Zimbabue - Informe 2010 Amnistia Internacional

La situation des droits humains : República de Zimbabue

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado y del gobierno
Robert Mugabe
Pena de muerte
retencionista
Población
12,5 millones
Esperanza de vida
43,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
100/88 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
91,2 por ciento

La situación de los derechos humanos mejoró ligeramente con el establecimiento de un gobierno de unidad en febrero. Sin embargo, persistieron el hostigamiento y la intimidación de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y simpatizantes del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai, liderado por el primer ministro Morgan Tsvangirai. Se detuvo a muchas decenas de personas presuntamente críticas con el anterior grupo político gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. Instituciones estatales controladas por Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico seguían actuando contra supuestos opositores políticos, ejerciendo de este modo presión sobre el frágil gobierno de unidad. Las tensiones en el seno de las instituciones estatales alimentaron ataques contra activistas del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai en zonas rurales y contra algunas explotaciones agrícolas comerciales.

La economía mostró los primeros signos de mejora desde el comienzo de la crisis en 2000. Se abandonó el dólar de Zimbabue y en su lugar se usaron divisas fuertes como el dólar estadounidense y el rand sudafricano. Esto permitió controlar la inflación y mejoró la disponibilidad de alimentos en las tiendas. Sin embargo, muchas familias pobres no tenían acceso a divisas extranjeras y no podían pagar los costos de educación y la atención de la salud. La intervención de organismos humanitarios permitió la reapertura de instalaciones de salud y centros escolares, que en su mayoría habían cerrado en 2007.

Información general

El 27 de enero, los líderes de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral celebraron una cumbre extraordinaria en Sudáfrica para tratar de la situación de punto muerto político que se produjo en Zimbabue tras la firma del Acuerdo Político Global el 15 de septiembre de 2008. Las tres partes en el Acuerdo –Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, el Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai y el Movimiento por el Cambio Democrático liderado por Arthur Mutambara– habían llegado a un callejón sin salida en lo relativo a la distribución de ministerios clave.

Tras la intervención de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, Morgan Tsvangirai tomó posesión del cargo de primer ministro el 11 de febrero con dos viceprimeros ministros, Arthur Mutambara, del Movimiento por el Cambio Democrático, y Thokhozani Khupe, del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai. Otros miembros del gobierno de unidad tomaron posesión de sus cargos el 14 de febrero. Sin embargo, el gobierno de unidad siguió siendo frágil debido sobre todo a la negativa del presidente Mugabe a implementar algunos aspectos del Acuerdo Político Global. Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico sostenía que el Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai no había hecho gestiones suficientes para lograr el fin de las sanciones selectivas impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos. En octubre, el Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai boicoteó tres reuniones del gabinete como protesta por las demoras en la aplicación del Acuerdo Político Global. Este grupo no volvió a asistir a las reuniones del gabinete hasta después de una cumbre convocada por la Comunidad para el Desarrollo del África Austral el 5 de noviembre. En esta reunión se concedió a las partes un plazo de 30 días para reanudar el diálogo a fin de resolver la situación de punto muerto. Al terminar el año no se había resuelto ninguno de los asuntos importantes.

Las víctimas de los desalojos forzosos masivos de 2005 seguían viviendo en condiciones deplorables.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Persistió la represión de defensores y defensoras de los derechos humanos y de presuntos opositores políticos a Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. Muchas decenas de activistas de los derechos humanos y de los derechos políticos fueron detenidos y enjuiciados por ejercer sus derechos.

La Fiscalía General siguió invocando el artículo 121 de la Ley de Pruebas y Procedimiento Penal para prolongar la reclusión de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos a quienes en circunstancias normales se habría concedido la libertad bajo fianza. El artículo 121 permitía un periodo de detención adicional de siete días para que la acusación pudiera presentar recurso ante un tribunal superior.

