Ruanda

La situation des droits humains : República de Ruanda

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado Paul Kagame
Jefe del gobierno Bernard Makuza
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 10 millones
Esperanza de vida 45,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 199/173 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 64,9 por ciento

El gobierno continuó con las reformas del sistema judicial, pero el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Tanzania, se negó a transferir casos a Ruanda, aduciendo preocupaciones relativas a garantías procesales, especialmente la protección de testigos. Las elecciones legislativas reafirmaron el dominio del partido político en el poder, Frente Patriótico Ruandés. La libertad de expresión sufría limitaciones y la sociedad civil y los medios de comunicación estaban sometidos a un estrecho escrutinio del gobierno. Cuatro excombatientes del Ejército Patriótico Ruandés, brazo armado del Frente Patriótico Ruandés, fueron juzgados por asesinato ante un tribunal militar. No se presentaron cargos contra otros miembros del Ejército Patriótico Ruandés por crímenes contra el derecho internacional cometidos antes, durante y después del genocidio.

Información general

El Frente Patriótico Ruandés seguía dominando todos los niveles de la vida política de Ruanda, desde el ejecutivo hasta la administración local.

El gobierno reaccionaba con hostilidad ante las críticas. Los gobiernos donantes de ayuda estaban atrapados en una relación estrecha con las autoridades ruandesas, y en general no las cuestionaban ni criticaban abiertamente y preferían una política de diplomacia blanda. Sin embargo, algunos gobiernos se mostraron críticos cuando un informe de la ONU reveló que Ruanda apoyaba a un grupo rebelde en el este de la República Democrática del Congo, lo que desembocó en la retirada de la ayuda de Países Bajos y Suecia en diciembre.

El gobierno informó de un importante crecimiento económico en 2008. Los gobiernos donantes aportaban un apoyo considerable; una agencia de desarrollo calculó que aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto nacional provenía de la ayuda exterior. La misma agencia informó de una reducción general de la pobreza, lo que incluía mejoras en materia de salud y educación. Sin embargo, pese a esta reducción general, las personas pobres continuaban marginadas y, según informes, aumentaron las desigualdades entre la élite urbana y los sectores pobres de medios rurales.

Kigali mostraba signos de rápida urbanización, tras la expropiación de terrenos para la reconstrucción urbana. Algunos residentes de Kigali denunciaron que las indemnizaciones que habían recibido eran insuficientes.

La Asamblea Nacional enmendó la Constitución para otorgar inmunidad de procesamiento de por vida a los ex presidentes del país, incluso por delitos de derecho internacional. Otra enmienda redujo el periodo de ejercicio del cargo de los jueces, que pasó de ser vitalicio a durar cuatro años, lo que potencialmente ponía en peligro la independencia del poder judicial.

"Continuaban sin enjuiciarse gran parte de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos...durante y después del genocidio." 

Las elecciones legislativas de septiembre fueron supervisadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Ruanda, cuyas conclusiones preliminares señalaron la ausencia de auténtico debate político durante el periodo preelectoral y ciertas irregularidades. Los dos principales partidos opositores, el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal, eran aliados del Frente Patriótico Ruandés. Observadores electorales locales afirmaron que la participación del 98 por ciento del electorado era indicio de coacción. También declararon que los resultados locales otorgaban sistemáticamente al Frente Patriótico Ruandés un porcentaje muy por encima del 95 por ciento, y que los resultados nacionales consolidados que daban al Frente Patriótico Ruandés el 78,9 por ciento se habían rebajado para dar mayor credibilidad a los comicios.

