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Las autoridades de Kazajistán deben atajar la brutalidad policial

22 mars 2010

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Kazajistán que pongan fin a los abusos de la policía, que habitualmente somete a puntapiés, palizas y asfixia a los sospechosos desde el momento en que les da el alto.

El informe de Amnistía Internacional que ha hecho público hoy lunes, titulado Kazakhstan: No effective safeguards against torture (disponible en inglés), documenta el predominio de la tortura y otros malos tratos en el sistema de justicia penal y la persistencia de la impunidad con que se cometen estos actos.

“Las autoridades de Kazajistán deben adoptar un enfoque de tolerancia cero hacia la tortura; están incumpliendo sus compromisos internacionales al negarse a abordar esta cuestión”, ha declarado Halya Gowan, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

Kazajistán, que preside actualmente la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), tampoco cumple los compromisos que ha contraído en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional, que incluyen prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En aplicación de la legislación nacional, la policía tiene la obligación de inscribir todas las detenciones en un registro en el plazo de tres horas; sin embargo, la mayoría de los casos denunciados de tortura o malos tratos se producen en las horas posteriores a la detención del sospechoso.

En algunas ocasiones, transcurren varios días sin que se registre la detención, durante los cuales los detenidos están sometidos al régimen de incomunicación de hecho, sin acceso a abogados, médicos o familiares. Los hay constancia oficial de los nombres de los agentes de policía que han practicado la detención.

Sometidos a presión y como consecuencia de los malos tratos, muchos detenidos confiesan delitos que no han cometido y, dado que los tribunales admiten habitualmente las confesiones obtenidas bajo tortura, hay condenas que podrían basarse únicamente en las confesiones.

La práctica de obtener confesiones bajo tortura tiene su causa, en parte, en el hecho de que los agentes de la policía son evaluados por el número de delitos resueltos, pese a las deficiencias de su capacitación forense y del equipo con el que trabajan, situación que agrava la corrupción.

Desde 2005 existen comisiones oficiales encargadas de supervisar los centros de detención, pero su facultad de inspeccionar todos estos centros está comprometida.

El acceso a los centros de investigación y aislamiento del Servicio de Seguridad Nacional se deniega sistemáticamente y tampoco se concede siempre el acceso a los centros de detención que dependen del Ministerio del Interior.

“Las autoridades de Kazajistán deben permitir que los mecanismos de supervisión independientes realicen visitas no anunciadas a todos los centros de detención. Esta ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para prevenir la tortura”, afirma Halya Gowan.

Al mismo tiempo, prácticamente no existen vías de reparación. Las víctimas de la brutalidad policial son reticentes a formular quejas por miedo a las represalias. Quienes se atreven a hacerlo podrían convertirse, a su vez, en blanco de intimidación. Si presentan una queja, las investigaciones no se realizan sin dilación, ni tampoco de forma exhaustiva o imparcial.  

“Hasta la fecha, nadie que haya presentado una queja por torturas ha obtenido una reparación”, añade Halya Gowan.

“Este clima de impunidad creado por la policía y el poder judicial socava el Estado de derecho en Kazajistán. No sorprende en absoluto que los ciudadanos hayan perdido la confianza en el sistema de justicia penal.”

“Una actuación oportuna y resuelta sobre las cuestiones más urgentes puede tener un impacto profundo y duradero en todos los habitantes del país.” 

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Kazajistán que implanten salvaguardias clave contra la tortura como las siguientes:

  • Poner fin a la práctica de la detención no reconocida de hecho.
  • Dar acceso sin restricciones a todos los centros de detención a los organismos de supervisión públicos e independientes.
  • Aplicar la ley que prohíbe la admisibilidad en las actuaciones judiciales de las confesiones obtenidas bajo tortura.
  • Crear un procedimiento de presentación de quejas verdaderamente independiente.