  • Al menos 18 personas detenidas por motivos políticos estaban recluidas por cargos al parecer falsos presentados por el anterior gobierno de Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. El 2 de marzo, Jestina Mukoko y Broderick Takawira fueron puestos en libertad bajo fianza luego de pasar tres meses bajo custodia. Otras 13 personas quedaron en libertad bajo fianza en fechas posteriores. A tres –Gandhi Mudzingwa y Kisimusi Dhlamini, dirigentes del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai, y Andrison Manyere, periodista– se les concedió la libertad bajo fianza el 9 de abril. Las autoridades se opusieron a la libertad bajo fianza, pero no presentaron recurso dentro del plazo de siete días estipulado en el artículo 121 de la Ley de Pruebas y Procedimiento Penal. Los tres fueron excarcelados el 17 de abril, pero la policía los detuvo de nuevo unos días más tarde. Gandhi Mudzingwa y Kisimusi Dhlamini permanecieron en un hospital para recibir tratamiento por las lesiones sufridas como consecuencia de la tortura que les infligieron mientras estaban bajo custodia. Se les concedió finalmente la libertad bajo fianza el 13 de mayo. Todos los detenidos necesitaron tratamiento como consecuencia de la tortura y otros malos tratos que habían sufrido bajo custodia.
  • A principios del año comenzó el juicio de Jestina Mukoko y otras 17 víctimas de secuestro en 2008. Sin embargo, el 28 de septiembre el Tribunal Supremo ordenó el sobreseimiento permanente del procesamiento penal contra Jestina Mukoko por considerar que agentes de la seguridad del Estado habían violado sus derechos constitucionales.
  • Siete mujeres, integrantes de Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA, por sus siglas en inglés) fueron detenidas en Bulawayo el 17 de junio, tras participar en una manifestación pacífica, y se les negó el acceso a sus abogados. El día siguiente, mientras la secretaria general de Amnistía Internacional celebraba una conferencia de prensa en el hotel Meikles de Harare, cuatro activistas de WOZA, un camarógrafo del periódico de titularidad estatal The Herald y una periodista independiente fueron detenidos y golpeados por la policía a unos 50 metros del hotel. A las activistas de WOZA se les negó el acceso a tratamiento médico como castigo por su activismo y las tuvieron detenidas toda la noche. La periodista independiente y el camarógrafo fueron liberados el mismo día.
  • El 5 de agosto, cuatro dirigentes de la Asociación Nacional de Estudiantes de Zimbabue –Clever Bere, Kudakwashe Chakabva, Archieford Mudzengi y Brian Rugodo– fueron detenidos en la Universidad de Zimbabue por distribuir camisetas. Se los acusó formalmente de contravenir la Ley de Codificación y Reforma Penal por participar en una concentración con la intención de promover violencia pública, alteración de la paz y “fanatismo”. Quedaron en libertad bajo fianza el 7 de agosto.
  • El 25 de octubre, Cephas Zinhumwe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, y Dadirai Chikwengo, presidenta de su junta directiva, fueron detenidos en la ciudad de Victoria Falls tras organizar la Asociación un taller para directores y directoras de ONG. Los dos quedaron en libertad bajo fianza el 27 de octubre, acusados formalmente de contravenir la Ley de Orden Público y Seguridad, por no notificar presuntamente a la autoridad reguladora su intención de celebrar una “reunión política pública”. Fueron absueltos el 25 de noviembre.
  • Thulani Ndhlovu y Ndodana Ndhlovu, de la Red de Apoyo Electoral de Zimbabue, fueron detenidos el 28 de octubre, en Dete, en el distrito de Hwange. Fueron acusados formalmente en virtud de la Ley de Orden Público y Seguridad por celebrar reuniones presuntamente sin autorización policial. Ndodana Ndhlovu recuperó la libertad el mismo día de la detención, mientras que Thulani Ndhlovu quedó en libertad bajo fianza el 30 de octubre.
  • El 8 de noviembre, Lovemore Matombo, presidente del Congreso Sindical de Zimbabue, fue detenido junto con otros cuatro activistas de la misma organización –Michael Kandukutu, Percy Mcijo, Dumisani Ncube y Nawu Ndlovu– en la ciudad de Victoria Falls tras celebrar una reunión sindical. Fueron acusados formalmente en virtud de la Ley de Orden Público y Seguridad de organizar lo que en opinión de la Fiscalía General era una reunión ilegal. Quedaron en libertad el 12 de noviembre, al ser desestimado el caso por un tribunal de primera instancia.
  • El 20 de noviembre comparecieron ante un tribunal de primera instancia 32 activistas de la ciudad de Gweru. Los habían detenido en diciembre de 2008, tras participar en una manifestación pacífica, y se habían formulado cargos en su contra en virtud de la Ley de Orden Público y Seguridad. Sin embargo, cuando comparecieron ante el tribunal, se cambiaron los cargos por los de destruir propiedades y gritar insultos contra el presidente Mugabe.

Acoso a profesionales del derecho y personal judicial

Continuaron el hostigamiento y la intimidación de personal judicial y de profesionales del derecho que representaban a activistas de los derechos humanos y políticos.

  • El 14 de mayo, Alec Muchadehama, abogado que representaba al periodista Andrison Manyere y a dos dirigentes del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai, fue detenido en el Tribunal de Primera Onstancia de Harare por agentes de policía adscritos a la Brigada de Orden Público. Se lo acusó formalmente de frustrar u obstruir el curso de la justicia por “causar ilegítimamente la liberación” de Kisimusi Dhlamini, Gandhi Mudzingwa y Andrison Manyere informando y orientando erróneamente a funcionarios del Tribunal Superior. Pasó la noche bajo custodia. Fue absuelto el 10 de diciembre. En un caso relacionado, Constance Gambara, empleada del Tribunal Superior que había facilitado la liberación temporal de los tres detenidos, fue aprehendida el 6 de mayo por cargos de abuso criminal de cargo público. El 8 de mayo se ordenó su libertad bajo fianza, pero la acusación invocó el artículo 121 de la Ley de Pruebas y Procedimiento Penal y permaneció bajo custodia con su hijo de nueve meses. Quedó en libertad el 14 de mayo tras retirar la acusación su recurso contra la concesión de la libertad bajo fianza. También fue absuelta el 10 de diciembre.