El 5 de agosto de 2008 se publicó el informe de la Comisión Mucyo, establecida por el gobierno de Ruanda en 2006 para investigar el papel desempeñado por Francia en el genocidio de 1994. El informe denunciaba la participación en el genocidio de 33 personalidades políticas y militares francesas, actuales y del periodo investigado. El fiscal general afirmó el 15 de noviembre que las autoridades estaban dispuestas a dictar auto de procesamiento contra 23 de las personas citadas. El informe Mucyo siguió a una investigación iniciada por un juez francés sobre el derribo en 1994 de un avión entre cuyos pasajeros figuraban el presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, y tres ciudadanos franceses. El 17 de noviembre de 2006, el juez francés dictó órdenes de detención internacional contra nueve miembros destacados del Frente Patriótico Ruandés por el derribo del avión. Rose Kabuye, jefa de protocolo del presidente Kagame, fue detenida el 9 de noviembre de 2008 en Fráncfort, Alemania. Fue trasladada a Francia y acusada formalmente de «complicidad en asesinatos en relación con una actividad terrorista».

Libertad de expresión: medios de comunicación

La libertad de expresión continuaba sometida a graves limitaciones. Los periodistas críticos con el gobierno eran objeto de estrecha vigilancia por parte de las autoridades. En varias ocasiones se impidió a periodistas extranjeros y a periodistas ruandeses que trabajaban para periódicos extranjeros entrar en Ruanda o asistir a actos oficiales.

  • El 2 de mayo se impidió a los directores de tres periódicos la entrada en un acto conmemorativo del Día de los Medios de Comunicación Mundiales (jornada que coincidía con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa), por orden de la ministra de Información.

El 18 de agosto, la ministra de Información amenazó con cerrar las emisiones de la BBC y de Voice of America en las lenguas nacionales y acusó a ambas emisoras de mentiras y exageración.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El gobierno seguía controlando estrictamente e imponiendo limitaciones al trabajo relacionado con los derechos humanos. Apenas había espacio para las organizaciones de derechos humanos nacionales que se mostraban críticas con el gobierno, y los defensores y defensoras de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil aplicaban generalmente la autocensura para evitar enfrentamientos con las autoridades.

  • Las autoridades impidieron que algunos observadores electorales de una ONG local llevaran a cabo su trabajo. La organización emitió una declaración pública en septiembre en la que denunciaba que el proceso electoral había estado viciado por irregularidades.

Presos de conciencia

El ex ministro Charles Ntakirutinka continuaba en la prisión central de Kigali, cumpliendo una condena de 10 años. Había sido declarado culpable, en un juicio sin garantías, de incitar a la desobediencia civil y de asociación con elementos delictivos.

Justicia internacional

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Tanzania, debía concluir todos sus procesos en primera instancia antes del final de 2008 y toda su labor en 2010, de acuerdo con la resolución 1503 del Consejo de Seguridad de la ONU. Este plazo se reveló inviable, dado que 28 detenidos estaban siendo procesados y 9 acusados estaban en espera de juicio. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de las Salas de Primera Instancia y sus magistrados hasta el 31 de diciembre de 2009.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda rechazó cuatro peticiones del fiscal general de Ruanda para que las causas fueran transferidas a Ruanda, aduciendo que en este país los acusados corrían riesgo de ser sometidos a juicios sin garantías. Las cuatro decisiones citaban informes de que los testigos de la defensa dentro y fuera de Ruanda corrían el riesgo de ser rechazados por su comunidad, maltratados, detenidos, recluidos, golpeados, torturados y en algunos casos asesinados. En este contexto, los jueces presidentes expresaron su preocupación de que se limitase la capacidad de los acusados de citar a juicio a testigos de la defensa.

La ley sobre transferencias de 2007 abolió la pena capital y la sustituyó por cadena perpetua en régimen de aislamiento, pena considerada generalmente una violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las resoluciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda establecieron que la aplicación de la cadena perpetua en régimen de aislamiento como castigo impediría la transferencia de los casos a Ruanda. El Parlamento ruandés aprobó el 3 de noviembre una ley que prohibía la reclusión en régimen de aislamiento para los casos objeto de transferencia.

