Francia

La situation des droits humains : República Francesa

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
France est maintenant en ligne

Jefe del Estado
Nicolas Sarkozy
Jefe del gobierno
François Fillon
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
62,6 millones
Esperanza de vida
81,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000

Tortura y otros malos tratos

En sus observaciones finales, formuladas el 14 de mayo de 2010, el Comité de la ONU contra la Tortura manifestó su preocupación por las constantes denuncias de malos tratos infligidos por agentes del orden público franceses, e instó a las autoridades a garantizar que toda denuncia de malos tratos era objeto sin demora de una investigación transparente e independiente y que los autores eran debidamente sancionados.

  • El 4 de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó, en la causa Darraj v. France, que Francia había vulnerado la prohibición de la tortura y otros malos tratos contenida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En julio de 2001, Yassine Darraj, ciudadano francés de 16 años de edad, había sido trasladado a una comisaría para comprobar su identidad. Allí unos agentes de policía lo habían esposado y habían empleado tanta fuerza contra él que había necesitado una intervención quirúrgica de urgencia, lo que lo había incapacitado para trabajar durante 21 días. El Tribunal resolvió que la multa de 800 euros por “lesiones involuntarias” impuesta en apelación a dos de los agentes de policía no era suficiente.
Arriba

Muertes bajo custodia

Las investigaciones sobre muertes bajo custodia parecían carecer de independencia e imparcialidad y avanzaban con lentitud.

  • El 17 de mayo, la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad pidió que se abriese un procedimiento disciplinario contra unos agentes de policía que presuntamente habían hecho uso desproporcionado de la fuerza contra Ali Ziri, argelino de 69 años de edad, tras su detención en Argenteuil el 9 de junio de 2009. Ali Ziri viajaba en el automóvil de un amigo suyo cuando la policía les había dado el alto. El amigo, Arezki Kerfali, afirmaba que los agentes les habían propinado una paliza y que habían tenido que llevar a ambos al hospital, donde Ali Ziri había fallecido. Arezki Kerfali fue acusado de insultar a un agente de policía, y estaba previsto que la vista se celebrase el 24 de junio, pero se aplazó en espera de que se tomara una decisión sobre el caso de Ali Ziri.
  • En marzo, la jueza que instruía la investigación sobre la muerte de Abou Bakari Tandia, fallecido en enero de 2005 a consecuencia de lesiones sufridas bajo custodia policial, interrogó a tres peritos médicos forenses que en julio de 2009 habían elaborado un informe que contradecía la versión de los hechos ofrecida por la policía. Los peritos habían determinado que se había producido un altercado entre Abou Bakari Tandia y los agentes de policía encargados de su custodia, lo que ponía aún más en tela de juicio la afirmación de éstos de que se había causado las lesiones él mismo al arrojarse contra la pared de la celda. En noviembre, la jueza interrogó a los agentes de policía como testigos de lo ocurrido.
  • En septiembre, el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence revocó la decisión de las juezas instructoras de archivar la investigación abierta contra dos agentes de policía sospechosos del homicidio involuntario de Abdelhakim Ajimi, que había muerto al ser inmovilizado por la policía durante su detención en mayo de 2008. En abril, la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad había recomendado que se abriese un procedimiento disciplinario contra los agentes por haber hecho uso desproporcionado e innecesario de la fuerza.
  • Más de un año después del inicio de una investigación penal sobre el “homicidio involuntario” de Mohamed Boukrourou, aún no se había interrogado a los agentes de policía que habían practicado su detención ni se había abierto ningún procedimiento disciplinario contra ellos. El 12 de noviembre de 2009, a raíz de una discusión que Mohamed Boukrourou había mantenido con la farmacia local, cuatro agentes de policía lo habían detenido y, tras esposarlo, le habían pedido que los acompañara. Según testigos, al negarse él a hacerlo, los agentes lo habían sacado a rastras de la farmacia y arrojado al interior de una furgoneta policial, donde le habían propinado golpes y patadas. Menos de dos horas después, Mohamed Boukrourou había muerto. Sus familiares afirmaban que, cuando vieron el cadáver, éste tenía la cara llena de magulladuras, el labio partido y la mejilla desgarrada. Sendos informes periciales, uno elaborado en noviembre de 2009 a instancias de la Fiscalía y otro en junio de 2010 a petición de la familia, indicaban que las lesiones que se apreciaban en el cuerpo podían deberse a una paliza y apuntaban a una insuficiencia cardiaca como causa probable de la muerte. En ambos informes se habían solicitado nuevos exámenes médicos a fin de esclarecer las circunstancias de la muerte, cuyos resultados seguían pendientes al terminar el año. La Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad y la Inspección General de la Policía también habían abierto investigaciones en noviembre y diciembre de 2009, respectivamente, que seguían su curso.
Arriba

