Tayikistán - Informe 2010 Amnistia Internacional

La situation des droits humains : República de Tayikistán

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Emomali Rajmon
Jefe del gobierno
Okil Okilov
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
7 millones
Esperanza de vida
66,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
83/74 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,6 por ciento

Las autoridades no abordaron adecuadamente el problema de la violencia contra las mujeres. La libertad de expresión seguía estando restringida. Continuó el férreo control del gobierno sobre el ejercicio de la religión. Siguieron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Violencia contra las mujeres

Entre un tercio y la mitad de las mujeres de Tayikistán habían sufrido abusos físicos, psicológicos o sexuales a manos de sus esposos u otros miembros de la familia. A pesar de que el gobierno adoptó algunas medidas iniciales para luchar contra la violencia intrafamiliar, el acceso de las mujeres al sistema de justicia penal estaba restringido y los servicios para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar –como refugios y alojamiento alternativo adecuado– eran prácticamente inexistentes. La abrumadora mayoría de las mujeres no denunciaban la violencia de que eran objeto por miedo a sufrir represalias o debido a la inadecuada respuesta de la policía y del poder judicial, lo que hacía que en la práctica los autores disfrutaran de impunidad. Las autoridades, deseosas de promover los papeles tradicionalmente asignados a cada género, a menudo justificaban la violencia contra las mujeres como un “asunto de familia”. Las mujeres y las niñas estaban aún más expuestas a la violencia intrafamiliar debido a los matrimonios a edad temprana y no registrados, y al incremento del índice de abandono escolar prematuro. El anteproyecto de ley sobre protección frente a la violencia intrafamiliar, en proceso de elaboración desde hacía varios años, todavía no se había presentado al Parlamento.

Libertad de religión

Las actividades de los Testigos de Jehová seguían prohibidas en todo el país y los miembros del grupo de misioneros sunníes Jamaat ut Tabligh eran objeto de una presión creciente. En marzo, el presidente Rajmon firmó una nueva ley en virtud de la cual los grupos religiosos estaban obligados a registrarse ante las autoridades antes del 1 de enero de 2010. Para obtener el permiso, el solicitante debía probar que el grupo había existido en Tayikistán durante al menos cinco años. La ley también establecía que toda la literatura religiosa, ya se tratase de materiales publicados en el país o importados, debía ser sometida a la aprobación del gobierno. La comunidad musulmana era objeto de restricciones especiales: el número de mezquitas estaba limitado y se requería la aprobación gubernamental para el nombramiento de imanes. Sólo se permitía la construcción de mezquitas-catedral en ciudades de más de 10.000 habitantes. Las organizaciones religiosas debían obtener el permiso del Comité de Asuntos Religiosos del Ministerio de Cultura para asistir a conferencias religiosas fuera del país o invitar a visitantes extranjeros.

  • En febrero, el Tribunal Supremo rechazó un recurso presentado por los Testigos de Jehová contra la decisión adoptada por el gobierno en octubre de 2007 de prohibir todas sus actividades.
  • Las autoridades continuaron cerrando, confiscando y destruyendo lugares de culto musulmanes y cristianos, sin dar ninguna explicación. En abril, el Tribunal Económico Superior rechazó un recurso presentado por la Iglesia Grace Sunmin contra la confiscación de su lugar de culto en la capital, Dushambé. La indemnización ofrecida no era suficiente para construir otra iglesia.
  • En agosto, el Tribunal Supremo impuso penas de entre tres y seis años de prisión a cinco miembros del grupo Jamaat ut Tabligh por “llamamientos públicos para derrocar el orden constitucional”. El Tribunal manifestó que las condenas se basaban en la presunta proscripción del grupo en 2006 por constituir una “organización extremista y terrorista”, aunque no aportó ninguna prueba de tal medida, cuya existencia se cuestionaba. Los acusados negaron los cargos e insistieron en que el grupo no tenía ninguna agenda política y en que sus actividades se basaban en los valores de la escuela hanafí dentro del islam sunní, la religión mayoritaria en Tayikistán.

Tortura y otros malos tratos

Siguieron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en especial para extraer confesiones durante las primeras 72 horas de detención bajo custodia policial, el periodo máximo que podía permanecer detenido sin cargos un sospechoso.

  • El 27 de junio, Khurshed Bobokalonov, un especialista del Centro de Oncología de Tayikistán, murió tras ser detenido por la policía. Caminaba por la calle cuando la policía le dio el alto y lo acusó de estar borracho. Él protestó y unos 15 agentes de policía lo metieron a empujones en un vehículo policial. El Ministerio del Interior afirmó que había muerto de un ataque al corazón de camino a la comisaría. La madre de Khurshed Bobokalonov denunció que su hijo tenía heridas en el rostro y en el cuerpo, y el 22 de julio el ministro del Interior anunció la apertura de una investigación sobre una posible “muerte por negligencia”. Al concluir el año no se había hecho pública ninguna información sobre el desarrollo de la investigación.

Libertad de expresión: periodistas

La prensa y los periodistas independientes siguieron enfrentándose a demandas civiles y causas penales por criticar al gobierno, lo que dio como resultado la autocensura de los medios de comunicación. En octubre, el gobierno emitió un nuevo decreto que obligaba a los periodistas a solicitar por escrito la información sobre legislación, políticas y declaraciones del gobierno, y a pagar una tarifa de 25 somonis (unos 4,50 dólares estadounidenses) por página. La Alianza Nacional de Medios de Comunicación Independientes de Tayikistán afirmó que el decreto violaba la garantía constitucional de libre acceso a la información.

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