Eslovaquia - Informe 2010 Amnistia Internacional

La situation des droits humains : República Eslovaca

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado
Ivan Gašparovič
Jefe del gobierno
Robert Fico
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,4 millones
Esperanza de vida
74,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
9/8 por cada 1.000

La comunidad romaní seguía sufriendo discriminación y violencia tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares. También seguía sin tener acceso en pie de igualdad a la educación, la vivienda y asistencia médica.

Información general

A pesar de asumir en junio la presidencia del Decenio de la Inclusión Romaní 2005-2015, Eslovaquia no reconoció las graves deficiencias estructurales en el sistema educativo del país, que seguía segregando a muchos niños y niñas romaníes en centros en los que recibían una educación de nivel inferior al ordinario.

En abril, Eslovaquia ratificó la Carta Social Europea Revisada con la excepción del artículo 31 sobre el derecho a la vivienda. En septiembre entró en vigor la enmienda al Código Penal que introducía el concepto de “delitos de extremismo”. Varias ONG eslovacas criticaron la enmienda argumentando que el concepto de extremismo estaba definido de forma imprecisa y que la enmienda no abordaba las causas estructurales del problema. La enmienda se aprobó en junio a pesar del veto del presidente. En julio, citando defectos de procedimiento, el Tribunal Supremo anuló la decisión del Ministerio del Interior de noviembre de 2008 de proscribir a un grupo de ideología derechista conocido como Hermandad Eslovaca (Slovenská Pospolitnost). El Ministerio había declarado al grupo inconstitucional e ilegal por considerar que propagaba el odio nacional, racial, religioso y político. El Ministerio anunció que volvería a proscribir al grupo.

La Hermandad Eslovaca organizó una serie de manifestaciones entre agosto y diciembre en las que se transmitieron mensajes contra la comunidad romaní. Uno de los líderes del grupo, Marián Kotleba, fue acusado el 22 de agosto de ofensas a la nacionalidad, la raza y las creencias.

Discriminación: la minoría romaní

Educación

En septiembre, en el marco del examen periódico universal, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU planteó sus motivos de preocupación sobre la situación de la minoría romaní en Eslovaquia, incluyendo el número desproporcionadamente elevado de niños y niñas romaníes inscritos en escuelas especiales.

En mayo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia recomendó que se recogiesen datos para vigilar el impacto de las políticas públicas sobre las minorías, incluida la romaní. La inexistencia de datos desglosados por minoría étnica y género impedía a las autoridades evaluar la composición del alumnado que asistía a los diferentes tipos de escuelas.

Aunque existía legislación que prohibía la discriminación y la segregación, aún no se habían adoptado medidas legales y políticas eficaces que garantizasen su implementación. Los niños y niñas romaníes seguían segregados en escuelas y aulas donde la enseñanza tenía un nivel inferior al ordinario.

En mayo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó a Eslovaquia a adoptar medidas para sacar a los niños y niñas romaníes que no padeciesen ninguna discapacidad de las escuelas elementales especiales e integrarlos en centros de enseñanza ordinaria. También instó a las autoridades a investigar las denuncias de prácticas discriminatorias contra niños y niñas romaníes en las escuelas y a introducir políticas destinadas a impedir que los niños y niñas de grupos minoritarios fuesen escolarizados en clases separadas.

En septiembre, el Fondo para la Educación Romaní informó de que casi el 60 por ciento del alumnado inscrito en escuelas especiales era de etnia romaní, y que la proporción de romaníes en clases especiales donde se impartía enseñanza de un nivel inferior al normal, dentro de las escuelas ordinarias, era del 85,8 por ciento. La organización pidió al gobierno que eliminase las escuelas primarias especiales para alumnado con discapacidad mental leve.

  • A lo largo de 2009 se realizaron nuevas visitas de inspección a la escuela especial de la localidad de Pavlovce nad Uhom. En 2008, el 99,5 por ciento del alumnado era romaní y a menudo se trasladaba a niños y niñas a esa escuela sin someterlos a ninguna evaluación. Una inspección efectuada entre abril y mayo mostró que en la escuela especial seguía habiendo muchos niños y niñas romaníes a quienes nunca se había diagnosticado una discapacidad mental. El organismo estatal encargado de inspeccionar los servicios educativos recomendó el cese del director de la escuela, quien dimitió en noviembre.

Vivienda

En mayo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó al gobierno a adoptar medidas urgentes para proteger a los miembros de la comunidad romaní de los desalojos forzosos, y a garantizar que las medidas dirigidas a mejorar la situación de la vivienda tuviesen en cuenta la necesidad de integrar a la comunidad romaní con el resto de la población.

