Colombia - Informe 2010 Amnistia Internacional

La situation des droits humains : República de Colombia

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Colombie est maintenant en ligne

Jefe del Estado y del gobierno
Álvaro Uribe Vélez
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
45,7 millones
Esperanza de vida
72,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
30/22 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
92,7 por ciento

El conflicto armado interno siguió teniendo consecuencias devastadoras para la población civil, afectando con especial intensidad a las comunidades indígenas. Todas las partes implicadas en el conflicto –fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros– fueron responsables de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. El número de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de las fuerzas de seguridad disminuyó y el número de desplazamientos forzados aumentó a un ritmo más lento que en años anteriores, pero se intensificaron otros abusos contra los derechos humanos. Se produjo un aumento de los homicidios de miembros de grupos sociales marginados y pueblos indígenas y de las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas. Se amenazó y hostigó a testigos de homicidios y a víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares.

En septiembre, el gobierno anunció que desmantelaría el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, el servicio de inteligencia civil) después de que aparecieran pruebas de que este organismo había interceptado de manera ilegal las comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de la oposición y jueces al menos durante siete años, y había cooperado con grupos paramilitares.

Siguieron registrándose avances en la investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo de la “parapolítica”. Unos 80 miembros del Congreso –pertenecientes en su mayoría a partidos de la coalición gobernante– se encontraban sometidos a investigación por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Aumentaron las tensiones con varios países de la región, especialmente Venezuela, por la decisión del gobierno de permitir a las fuerzas armadas estadounidenses la utilización de siete bases militares en Colombia.

Conflicto armado interno

Las partes en conflicto no distinguieron entre civiles y combatientes, lo que provocó desplazamientos forzados, homicidios de civiles, violencia sexual contra mujeres, toma de rehenes, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores y ataques indiscriminados contra la población civil. En algunas de las ciudades más grandes del país se produjo un fuerte incremento de la violencia. Este aumento se atribuyó al conflicto armado, a los delitos relacionados con el narcotráfico y a los actos de “limpieza social”.

Según los informes, la Fiscalía General de la Nación seguía investigando alrededor de 20.000 desapariciones forzadas.

Continuó aumentando el número de personas desplazadas dentro del país, aunque a un ritmo menor que en años anteriores. En 2009 hubo más de 286.000 nuevos desplazados, según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas fueron los grupos más afectados.

El gobierno se negó a apoyar un proyecto de ley, conocido como Ley de Víctimas, encaminado a proporcionar reparación a las víctimas del conflicto de manera no discriminatoria, es decir, con independencia de que el perpetrador fuera un agente del Estado o no. El Congreso rechazó el proyecto de ley en junio.

Derechos de los pueblos indígenas

Durante una visita efectuada en julio a Colombia, el relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas calificó la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia como “grave, crítica y profundamente preocupante”. En 2009 murieron de forma violenta más de 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, un número mayor que en 2008. Más de la mitad de las víctimas eran miembros de comunidades awás.

  • El 26 de agosto, unos hombres armados mataron a 12 awás, incluidos 6 menores de edad y un bebé de ocho meses, en el resguardo (reserva indígena) de Gran Rosario, departamento de Nariño. El 23 de mayo, una de las víctimas, Tulia García, había sido testigo del homicidio de su esposo, Gonzalo Rodríguez, a manos del ejército.
  • El 4 de febrero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mataron a 15 awás, entre ellos 2 mujeres embarazadas, en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño.

Se amenazó también a dirigentes indígenas y a familiares suyos.

  • El 11 de mayo amenazaron a punta de pistola, delante de su domicilio, a la hija de 12 años de la dirigente indígena Aída Quilcué. Ésta había estado recibiendo protección por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el homicidio de su esposo, muerto a manos de militares en diciembre de 2008.

En enero, la Corte Constitucional dictó el Auto 004/09, en el que se concluía que el conflicto armado estaba poniendo en peligro la supervivencia de algunos pueblos indígenas.

En abril, el gobierno respaldó la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Colombia se había abstenido cuando la Asamblea General de la ONU la adoptó en 2007.

