Myanmar - Informe 2010 Amnistia Internacional

La situation des droits humains : Unión de Myanmar

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
general en jefe Than Shwe
Jefe del gobierno
general Thein Sein
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
50 millones
Esperanza de vida
61,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
120/102 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
89,9 por ciento

Casi 2.200 personas continuaron encarceladas por motivos políticos. La mayoría estaban recluidas en condiciones atroces, y el estado de salud física y psicológica de muchas de ellas era malo. Las autoridades detuvieron a Daw Aung San Suu Kyi, secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia, principal partido de la oposición, y la condenaron a otros 18 meses de arresto domiciliario. Aumentaron los enfrentamientos entre las fuerzas armadas, que contaban con el apoyo de un grupo armado de etnia karen, y el grupo armado de oposición Ejército de Liberación Nacional Karen, lo que provocó graves violaciones de derechos humanos y que miles de personas buscasen refugio en la vecina Tailandia. Las autoridades continuaron persiguiendo a activistas de minorías étnicas que participaban en diversas formas de resistencia a las políticas, las prácticas y los proyectos del gobierno.

Información general

En agosto se permitió a Daw Aung San Suu Kyi reunirse con un senador estadounidense, y en octubre se reunió con el funcionario de enlace del gobierno por primera vez desde enero de 2008. En noviembre mantuvo una reunión con una misión de alto nivel procedente de Estados Unidos.

En abril, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno militar) propuso que los grupos armados de minorías étnicas que habían acordado el cese de hostilidades con el gobierno se convirtiesen en fuerzas de guardias de fronteras bajo su mando. Esta iniciativa formaba parte de los preparativos para las elecciones de 2010 –las primeras desde 1990–, pero las negociaciones y los enfrentamientos con estos grupos armados continuaron a lo largo del año. Al finalizar el año sólo nueve grupos accedieron a la propuesta; la mayoría justificó su negativa alegando que temía perder control o territorio.

Continuaron las operaciones de ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción posteriores al ciclón Nargis de 2008, pero los estados de Chin y Rajine se vieron muy afectados por la grave escasez de alimentos. Myanmar comenzó la construcción de una alambrada en la frontera con Bangladesh, lo que aumentó las tensiones entre ambos países. La comunidad internacional planteó su preocupación ante la posibilidad de que Myanmar pretendiese aumentar su capacidad nuclear.

Personas detenidas por motivos políticos

Aunque en febrero y septiembre el gobierno dejó en libertad a más de 13.000 personas encarceladas, sólo de 158 de ellas se sabía que eran presos políticos, incluidos los presos de conciencia Ma Khin Khin Leh, U Saw Naing Naing, U Soe Han, Ko Aung Tun y Khaing Kaung San, que llevaban aproximadamente 10 años encarcelados. Al menos 50 personas fueron detenidas entre las excarcelaciones de septiembre y el final del año, y continuaba habiendo casi 2.200 presos políticos.

  • En enero, un tribunal condenó a Bo Min Yu Ko (Phyo Gyi), miembro de la Federación Pan-Birmana de Sindicatos de Estudiantes, a 104 años de cárcel por diversos cargos, incluidas seis imputaciones con arreglo a la Ley de Inmigración.
  • En mayo, tras un incidente en el que un estadounidense no identificado entró en la propiedad de Daw Aung San Suu Kyi, las autoridades detuvieron a ésta por violación de las condiciones del arresto domiciliario en el que se encontraba desde 2006. Tras un juicio que se celebró parcialmente a puerta cerrada en la prisión de Insein, en Yangón, fue condenada a tres años de trabajos forzados que inmediatamente se redujeron a 18 meses más de arresto domiciliario.
  • En septiembre, las autoridades detuvieron a Kyaw Zaw Lwin (Nyi Nyi Aung), myanmaro con ciudadanía estadounidense, cuando llegó a Myanmar para visitar a su familia, cuatro de cuyos miembros eran presos de conciencia. Mientras estaba bajo custodia, agentes de seguridad lo torturaron y le negaron tratamiento médico. En octubre fue juzgado por fraude y falsificación. Las autoridades afirmaron públicamente que, de ser declarado culpable, Kyaw Zaw Lwin podría ser condenado a muerte.

Condiciones de reclusión

Las autoridades continuaron encarcelando a presos políticos en cárceles alejadas de sus familias y amistades, a pesar de que en marzo informaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de que los presos recibían visitas y los tratamientos médicos que necesitaban. Desde noviembre de 2008, al menos 220 personas encarceladas por motivos políticos habían sido trasladadas a prisiones en lugares remotos, lo que hacía que a las familias les resultase sumamente difícil proporcionar asistencia fundamental. Las condiciones penitenciarias continuaban siendo extremadamente malas, y el agua, la alimentación y la atención médica eran insuficientes. Las autoridades recluían a menudo a los presos políticos en régimen de aislamiento.

