional desencadenaron manifestaciones por todo el país. Los observadores electorales nacionales expresaron preocupación ante la publicación de unos resultados parciales que descartaban la participación de Michel Martelly en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas para enero de 2011, y favorecían al candidato del partido gobernante.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra mujeres y niñas era omnipresente tanto en los campamentos formales e informales como en torno a ellos. La falta de seguridad y de mecanismos efectivos de protección aumentaba los riesgos de violación y otras formas de violencia sexual. La impunidad por estos delitos seguía suscitando preocupación, pues muy pocos casos fueron investigados o enjuiciados. Muchas sobrevivientes de violación tuvieron que superar el miedo, la discriminación y la falta de recursos económicos para recibir atención médica. La Asociación Nacional para la Protección de Mujeres y Niños Haitianos (ANAPFEH), organización de defensa de los derechos de las mujeres que prestaba apoyo a trabajadoras sexuales de Puerto Príncipe, informó del aumento del número de niñas que, desde que estalló la crisis humanitaria, ejercían el sexo como profesión.

  • KOFAVIV, organización popular de sobrevivientes de violación, documentó más de 250 casos de violencia sexual en 15 campamentos durante los primeros cinco meses posteriores al terremoto. La organización informó también de abusos sexuales a niñas no acompañadas a cambio de comida o alojamiento en los campamentos.
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Personas internamente desplazadas

Al finalizar el año, más de un millón de personas seguía viviendo en condiciones extremas en campamentos formales e informales. La gran mayoría de las personas desplazadas no tenía acceso a un alojamiento adecuado. La construcción de alojamientos provisionales era lenta y estaba dificultada por el hecho de que las autoridades no ofrecían terrenos adecuados. No había información clara sobre los planes y políticas gubernamentales para el reasentamiento de los desplazados en viviendas adecuadas permanentes.

Desalojos forzosos

Los terratenientes desalojaron a desplazados que ocupaban terrenos particulares, y la mayoría de las veces lo hicieron con la ayuda de la policía o de hombres armados. En abril, el gobierno anunció una paralización durante seis semanas de los desalojos forzosos de desplazados, pero no tenía capacidad para hacer cumplir la medida.

  • En marzo, la policía haitiana desalojó a casi 10.000 desplazados del estadio Sylvio Cator. La expulsión se realizó sin orden judicial y sin que se facilitara información o alternativas a los sobrevivientes del terremoto. La policía entró en el estadio por la noche y comenzó a derribar los refugios, obligando a los sobrevivientes a salir de las instalaciones.
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Derechos de la infancia: tráfico y trata de personas

La trata de niños siguió suscitando preocupación, y las autoridades redoblaron los esfuerzos para prevenirlo. La Brigada de Protección de Menores, unidad policial haitiana especializada, desplegó agentes en pasos fronterizos con la República Dominicana para prevenir esta práctica.

El gobierno haitiano aumentó la minuciosidad del examen de las solicitudes de adopción internacional como medida para prevenir la trata de niños.

  • En enero, las autoridades haitianas interceptaron en la frontera a 33 niños de entre dos meses y 12 años que un grupo de misioneros intentaba introducir en la República Dominicana sin documentación. Los misioneros fueron acusados de “secuestro de menores” y de “asociación para delinquir”. El tráfico y la trata de personas no estaban tipificados en los códigos haitianos. Los 10 misioneros fueron puestos en libertad en febrero; se les permitió salir del país en espera de una investigación.
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Ejecución extrajudicial de presos

  • El 19 de febrero se produjo un motín y una fuga en la prisión de Les Cayes, y la Policía Nacional de Haití acudió en ayuda de los guardias penitenciarios. La operación se saldó con la muerte de 12 reclusos desarmados y 14 heridos. Un grupo de investigación conjunto de la ONU y Haití establecido para indagar sobre el incidente concluyó, según se tuvo noticia, que la mayoría de los fallecidos habían sido “ejecutados sumariamente” y que los policías abrieron fuego “deliberadamente y sin justificación”. Fueron detenidos 14 policías y funcionarios penitenciarios en espera de una investigación. Al concluir el año no se disponía de más información sobre ésta.
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