Servicio civil de inteligencia

En abril, los medios de comunicación revelaron que el DAS, organismo bajo la autoridad directa del presidente, había estado llevando a cabo durante mucho tiempo actividades de espionaje ilegales y generalizadas contra defensores de los derechos humanos, políticos de la oposición, jueces y periodistas con el fin de restringir o neutralizar su trabajo. Según los informes, la operación se había realizado en estrecha colaboración con grupos paramilitares. Se vigiló también a miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y a defensores de los derechos humanos pertenecientes a organizaciones internacionales.

En mayo, el fiscal general acusó formalmente a Jorge Noguera, ex director del DAS, de homicidio y pertenencia a grupos paramilitares. Algunos de los activistas vigilados por el DAS habían sido objeto de amenazas de muerte y cargos penales falsos. En septiembre, el presidente Uribe declaró que se desmantelaría el DAS y se crearía un nuevo servicio de inteligencia.

En marzo, el Congreso aprobó una Ley de Inteligencia en la que se prohibía la recogida de información sobre una persona en función de su afiliación política o su pertenencia a un sindicato o a una organización social o de derechos humanos. En septiembre, en un decreto para la aplicación de esta Ley de Inteligencia, se ordenó una revisión de los expedientes elaborados en función de dichos criterios por todos los servicios de seguridad, incluidos los militares. Dichos expedientes se habían utilizado a menudo para iniciar procedimientos penales infundados contra activistas. Al finalizar el año no se había facilitado información alguna sobre los resultados de la revisión.

El escándalo de la “parapolítica”

En 2009, unos 80 miembros del Congreso se encontraban sometidos a investigaciones penales por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

En septiembre, la Corte Suprema de Justicia resolvió que era competente para investigar a los legisladores que habían renunciado a sus escaños con el fin de asegurarse de que sus casos los investigaba la Fiscalía General de la Nación, donde esperaban ser tratados con mayor indulgencia.

Varios de los magistrados relacionados con la investigación del escándalo a quienes se había amenazado y hostigado siguieron recibiendo las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad

La revelación en 2008 de que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a más de una docena de jóvenes en Soacha, cerca de la capital, Bogotá, obligó al gobierno a adoptar medidas para combatir este problema. El número de ejecuciones extrajudiciales descendió acusadamente en 2009 respecto al año anterior. En 2009, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando alrededor de 2.000 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante varios años por miembros del ejército, pero las investigaciones avanzaban con lentitud. Dentro del sistema de justicia militar persistió la resistencia a que tribunales civiles juzgasen a miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos.

Se amenazó y agredió a testigos de ejecuciones extrajudiciales y a familiares de las víctimas.

Tras una visita a Colombia en junio, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó que las ejecuciones extrajudiciales “fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército”.

Grupos paramilitares

Los grupos paramilitares siguieron actuando en muchas zonas del país, en ocasiones en connivencia con sectores de las fuerzas de seguridad. La continuación de sus actividades desmintió las afirmaciones del gobierno según las cuales todos los paramilitares habían depuesto las armas tras el programa de desmovilización auspiciado por el gobierno desde 2003.

El gobierno señaló que la violencia atribuida a estos grupos estaba relacionada exclusivamente con el narcotráfico y la criminalidad. Sin embargo, los métodos empleados por estos grupos para aterrorizar a la población civil, como amenazas de muerte y masacres, seguían las mismas pautas que las utilizadas por los grupos paramilitares antes de la desmovilización. El blanco de estos grupos siguieron siendo las personas que defendían los derechos humanos, los dirigentes comunitarios y otros activistas sociales.

Hubo indicios de que los grupos paramilitares se estaban volviendo otra vez más organizados. En un informe publicado en octubre, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) se refirió a “la capacidad de ‘renovación’ que tienen estas estructuras ilegales, especialmente en sus mandos, lo cual se constituye en un reto para las autoridades a fin de no permitir su reorganización”.

Se registró un aumento de los homicidios de personas pertenecientes a grupos sociales marginados en las zonas urbanas, en su mayoría a manos de paramilitares. Entre las víctimas figuraban jóvenes, personas sin techo, pequeños delincuentes, trabajadores del sexo, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, y drogadictos. Según la ONG Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en 2009 se cometieron 184 homicidios de este tipo, frente a 82 el año anterior.