  • En marzo, Hla Myo Naung, activista encarcelado a casi 1.500 kilómetros de su casa, corría peligro de perder la vista por completo. Ya se había quedado ciego de un ojo tras habérsele negado tratamiento médico especializado.
  • A partir de marzo, Ko Htay Kywe, dirigente estudiantil encarcelado a más de 1.100 kilómetros de su familia, fue puesto en régimen de aislamiento e incomunicación. Las autoridades penitenciarias amenazaron a otros internos con severos castigos si le hablaban.
  • En marzo, Su Su Nway, activista de la Liga Nacional para la Democracia, fue hospitalizada en una prisión a más de 1.000 kilómetros de su casa. Las autoridades penitenciarias le administraron psicofármacos que empeoraron su estado de salud. La mantuvieron recluida en régimen de aislamiento de forma intermitente como castigo por diversas infracciones, y no le permitieron recibir visitas de su familia.
  • En mayo, Zarganar, humorista y activista recluido a más de 1.400 kilómetros de su casa, necesitó atención médica urgente por diversos problemas de salud, entre ellos una cardiomegalia (aumento del tamaño del corazón). En abril perdió el conocimiento, pero no lo trasladaron al hospital hasta 10 días después. Tras visitar la prisión de Myitkyina el 7 de diciembre, la cuñada de Zarganar confirmó que éste padecía una enfermedad de la piel conocida como prurito.

Persecución de minorías étnicas

El gobierno continuó persiguiendo a activistas de minorías étnicas por su actividad sobre cuestiones políticas, medioambientales o religiosas, y por su apoyo, real o supuesto, a grupos armados y grupos políticos de minorías étnicas.

  • En enero, las autoridades detuvieron, golpearon y encarcelaron a no menos de 19 hombres y mujeres de Rajine por posesión de documentos sobre derechos humanos y democracia y formación de una organización política. Fueron condenados a penas de entre cinco y siete años de prisión.
  • En enero, una mujer de etnia shan fue golpeada varias veces por soldados que la acusaron de proporcionar arroz a insurgentes shan y servirles de guía.
  • En febrero, la policía detuvo a dos jóvenes de Kachin por navegar por sitios web prohibidos sobre Myanmar.
  • En marzo y a comienzos de abril, las autoridades aumentaron la vigilancia del Partido del Nuevo Estado de Mon, grupo con el que había acordado el cese de hostilidades, en todo el estado de Mon, e interrogaron a menudo a sus miembros sobre sus contactos con los medios de comunicación.
  • En junio, las autoridades del estado de Rajine detuvieron a Soe Soe tras acusarla de contactar con grupos de oposición en el exilio y la condenaron a seis años de cárcel.

Continuaba sin disminuir la persecución sistemática de la minoría étnica de los rohingyas en el estado de Rajine, lo que provocó la huida de miles de ellos a Bangladesh, Tailandia o Malaisia, a menudo en barcos. En enero, la armada myanmara interceptó a uno de los barcos que había salido recientemente de Myanmar, y recluyó durante seis días y golpeó brutalmente a los 78 rohingyas que iban a bordo antes de devolverlos al mar. En abril, en las reuniones regionales del Proceso de Bali, el gobierno se negó públicamente a reconocer a los rohingyas como minoría étnica o como ciudadanos de Myanmar.

Detenciones y reclusiones relacionadas con el ciclón Nargis

Al menos 29 personas que habían colaborado en labores privadas de ayuda humanitaria tras el ciclón Nargis que afectó a Myanmar en mayo de 2008 continuaban en prisión por actividades que las autoridades consideraban de índole política. Al menos 18 de ellas fueron condenadas a entre 10 y 35 años de prisión.

  • En octubre, las autoridades detuvieron a no menos de 10 personas por aceptar donativos para ayuda humanitaria enviados desde el extranjero. Al menos siete de ellas eran miembros de la organización local Lin Let Kye (“Estrella Reluciente”), que se dedicaba al activismo social y a la ayuda humanitaria.

Conflicto armado y desplazamientos

Las fuerzas armadas myanmaras continuaron atacando a diversos grupos armados de minorías étnicas, y a menudo persiguieron a la población civil y provocaron desplazamientos a gran escala. En junio, miles de civiles de la minoría étnica karen quedaron desplazados y 4.800 personas refugiadas huyeron a Tailandia a causa de los ataques de las fuerzas armadas y del Ejército Budista Democrático Karen, que contaba con el respaldo del gobierno. Durante la ofensiva, el Ejército Budista Democrático Karen procedió al reclutamiento forzoso de personas como soldados y porteadores, destruyó localidades abandonadas y colocó minas terrestres después del éxodo.