Críticas a la jurisdicción universal

En la cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada en junio, el presidente Kagame criticó el abuso de los principios de la jurisdicción universal como respuesta a las órdenes de detención dictadas en Francia y España contra miembros destacados del Frente Patriótico Ruandés. La cumbre de la UA pidió un organismo regulador universal «para revisar o tramitar las denuncias o apelaciones derivadas del abuso del principio de jurisdicción universal» por los Estados.

Sospechosos de genocidio residentes en otros países

Tuvieron lugar procedimientos judiciales contra sospechosos de genocidio en Bélgica, Canadá, Francia y Países Bajos. Continuaron las vistas de extradición de sospechosos de genocidio en Suecia, Alemania y Noruega. Se detuvo a un sospechoso de genocidio en Finlandia pero no se sabía con certeza si sería extraditado a Ruanda. Durante el año, Francia denegó una petición de extradición formulada por Ruanda. En Reino Unido, la ministra del Interior resolvió que cuatro sospechosos de genocidio que se hallaban en ese país debían ser extraditados a Ruanda. Todos los sospechosos presentaron recursos.

Sistema de justicia

Al final de diciembre, las prisiones de Ruanda albergaban a 59.532 personas. De éstas, 37.277 habían sido acusadas de genocidio y 22.321 de otros delitos. La mayoría de los detenidos que estaban en espera de juicio permanecían recluidos por delitos comunes, no por cargos relacionados con el genocidio.

La comunidad internacional apoyó al gobierno en las reformas del sistema de justicia, lo que incluía capacitación del personal judicial, capacitación del Colegio de Abogados de Ruanda y desarrollo de sistemas de gestión de la información para las prisiones.

Procedimientos ante tribunales del sistema gacaca

Se calculaba que en octubre había pendientes ante tribunales gacaca unos 10.000 casos de categoría uno, cuyos procedimientos incumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Los casos de la categoría uno afectaban a los planificadores, organizadores, instigadores y supervisores del genocidio. De éstos, al menos 6.000 eran casos de violación que habían sido transferidos a la categoría uno en mayo de 2008.

Los juicios con arreglo al sistema gacaca, según los informes, estaban viciados por acusaciones falsas y corrupción. Además, los testigos de la defensa se mostraban reacios a comparecer porque temían que las autoridades formulasen acusaciones falsas en su contra.

  • El 21 de enero, un juez del sistema gacaca del sector de Karana fue acusado de intentar sobornar a un testigo de la acusación. El caso estaba en fase de apelación y el acusado había sido condenado a 27 años de prisión.

Impunidad

Continuaban sin enjuiciarse gran parte de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Frente Patriótico Ruandés y el Ejército Patriótico Ruandés antes, durante y después del genocidio.

  • En un caso aislado, cuatro ex oficiales del Ejército Patriótico Ruandés fueron juzgados por el homicidio de 13 miembros del clero católico romano en el distrito de Kabgayi en junio de 1994. La investigación fue realizada conjuntamente por la fiscalía ruandesa y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El 24 de octubre, el Tribunal Militar de Kigali condenó a dos capitanes, que se habían declarado culpables, a ocho años de prisión. Los otros dos acusados fueron absueltos.

Ley sobre «ideología del genocidio»

El 1 de octubre se promulgó una nueva ley que penalizaba la «ideología del genocidio» y cuya redacción era imprecisa y ambigua. El delito era punible con entre 10 y 25 años de cárcel. Esta ley podía reprimir potencialmente la libertad de expresión y restringir la capacidad de los acusados para preparar su defensa en los juicios penales.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El gobierno se mostraba hostil hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), cuyos integrantes sufrían hostigamiento e intimidación. En marzo, dos activistas de los derechos de la comunidad LGBT fueron acusadas de falsificar documentos y estuvieron detenidas durante dos semanas tras asistir a una conferencia de LGBT en Mozambique. Las dos mujeres quedaron en libertad posteriormente.

La Asamblea Nacional estaba examinando una enmienda del Código Penal que penalizaría las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo.