Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde
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Communiqués de presse

16 novembre 2009

Mozambique: No hay justicia para quienes lloran a las víctimas de homicidio policial

Amnistía Internacional ha instado hoy, 16 de noviembre de 2009, a las autoridades de Mozambique a que investiguen debidamente y procesen a los agentes de policía sospechosos de cometer homicidios ilegítimos, tras haberse obstaculizado continuamente los esfuerzos de las familias de las víctimas por conseguir que se haga justicia.
 
En un informe publicado hoy, con el título ‘I can’t believe in justice anymore’: Obstacles to justice for unlawful killings by police in Mozambique, la organización ha pedido al gobierno que explique claramente a todos los miembros de la policía que el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos no se van a tolerar.

Desde enero de 2006, al menos 46 personas han sido víctimas de homicidio ilegítimo a manos de la policía en Mozambique.

Amnistía Internacional ha pedido también a las autoridades que garanticen que las familias de las víctimas reciben la debida indemnización por su pérdida.

“Las familias de las víctimas encuentran obstáculos casi insuperables, por lo que sólo las más insistentes y pudientes han conseguido que se haga algo de justicia –ha manifestado Erwin van der Borght, director del Programa de Amnistía Internacional para África–. Casi todas las demás no reciben ninguna justicia por la pérdida de sus seres queridos.”

“Peor aún, el gobierno parece haber permitido e incluso fomentado que se pongan obstáculos a las familias de las víctimas que buscan justicia.”

Pese a las reiteradas solicitudes de Amnistía Internacional, las autoridades apenas le han proporcionado información sobre las investigaciones de los homicidios policiales de Mozambique, ni siquiera en visitas de la organización al país. En algunos casos le han dicho que no se han llevado a cabo investigaciones porque se ha dado por sentado que el homicidio fue legítimo.

Las normas internacionales obligan a realizar una investigación efectiva en todos los casos de muerte o lesiones graves a causa del uso de la fuerza o de armas de fuego por parte de la policía.

Chimène Costa, pareja de Augusto Cuvilas, bailarín y coreógrafo muerto por disparos de la policía en diciembre de 2007, ha dicho a Amnistía Internacional: “Ya no creo en la justicia. No me informan. No hay respeto […] Sólo quieren que olvidemos. Si no tienes dinero no se hace nada”.

Abogados, periodistas y activistas de los derechos humanos de Mozambique también han dicho a Amnistía Internacional que la policía tiende a “proteger a los suyos” y que este es uno de los principales obstáculos para llevar a agentes de policía ante la justicia.

“La evidente renuencia de la policía a llevar a cabo investigaciones efectivas sobre todos los homicidios cometidos por policías, la falta de medidas de sus oficiales para identificar a los agentes sospechosos de violaciones graves de derechos humanos y la tendencia de los policías a protegerse mutuamente son factores que contribuyen a la falta de justicia en estos caos”, ha señalado Erwin van der Borght.

En su informe, Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice que se realizan con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todos los casos de uso policial de la fuerza que sea causa de muerte o lesiones graves y que se pone a los agentes responsables a disposición judicial. Asimismo, las familias de las víctimas de homicidio deben recibir la debida reparación.

Otras recomendaciones formuladas en el informe son:

  • la policía tiene acceso a medios alternativos con que hacer frente a situaciones potencialmente violentas, para que la fuerza utilizada sea proporcional; 
  • la policía recibe formación en técnicas sobre el modo de reducir la tensión y no hacer uso de la fuerza si no es estrictamente necesario; 
  • en todos los casos de muerte por uso policial de la fuerza o de armas de fuego se practica automática e inmediatamente la autopsia; 
  • los denunciantes, testigos, abogados, jueces y demás personas relacionadas con la investigación de actos de la policía están protegidos contra intimidaciones y represalias.

 

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