Impunidad

No se adoptaron medidas dignas de mención para poner a disposición de la justicia a los autores de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la violencia patrocinada por el Estado y la tortura de opositores políticos a Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico en el periodo previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio de 2008. Al menos 200 personas murieron y más de 9.000 resultaron heridas en la violencia. Se tuvo constancia de un reducido número de enjuiciamientos aislados. El Organismo para la Reconciliación Nacional creado por el gobierno no concedió prioridad a exigir responsabilidades a los autores de tales hechos, y los ministerios de Defensa e Interior tampoco vieron la necesidad de una reforma institucional urgente para combatir la impunidad. A lo largo de 2009, elementos pertenecientes al ejército, la policía y los servicios de inteligencia se sintieron capaces de seguir cometiendo violaciones de derechos humanos contra activistas de los derechos humanos y miembros del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai.

La Fiscalía General no se mostró dispuesta a investigar presuntas violaciones de derechos humanos o fue cómplice de ellas.

Tortura y otros malos tratos

Persistieron la tortura y otros malos tratos de personas detenidas. No se puso a disposición judicial a ningún responsable de estos actos.

  • En septiembre, el Tribunal Supremo de Zimbabue falló entre otras cosas que Jestina Mukoko (véase supra) había sido torturada por agentes de seguridad del Estado, que la secuestraron y la tuvieron recluida en régimen de incomunicación en diciembre de 2008. Pese al fallo judicial, no se llevó a cabo investigación alguna.
  • En octubre se detuvo en Harare a un mínimo de 95 soldados como sospechosos de haber irrumpido en un arsenal del cuartel de Pomona y robado 21 armas. Según los informes, fueron torturados durante los interrogatorios por miembros de la Organización Central de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia Militar y la Policía Militar. Al menos dos de ellos murieron como consecuencia de las heridas sufridas. Uno, según los informes, se suicidó mientras estaba recluido en régimen de aislamiento. Pascal Gwezere, responsable de transportes del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai que fue acusado del mismo delito, fue detenido el 27 de octubre en su domicilio de Harare por agentes de seguridad del Estado que lo torturaron. No se le permitió el acceso a tratamiento médico. Quedó en libertad bajo fianza el 24 de diciembre, tras confirmar el Tribunal Supremo un fallo anterior sobre la libertad bajo fianza dictado por el Tribunal Superior.

El 28 de octubre se prohibió la entrada en Zimbabue a Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura. El gobierno había retirado la invitación dos días antes aduciendo que una delegación de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral se hallaba en el país evaluando el desempeño del gobierno de unidad.

Sistema de justicia: independencia del poder judicial

Los tribunales de primera instancia se encontraban sometidos a presiones tras dictar fallos que no eran favorables a la Fiscalía General. Aumentó la presión sobre los tribunales inferiores en causas contra dirigentes del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai y defensores y defensoras de los derechos humanos, y a menudo los propios funcionarios judiciales tenían que hacer frente a cargos falsos presentados a instancias de la Fiscalía General. Los cargos pretendían infundir miedo entre los funcionarios judiciales, menoscabando su independencia e imparcialidad.

  • Livingstone Chipadze, juez regional en funciones de Manicaland, fue detenido en marzo tras haber concedido la libertad bajo fianza a Roy Bennett, tesorero general del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai. Lo acusaron de “abuso de poder criminal” tras aprobar la liberación de Roy Bennett de prisión preventiva, y estuvo recluido durante varios días en condiciones deplorables antes de ser puesto en libertad bajo fianza. El 4 de agosto se desestimaron los cargos presentados en su contra.
  • Chioniso Mutongi, jueza que presidía el juicio del abogado de derechos humanos Alec Muchadehama, presentó su renuncia el 3 de noviembre. La jueza declaró que las autoridades de la Fiscalía General la habían hostigado tras haber declarado culpable al funcionario judicial Andrew Kumire de desacato al tribunal y condenarlo a cinco días de cárcel. Andrew Kumire salió por su pie del tribunal y posteriormente otro juez le concedió la libertad bajo fianza en circunstancias que no se explicaron. El Tribunal Superior confirmó después en segunda instancia la sentencia condenatoria contra Andrew Kumire. Chioniso Mutongi recibió varias llamadas telefónicas anónimas amenazantes y dijo que la Oficina del Magistrado Jefe no le había brindado protección.

Pena de muerte

En 2009 se impusieron al menos 7 condenas a muerte, por lo que al final del año el número de personas en espera de ejecución ascendía como mínimo a 52.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

  • Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Zimbabue en marzo, mayo, junio y octubre. En junio, la secretaria general de Amnistía Internacional visitó Zimbabue y se reunió con autoridades gubernamentales, como la vicepresidenta, Joice Mujuru, y el ministro de Defensa, Emmerson Mnangagwa, y diplomáticos de la Unión Africana y la Unión Europea, así como defensores y defensoras de los derechos humanos y supervivientes de violaciones de derechos humanos. En julio, la secretaria general se reunió con el primer ministro, Morgan Tsvangirai, en Reino Unido.
  • Zimbabwe: A five point human rights agenda for the inclusive government
  • Zimbabwe: Moving from words to action