Los grupos paramilitares intensificaron sus esfuerzos para controlar socialmente a comunidades sumidas en la pobreza, y lo hicieron mediante la distribución masiva de folletos amenazadores. En 2009, el CINEP documentó 83 actos de este tipo en muchas zonas del país, frente a 58 en 2008.

El proceso de Justicia y Paz

Al finalizar 2009, sólo unos 3.700 de los 31.000 paramilitares presuntamente desmovilizados desde 2003 habían participado en el proceso de Justicia y Paz. Además, se desconocía el paradero de muchos de ellos. Dicho proceso permitía a los ex paramilitares beneficiarse de una reducción de las penas a cambio de confesiones de violaciones de derechos humanos. Algunos paramilitares confesaron su participación en abusos contra los derechos humanos y denunciaron a otras personas, incluidas algunas pertenecientes a las fuerzas armadas y al mundo de la política y los negocios. Sin embargo, el proceso seguía sin cumplir plenamente las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Alrededor del 90 por ciento de los paramilitares desmovilizados continuaron sin ser investigados de forma efectiva como consecuencia del Decreto 128 y de la Ley 782, que concedían la amnistía de facto a quienes no se encontraran sometidos a investigación por violaciones de derechos humanos. En junio, el Congreso aprobó una ley para regularizar la situación jurídica de los 19.000 paramilitares supuestamente desmovilizados tras la resolución dictada en 2008 por la Corte Suprema según la cual estas personas no podían beneficiarse de ninguna amnistía. La ley autorizaba al fiscal general a suspender, interrumpir o abandonar las investigaciones iniciadas contra ellos, permitiéndoles así eludir la acción de la justicia.

En julio, la Corte Suprema anuló por razones de procedimiento la condena impuesta por el Tribunal de Justicia y Paz al paramilitar Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”. Al finalizar el año no se había condenado todavía a ningún paramilitar en virtud del proceso de Justicia y Paz.

La mayoría de los 18 líderes paramilitares extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico se negaron a cooperar con la justicia colombiana en sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Las autoridades judiciales colombianas tropezaron con dificultades a la hora de acceder a los pocos que habían aceptado hacerlo.

Algunos paramilitares devolvieron una pequeña porción de las entre 4 y 6 millones de hectáreas que habían robado, pero se temía que algunas de estas tierras pudieran caer de nuevo bajo el control de estos grupos o de partidarios suyos. Algunos de los propietarios originales de las tierras devueltas recibieron amenazas o fueron víctimas de homicidio.

Las víctimas o familiares suyos que participaban en el proceso de Justicia y Paz, las personas que los acompañaban y las autoridades judiciales que investigaban violaciones de derechos humanos sufrieron amenazas y homicidios. Esta circunstancia disuadió a muchas víctimas de participar en el proceso.

Grupos guerrilleros

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguieron perpetrando abusos contra los derechos humanos y graves y repetidas violaciones del derecho internacional humanitario, como homicidio de civiles, reclutamiento de niños y niñas y toma de rehenes.

Las FARC continuaron utilizando de manera generalizada minas antipersonal. En 2009, este tipo de minas se cobraron la vida de más de 111 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad e hirieron a 521 personas.

Las FARC lanzaron ataques indiscriminados, que afectaron sobre todo a la población civil.

  • El 13 de enero, las FARC perpetraron un atentado con explosivos en el centro urbano del municipio de Roberto Payán, en el departamento de Nariño. Murieron seis personas, incluidos tres menores de edad.

Según cifras del gobierno, el número total de secuestros descendió de 437 en 2008 a 213 en 2009. La mayor parte de los secuestros se atribuyeron a bandas de delincuentes, pero los grupos guerrilleros fueron responsables de la mayoría de los relacionados con el conflicto.

El 21 de diciembre, las FARC secuestraron y mataron al gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar.

En febrero, liberaron a varios rehenes destacados. Entre ellos figuraban Sigifredo López, diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, secuestrado desde 2002, y Alán Jara, ex gobernador del departamento de Meta, secuestrado desde 2001. Ese mismo mes, las FARC liberaron también a tres agentes de policía y un militar.

Impunidad

Se registraron algunos avances en investigaciones clave sobre derechos humanos, pero la impunidad por violaciones de derechos humanos siguió siendo un motivo de honda preocupación.