En agosto, los ataques más intensos de los últimos 10 años contra población civil shan y el grupo armado de oposición Ejército del Estado de Shan-Sur provocaron el reasentamiento de más de 10.000 personas, de las que la mayoría eran desplazados internos. Los ataques se caracterizaron por ejecuciones extrajudiciales y abusos sexuales. Ese mismo mes, las fuerzas armadas atacaron al Ejército de la Alianza Nacional Democrática de Myanmar, provocando la huida a China de más de 30.000 personas, la mayoría de etnia kokang, si bien casi todas regresaron más tarde a Myanmar. El número de personas desplazadas internamente aumentó a más de 500.000.

Violaciones de derechos humanos vinculadas al desarrollo

Las fuerzas armadas fueron responsables de violaciones de derechos humanos vinculadas a proyectos oficiales de desarrollo, como trabajo forzoso, homicidios, palizas, confiscación de tierras, cultivo forzoso de tierras, restricciones a la libertad de circulación y confiscación de bienes. Los batallones encargados de la seguridad de los conductos de gas natural de Yadana, Yetagun y Kanbauk-Myiang Kalay, en la división de Tanintharyi y el estado de Kayin, obligaron a civiles a trabajar en barracones, carreteras y puestos de guardia. Las autoridades también confiscaron tierras para el proyecto del gasoducto de Shwe, en el estado de Rajine, sin ofrecer indemnizaciones, y persiguieron a residentes en la zona sospechosos de oponerse al proyecto o de cuestionarlo. También detuvieron, recluyeron e interrogaron a habitantes de localidades de la zona, obligando a algunos de ellos a huir.

Niños y niñas soldados

Las fuerzas armadas myanmaras y las milicias respaldadas por el gobierno siguieron reclutando sistemáticamente, utilizando y encarcelando a niños y niñas soldados, bien directamente o a través de agentes de reclutamiento. Varios grupos armados de minorías étnicas también continuaban reclutando a niños y niñas. El gobierno no adaptó su plan de acción contra el reclutamiento y la utilización de niños y niñas soldados a las normas internacionales, a pesar de que en septiembre de 2007 se había comprometido verbalmente a hacerlo en un “futuro próximo”. Tampoco tomó medidas para elaborar un programa formal de desarme, desmovilización y reintegración que garantizase que todos los niños y niñas soldados quedarían en libertad y regresarían con sus familias.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) continuaba recibiendo y considerando informes de reclutamiento de niños y niñas soldados por parte de funcionarios. Al finalizar el año había recibido 131 denuncias sobre reclutamiento de menores de edad desde febrero de 2007. Las fuerzas armadas habían dado de baja a 59 niños y niñas. Las autoridades seguían afirmando que los menores sólo se unían a las fuerzas armadas voluntariamente, y el único castigo que solían imponer a los responsables de su reclutamiento era una amonestación. Las autoridades también excarcelaron y exoneraron a tres de cuatro niños soldados que se sabía que habían sido condenados y encarcelados por deserción.

Escrutinio internacional

En enero y febrero, el asesor especial del secretario general de la ONU visitó Myanmar, y el mes siguiente presentó un informe al Consejo de Seguridad de la ONU. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar visitó el país en febrero, y en marzo presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También en febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia mantuvo conversaciones informales con la Unión Nacional Karen, con el permiso del gobierno de Myanmar. El alto comisionado de la ONU para los refugiados visitó Myanmar en marzo. En abril y junio se celebraron reuniones del Proceso de Bali, que tenía como objetivo prevenir la migración ilegal e impedir la trata de personas y su introducción ilegal en los países de Asia y Oceanía, y se analizó la situación de los rohingyas en Myanmar.

Tras la detención de Daw Aung San Suu Kyi en mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo una declaración de prensa en la que expresó preocupación y pidió la excarcelación de todas las personas encarceladas por motivos políticos. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar también hicieron declaraciones sobre su detención. La Unión Europea endureció las sanciones económicas impuestas a Myanmar.

En junio, el secretario general de la ONU visitó Myanmar, y en julio lo hizo la representante del secretario general de la ONU para la infancia y los conflictos armados. En agosto, la ONU debatió con el gobierno la elaboración de un plan de acción conjunto para ocuparse de los niños y las niñas en los conflictos armados, con arreglo a las resoluciones 1613 y 1882 del Consejo de Seguridad. En octubre, el Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad anunció sus conclusiones sobre los niños y los conflictos armados con arreglo a estas dos resoluciones. En diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución relativa a la situación de los derechos humanos en Myanmar.

En enero, Estados Unidos amplió su lista de personas y redes empresariales objeto de sanciones económicas selectivas; en febrero anunció que revisaría su política con respecto a Myanmar, y en septiembre concluyó que mantendría las sanciones económicas pero iniciaría un diálogo con el gobierno de ese país. En agosto, un senador estadounidense visitó Myanmar. En noviembre, el gobierno de Estados Unidos envió una misión de alto nivel.

Pena de muerte

En octubre, un tribunal de Laogai, en el estado de Shan, condenó a al menos un niño soldado a muerte por el homicidio de una persona que tal vez también fuera un niño soldado.

Informes y visitas de Amnistía Internacional