Un tribunal decidió que el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Regional y las autoridades municipales de la ciudad de Sabinov habían discriminado a miembros de la comunidad romaní al desalojarlos de unos apartamentos de propiedad municipal del centro de la ciudad. Tanto el Ministerio como las autoridades municipales recurrieron la decisión.

En octubre, las autoridades municipales de Ostrovany comenzaron a construir una valla que separaba un asentamiento romaní del resto del pueblo. La iniciativa fue criticada por el plenipotenciario gubernamental para las comunidades romaníes, quien afirmó que la construcción de la valla planteaba motivos de preocupación en materia de segregación y podía violar la ley.

Esterilización forzada de mujeres romaníes

En respuesta al resultado del examen periódico universal, Eslovaquia anunció que había adoptado varias medidas legislativas, entre ellas la norma de que el personal de la salud estaba obligado a obtener el consentimiento informado de las mujeres y la definición de un nuevo delito, el de “esterilización ilegal”. Sin embargo, según el Centro de Derechos Civiles y Humanos, el Ministerio de Salud no emitió directrices prácticas en materia de esterilización y consentimiento informado para el personal de la salud. Además, las autoridades seguían sin realizar investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas en todos los casos de presuntas esterilizaciones forzadas.

En abril, en el caso de K.H. and others v. Slovakia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Eslovaquia había violado el derecho al respeto a la vida familiar y privada y el derecho a una audiencia ante un tribunal. El caso afectaba a ocho mujeres romaníes, ninguna de las cuales pudo volver a concebir después de las cesáreas que les fueron practicadas en distintos hospitales de Eslovaquia oriental. Las mujeres sospechaban que la razón de su infertilidad podía ser que habían sido sometidas a un proceso de esterilización durante los partos. A estas mujeres se les negó el pleno acceso a la documentación oficial relacionada con el tratamiento médico que habían recibido. El Tribunal falló que el Estado debía facilitar el acceso a todos los archivos que contuvieran datos personales y debía permitir que se fotocopiaran esos documentos. El gobierno solicitó que el caso fuera revisado por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tortura y otros malos tratos

Hubo algunos avances en las causas judiciales relacionadas con agentes de policía acusados de tortura y se recibió al menos una nueva denuncia de malos tratos cometidos por la policía.

  • En septiembre, el Tribunal Supremo confirmó las condenas impuestas a seis ex agentes de policía que habían sido declarados culpables de los malos tratos y el homicidio ilegítimo de Karol Sendrei, un romaní de 51 años, muerto bajo custodia policial en 2001. Los dos agentes declarados principales responsables fueron condenados a ocho años y medio de prisión cada uno.
  • Siete agentes de policía fueron acusados de infligir malos tratos a seis niños de etnia romaní en la comisaría de Košice en abril, después de que un periódico publicase material filmado de los abusos. En mayo, el fiscal general informó a Amnistía Internacional de que estudiaría la posible motivación racial de los malos tratos.

Seguridad y medidas antiterroristas

No devolución (non-refoulement)

En diciembre, Mustafa Labsi, ciudadano argelino, escapó del campo para solicitantes de asilo ubicado en el pueblo de Rohovce. Fue detenido en Austria, donde al finalizar el año permanecía recluido en espera de ser devuelto a Eslovaquia. Mustafa Labsi había sido condenado in absentia en Argelia por delitos de terrorismo y le habían impuesto una pena de cadena perpetua. Argelia había solicitado su extradición en 2007. En 2008, el Tribunal Constitucional de Eslovaquia había resuelto que Mustafa Labsi no podía ser devuelto a Argelia porque allí correría el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como torturas y otros malos tratos. En octubre, el Tribunal Regional de Bratislava confirmó una decisión de la Oficina de Migración que rechazaba la solicitud de asilo de Mustafa Labsi. En diciembre, su abogado recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo.

Derecho a la salud

Derechos reproductivos

En junio, el Parlamento aprobó una enmienda a la Ley sobre la Asistencia a la Salud, que introducía un periodo de espera obligatorio de 48 horas previo a la intervención, cuando las mujeres solicitasen que se les practicase un aborto. Esta medida contravenía las directrices de la Organización Mundial de la Salud que establecen que los periodos de espera demoran innecesariamente la atención y disminuyen la seguridad. La enmienda también estipulaba que se debía llevar un registro de los datos personales –como el número de identidad– de las mujeres que solicitaban que se les practicase un aborto.

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