  • En noviembre se condenó al general retirado del ejército Jaime Uscátegui a 40 años de cárcel por su participación en la masacre perpetrada en Mapiripán, localidad del departamento de Meta, en 1997.
  • En septiembre, el Consejo de Estado confirmó una resolución dictada en 1995 por la Procuraduría General de la Nación en virtud de la cual se expulsaba del ejército al general Álvaro Velandia Hurtado y otros tres oficiales por su implicación en la desaparición forzada, la tortura y el homicidio, perpetrados en 1987, de Nydia Erika Bautista, miembro del grupo guerrillero M-19.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se amenazó y mató a personas que defendían los derechos humanos, sobre todo en zonas remotas del país. Los dirigentes comunitarios estaban especialmente expuestos a sufrir ataques. Al menos 8 defensores de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron víctimas de homicidio en 2009.

Aumentaron las amenazas de muerte contra activistas y organizaciones sociales y de derechos humanos. La mayoría se atribuyeron a grupos paramilitares.

Siguieron iniciándose procedimientos penales contra activistas sociales y defensores de los derechos humanos acusados de tener vínculos con los grupos guerrilleros. En muchos casos, esos procedimientos se basaban exclusivamente en información procedente de los archivos de los servicios militares de inteligencia y de informantes a sueldo. Sin embargo, los tribunales archivaron finalmente los procedimientos que se llevaban instruyendo desde hacía tiempo contra algunos defensores de los derechos humanos. Se irrumpió por la fuerza en las oficinas de varias organizaciones de derechos humanos y se robó de ellas información confidencial.

Durante una visita efectuada en septiembre a Colombia por la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, el presidente Uribe afirmó que el trabajo sobre derechos humanos era legítimo. Sin embargo, altos cargos oficiales, entre ellos el propio presidente, siguieron haciendo declaraciones en las que se vinculaba dicho trabajo con el apoyo a grupos guerrilleros.

Ayuda militar estadounidense

En 2009, Estados Unidos adjudicó a Colombia unos 662 millones de dólares en concepto de ayuda militar y no militar. De este monto total, 543,5 millones procedían de los presupuestos para Operaciones Exteriores y de Estado y, de ellos, 305 millones se asignaron a las fuerzas de seguridad. La entrega del 30 por ciento de los fondos destinados a seguridad dependía del cumplimiento por las autoridades colombianas de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. En agosto, tras las “medidas positivas” adoptadas por el gobierno colombiano en materia de derechos humanos, se autorizó el pago de 55 millones de dólares en concepto de ayuda a la seguridad retenidos en 2008. En noviembre de 2009, debido a la persistencia de motivos de preocupación en materia de derechos humanos, el Congreso estadounidense seguía reteniendo la cesión de 19 millones de dólares de los fondos destinados a seguridad en 2008 y de 31 millones de los asignados en 2009 por el mismo concepto.

Escrutinio internacional

En el informe sobre Colombia publicado en marzo por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se señalaba que, aunque el gobierno había tratado de combatir las ejecuciones extrajudiciales, seguían cometiéndose graves violaciones de derechos humanos. Se expresaba preocupación por el hecho de que cargos oficiales siguieran vinculando a defensores de los derechos humanos y activistas sociales con los grupos guerrilleros, por los abusos contra los derechos humanos perpetrados por los grupos guerrilleros y por los graves peligros que para la población civil planteaban los “grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares”. En el informe se subrayaba también que eran pocas las víctimas a las que se había concedido el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó formalmente los resultados de la revisión de la situación de Colombia en materia de derechos humanos efectuada en diciembre de 2008 en virtud del examen periódico universal. El gobierno se comprometió a cumplir con la mayoría de las recomendaciones, entre ellas la relativa a la aplicación urgente de todas las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Los relatores especiales de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, sobre los defensores de los derechos humanos, sobre pueblos indígenas y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitaron Colombia durante 2009.

El 1 de noviembre dejó de tener efecto la declaración formulada por Colombia, en virtud del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, respecto a que no aceptaría durante siete años la competencia de la Corte en relación con los crímenes de guerra.

Informes y visitas de Amnistía Internacional