Detenidos de Guantánamo

  • El 26 de febrero, el Tribunal de Casación ordenó repetir el juicio por delitos de terrorismo de cinco ciudadanos franceses que habían estado recluidos en Guantánamo y habían sido trasladados a Francia en 2004 y 2005. En febrero de 2009, el Tribunal de Apelación de París había revocado la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal de París por “asociación de malhechores en relación con actividades terroristas” porque este tribunal había utilizado de forma ilegal información –facilitada por los servicios de inteligencia franceses– obtenida en interrogatorios llevados cabo cuando estos hombres estaban recluidos en Guantánamo.
Arriba

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En julio, el Consejo de Estado anuló parcialmente una decisión de la junta directiva de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas por la que se calificaba de “seguros” 17 países en el examen de las solicitudes de asilo. Las solicitudes de personas procedentes de países “seguros” se estudiaban con arreglo a un procedimiento acelerado, en función del cual se podía devolver al solicitante sin examinar su recurso de apelación. El Consejo de Estado decidió que Armenia, Madagascar y Turquía no cumplían los criterios necesarios en materia de derechos humanos para formar parte de la lista de países “seguros” y que Malí era seguro para los hombres, aunque no para las mujeres.

Desde septiembre se estaba examinando en el Parlamento un anteproyecto de ley sobre migración y asilo que era incompatible con las normas internacionales de derechos humanos. Con arreglo a él, si se interceptaba cerca de la frontera francesa a un grupo de 10 o más migrantes irregulares, se los debía recluir en una “zona de retención” situada entre el lugar donde se había practicado la detención y la frontera. Se estudiaban sus solicitudes de entrada en el resto de Francia para pedir asilo y, si se consideraba que eran “manifiestamente infundadas”, eran devueltos a sus países de origen, y disponían de tan sólo 48 horas para impugnar la decisión.

Arriba

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En junio, el Senado comenzó a estudiar un anteproyecto de ley sobre el mandato y las atribuciones de la nueva institución del Defensor de los Derechos, en la que se fusionarían la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad, el Defensor de la Infancia, el Mediador de la República, la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad y el Inspector General de los Lugares de Privación de Libertad. Se temía que a consecuencia de esta fusión se perdiesen los conocimientos e independencia de estas instituciones.

El 30 de julio, el Consejo Constitucional resolvió que la ley relativa a la detención preventiva (garde à vue) era inconstitucional porque no garantizaba a los detenidos derechos de defensa como la asistencia efectiva de un abogado y la necesidad de informarlos de su derecho a guardar silencio. No obstante, en la resolución se afirmaba que la ley seguiría en vigor hasta el 1 de julio de 2011. El Consejo no examinó normas aún más restrictivas, aplicables a las personas sospechosas de participar en actividades terroristas, delincuencia organizada grave o narcotráfico.

El gobierno aprobó en octubre una propuesta posterior de modificación del sistema de detención preventiva, que no atendía todos los motivos de preocupación en materia de derechos humanos. Unos días después, el Tribunal de Casación resolvió que todo el sistema de detención preventiva era ilegítimo, incluso las disposiciones aplicables a las personas sospechosas de participar en actividades terroristas, delincuencia organizada grave o narcotráfico.

Arriba

Racismo y discriminación

Las autoridades estigmatizaban a las comunidades romaní y nómada. Durante una reunión ministerial celebrada en julio con objeto de hablar de “los problemas relacionados con las conductas de algunos romaníes y nómadas”, el presidente Nicolas Sarkozy se refirió a los “campamentos ilegales” habitados por personas de etnia romaní como focos de delincuencia y pidió al gobierno que los desmantelase en el plazo de tres meses. El 5 de agosto, el Ministerio del Interior ordenó a los prefectos desmantelar sistemáticamente los “campamentos ilegales”, dando prioridad de forma expresa a los habitados por personas de etnia romaní, y llevar a cabo “la expulsión inmediata de los extranjeros en situación irregular”. A raíz de su publicación en los medios de comunicación, esta orden fue revocada y sustituida el 13 de septiembre por otra que se refería a “todo asentamiento ilegal, con independencia de quiénes sean sus ocupantes”. No obstante, siguió suscitando preocupación que la comunidad romaní estuviese marginada y fuese víctima de desalojos forzosos y expulsiones. En septiembre, el gobierno presentó en el Parlamento una propuesta legislativa encaminada a facilitar la expulsión de extranjeros, incluidos los ciudadanos de la Unión Europea, que “abusen de su derecho a disfrutar de una estancia breve” entrando y saliendo de Francia reiteradamente.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial manifestó su preocupación por las declaraciones políticas de carácter discriminatorio. Al Comité le inquietaba también el aumento de los actos de violencia racista contra romaníes, así como las dificultades que tenían los nómadas en su libertad de circulación, el ejercicio del derecho de voto y el acceso a la educación y a una vivienda digna.

En octubre, el Consejo Constitucional resolvió que la ley aprobada por el Parlamento en septiembre en virtud de la cual se prohibía llevar en público prendas que cubriesen el rostro no restringía de manera desproporcionada los derechos individuales. El Consejo determinó, no obstante, que esta prohibición no se podía aplicar en espacios públicos dedicados al culto. Suscitó preocupación que la prohibición vulnerase el derecho a la libertad de expresión y religión de las mujeres que decidiesen llevar el burka o el niqab como expresión de su identidad o creencias.

Arriba